Arturo Alejandro Muñoz

Los dos partidos políticos - herederos y viudos de la dictadura- se oponen tenazmente a que los ciudadanos comunes puedan contar con defensa legal gratuita y de alto nivel en los tribunales de justicia. Ello permite sospechar razonablemente lo que harían esas tiendas partidistas si Piñera (o ‘Rapiñera’, como se le conoce en algunos círculos) llegase a La Moneda.

DEFINITIVAMENTE, LOS PARTIDOS políticos derechistas (UDI y RN) se sacaron las caretas para mostrar sus verdaderos rostros clasistas y totalitarios. Demoraron diecisiete años en hacerlo, ya que durante ese largo tiempo mantuvieron al electorado chileno bajo engaño…aunque, para ser franco, ese mismo electorado jamás les creyó.

Lo importante es que ahora, tanto RN como la UDI, oficializaron públicamente su carácter político fascista, sin dejar resquicio alguno para la duda. Mucho hablaron y lenguajearon los parlamentarios RN y UDI respecto de las ingentes necesidades de mejoramiento que impetraba la Reforma Procesal Penal, consensuando –junto a los dirigentes concertacionistas y a los representantes de la izquierda extra parlamentaria- dar respuesta legislativa a las exigencias de modernización democrática del sistema en cuestión, lo cual apuntaba –sí o sí- a establecer la figura del ‘Ombudsman’, vale decir, instituir la presencia de un defensor del pueblo.

Fueron largos tres o más años, los que aprovechó la Alianza por Chile para explayarse en críticas al sistema de la reforma procesal penal, dejando en la ciudadanía una impresión de ‘lucha por sus derechos’. Pero, al momento de votar en la Cámara de Diputados –por fin- la aprobación de esa ley, los parlamentarios UDI dieron una despreciable voltereta y se opusieron en bloque a esa legislación.

En la mayoría de los países occidentales, la figura del Ombudsman es elemento principal e indispensable en orden a asegurar justicia verdadera a la población, especialmente a aquella que carece de recursos económicos o no cuenta con redes de apoyo significativas. Pero, en lo esencial, el ‘ombudsman’ es un defensor público cuya actuación en los procesos judiciales asegura el equilibrio que tan escaso ha sido en nuestra Justicia criolla.

Sin embargo, aun siendo conscientes de lo anterior, los parlamentarios de la UDI y RN jugaron sus cartas en contrario, privilegiando inexcusablemente la capacidad económica y nivel social de los involucrados en un proceso, por sobre la justicia real y objetiva. La justicia no es igual para todos, y el aserto fue confirmado por las bancadas derechistas en el Congreso. Seguramente deben extrañar, con nostalgia y melancolía, la época dictatorial en que la señora Justicia carecía de venda sobre sus ojos y la balanza poseía sólo un platillo. En sus fueros íntimos, los parlamentarios UDI deben asegurar que “esa sí era Justicia”.

De todas maneras, resultaba previsible la reacción de los dirigentes de derecha en este asunto, pues son ellos quienes con mayor tenacidad y tozudez han impetrado –vanamente hasta hoy- contar con una legislación que impida a la ciudadanía opinar públicamente respecto del quehacer político y personal de los parlamentarios. Desean, de todo corazón, transformarse en intocables deidades al amparo de normas paridas por ellos mismos (o por sus intereses particulares), lo cual significaría revestirse de una absoluta impunidad, asunto que cuenta también con el apoyo y anuencia de algunos conocidos concertacionistas.

El Ombudsman, en cierta medida, podía colocar un severo atajo a tales aberraciones, ya que en sus atribuciones se encuentra aquella que le permite investigar y acusar públicamente a una autoridad, independiente del nivel administrativo o político que ella tuviese en los poderes del estado. Es tan real lo señalado, que por eso los diputados UDI y RN votaron en contra.

Lo que sucedió el día miércoles 12 de noviembre en la Cámara de Diputados abre razonables sospechas respecto de cuán peligroso y poco democrático podría ser un gobierno encabezado por elementos de la derecha criolla, habida consideración que la mejor carta presidencial que tiene hoy ese conglomerado es un empresario que se ha distinguido por la voracidad económica…y la soberbia social.

Claro que en estas cuestiones, la derecha ha contado con fiel apoyo de la propia Concertación, ya que fue el ex presidente Lagos quien ‘encementó’ la clasista y chuchumeca Constitución de 1980, impidiendo la realización de plebiscitos nacionales para dirimir asuntos de profundo interés público, como por ejemplo, rechazar esa Constitución y redactar una nueva, democrática, socialmente justa y moderna.

Por obra y gracia de cuerpos legales impuestos a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet, y más tarde refrendadas mañosamente por la Concertación y la Alianza, la ciudadanía se encuentra indefensa, en descampado y sin cobijos, ante cualquier arremetida que la clase política del duopolio quiera iniciar en beneficio de sus intereses y de los intereses de sus patrones extranjeros, amordazando la prensa y puniendo con ferocidad ‘legal’ a quienes expresen críticas a esas actuaciones.

Como puede deducirse, el asunto del Ombudsman –rechazado por la gente de la derecha- no es un asunto menor, una minucia ni un incidente pasajero.