LA REFORMA AGRARIA Y LA CONTRA REFORMA

ARTALEX

EL AÑO 1962, cediendo a las presiones de EEUU (la Alianza para el Progreso) y de la Iglesia Católica, el presidente Jorge Alessandri promulgó la Ley 15.020, que permitió redistribuir entre algunos campesinos ciertas tierras estatales  no explotadas  y estructurar organizaciones fiscales para llevar a cabo una reforma en los campos chilenos.

Este proceso, impulsado "desde arriba", no originó grandes cambios en el patrón de distribución de la tierra, ya que muy pocas extensiones de tierras fueron expropiadas para los campesinos. Sí se enajenaron tierras fiscales y de entes fiscales para aumentar el número de pequeños propietarios agrícolas. No obstante lo anterior, este tipo de estrategia no generó mayores alteraciones espaciales en el ámbito rural.

Cabe destacar, también, que en este período se produce la entrega de tierras rurales pertenecientes a la Iglesia Católica a comunidades campesinas. Esta acción que estaba en el contexto del Concilio Vaticano II y se inscribió dentro de un cambio agrario importante para la población campesina beneficiada.

La reforma agraria propiciada por la administración del presidente Alessandri, se encuadró en un contexto político nacional e internacional muy particular. En el ámbito nacional había un gobierno sustentado en un ideario conservador en oposición a una fuerte presencia de un movimiento popular, cada vez más organizado y gravitante en la vida nacional.

En lo internacional estaba la pugna entre EE.UU y la ex URSS, proceso conocido como Guerra Fría. Nuestro pequeño país se encontraba ‘atrapado' dentro de la esfera de influencia y dominio norteamericano, por lo que todo intento de reformar o cambiar asuntos esenciales de la vida nacional requería, de una u otra forma, el ‘visto bueno' de Washington.

REFORMA AGRARIA EN EL GOBIERNO DE FREI MONTALVA

No sería hasta el año 1964, cuando triunfa el candidato democratacristiano Eduardo Frei Montalva, que el Estado chileno enfrenta el tema agrario con seriedad y justicia social...al menos en las intenciones.   Con la llegada al gobierno de la Democracia Cristiana, el proceso de reforma agraria alcanzó un impulso vertiginoso. Bajo el lema "la tierra para el que la trabaja" el programa reformista del nuevo gobierno buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. Para lograr este objetivo se promulgó una  nueva ley de Reforma Agraria,  la Ley 16.640, y ya la Ley 16.625  había permitido la sindicalización campesina.

Sobre la base de estos dos instrumentos legales se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas, y se organizaron 417 sindicatos que sumaron más de 100 mil campesinos. Al mismo tiempo, comenzaron a producirse huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron a la sociedad agraria chilena.

La principal causa de la expropiación de la tierra era el tamaño. Es así como esta causa podía aplicarse a todas las propiedades de más de 80 hectáreas de riego básico (HRB), medida elaborada por la Corporación de Reforma Agraria (CORA) para expropiar tierras de diferentes capacidades a través del país. Esta medida era un concepto de productividad, por lo que se elaboró una escala para las diferentes regiones. Cuando se expropiaba por tamaño, el antiguo propietario podía mantener una reserva de 80 HRB. Otro criterio de expropiación fue el abandono o mala explotación de las tierras. Además, era causa de expropiación el no cumplimiento de las leyes sociales.

La ley ya señalada contemplaba que las tierras expropiadas darían origen a los asentamientos, que eran unidades transicionales que deberían durar un lapso de tiempo de 3 a 5 años. Se reconoció el derecho a ser asentados sólo a los inquilinos residentes en el predio expropiado, que fuesen jefes de familia y que tuviesen más de 18 años de edad.

Hacia fines de 1969, alrededor de un 15% de la tierra regada se había expropiado, con un total de 1094 latifundios, que equivalían a 246.000 hectáreas regadas y a 2.406.400 hectáreas de secano.

Junto a lo anterior el gobierno de Frei Montalva estimuló la sindicalización campesina como un derecho social de los inquilinos, afuerinos, voluntarios y minifundistas. El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) desarrolló una activa labor, organizando a los campesinos en los niveles locales, provinciales y nacionales. Como consecuencia, se produjo un espectacular crecimiento de la organización campesina y a mediados de 1969 los campesinos sindicalizados llegaban a 76.356. Las principales confederaciones campesinas eran, en esa época, El Triunfo Campesino, Ranquil, y Libertad.

 

LA UNIDAD POPULAR Y LA REFORMA AGRARIA

Posteriormente, el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular continuaron el proceso de reforma agraria, utilizando los instrumentos legales promulgados por el anterior gobierno, con el fin de expropiar todos los latifundios y traspasarlos a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. Este proceso también estuvo acompañado de una gran efervescencia campesina que se expresó en la ocupación o tomas masivas de predios, desatándose en el mundo rural un clima de violencia y enfrentamiento.

La Reforma Agraria fue llevada a cabo en un contexto histórico totalmente nuevo en Chile. El gobierno de la Unidad Popular se planteó conducir al país hacia el socialismo, pese a que en el contexto internacional se mantenía la Guerra Fría y nuestra nación estaba dentro del área de influencia de los Estados Unidos. En este escenario, la reforma agraria  no fue un fenómeno aislado, sino que al contrario, estaba inserta en un proceso global de cambios.

Fue así que la Unidad Popular consideró que los campesinos organizados debían tomar el control del proceso agrario. Como consecuencia de lo anterior, existió una aguda actividad política en la cual se dieron violentas confrontaciones entre los terratenientes que se oponían al proceso y los campesinos que presionaban por la aceleración de las expropiaciones de tierras.

Debido a las frustraciones campesinas y a su consecuente descontento, el movimiento campesino manifestó un nuevo ímpetu para resolver sus conflictos, no sólo por mejores salarios y condiciones de trabajo, sino que también por dilucidar la problemática de la propiedad y del trabajo de la tierra. Todo ello se expresó a través de las "tomas" de predios, considerada la expresión más radical del movimiento campesino. La ocupación de tierras se desarrolló en forma general, y se  caracterizó por su organización colectiva. Ello reveló una fuerte participación política y social. Diferentes tipos de campesinos participaron en las tomas: campesinos, mapuches, trabajadores estacionales y pequeños propietarios.

La participación campesina creció a medida que el proceso de reforma avanzaba. Al mismo tiempo, la sindicalización campesina se robustecía. Hacia 1971 había 253.532 campesinos en sindicatos, alcanzado algunos grupos de ellos, a tener una eficiente organización sindical.

La organización campesina prosiguió con mucha fuerza en este período. En este sentido el presidente Frei, había dejado un valioso legado al movimiento campesino a través de la legitimización de los sindicatos. Hacia 1973, alrededor de dos tercios del campesinado estaba afiliado a sindicatos.

LOS DÉBITOS DE LA REFORMA

El aspecto más significativo de la reforma agraria de este período, fue la aceleración de las expropiaciones de tierras realizadas en el marco legal de la ley 16.640. A pesar de ello los campesinos demandaron de hecho expropiaciones de predios menores a 80 HRB. Desde el comienzo de 1971 a julio de 1972, el gobierno expropió 3.282 fundos con un total de 371.299 hectáreas de riego y 4.045.974 hectáreas de secano. Esto era equivalente al 21% de la tierra productiva del país. La distribución espacial de las expropiaciones se concentró en el centro y sur del país.

Los campesinos beneficiados con el proceso fueron aproximadamente 75.000 jefes de familias, especialmente inquilinos. La situación de los afuerinos y minifundistas se mantuvo igual. A decir verdad, esta categoría de campesinos permaneció al margen de la distribución de tierras, aspecto que fue considerado negativo tanto en el gobierno de Frei como en el de Allende.

Se reconoce, entonces, que hubo drásticos cambios en el sistema de tenencia, pues se eliminó al latifundio, considerado como todo predio mayor a 80 HRB. Esta abolición fue facilitada por la acción estatal que recurrió a la política de intervención en aquellos fundos donde surgían problemas de expropiación.

El gobierno de la Unidad Popular fue poco exitoso en el resto del proceso agrario. Así por ejemplo,  nunca definió con claridad la organización interna del sector reformado, lo que se debió fundamentalmente a la falta de acuerdo entre los partidos políticos de la misma Unidad Popular. Desde este punto de vista, hubo incapacidad para crear formas alternativas de nuevas unidades económicas que reemplazaran a los predios expropiados. Por lo demás estas unidades: Centros de Reformas Agraria (CERA), Comités de Campesinos y Centros de Producción, junto a los asentamientos, mantuvieron un modelo rígido para todo el país, desde el norte hacia el sur, sin considerar las diferencias regionales.

Otro aspecto negativo del proceso lo constituyó el comportamiento productivo del sector reformado. A pesar de de la inversión estatal, la producción agropecuaria no aumentó como se esperaba. Por esta razón, se tuvo que incrementar la importación de alimentos, tensionando la balanza de pagos, lo cual unido a la confrontación política imperante contribuyó a crear serias distorsiones económicas.

A mediados del año 1973, la Unidad Popular había expropiado cerca de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. El viejo orden latifundista que había prevalecido por más de 400 años, parecía llegar a su fin.

GOLPE DE ESTADO Y CONTRA REFORMA

Pero,  como de todos es sabido,  el 11 de septiembre de 1973. se produjo el golpe de estado; con esto se detiene bruscamente el Proceso de Reforma Agraria, iniciándose de inmediato la persecución, la encarcelación y la muerte de dirigentes campesinos, de profesionales comprometidos con las políticas agrícolas del Gobierno Popular, se intervinieron y cerraron oficinas y reparticiones públicas relacionadas con el desarrollo agropecuario;  así comienza la Contra Reformas Agraria cuyos costos políticos, sociales y económicos hasta hoy los campesinos siguen pagando.

De las casi 10.000.000 de hectáreas expropiadas se revocaron 4,5 millones, las que se sumaron a las tierras transferidas a organismos públicos y a las fuerzas armadas, se devolvieron a los antiguos terratenientes 2.800.000 hectáreas correspondientes a un 28% de las expropiaciones, lo cual significó que el 60% de las tierras expropiadas no fueron entregadas a los campesinos, las tierras restantes fueron entregadas a campesinos, excluyendo y expulsando de los asentamientos a la mayoría de los dirigentes, se suspendió el funcionamiento de las organizaciones campesinas, entre los cuales se repartieron 3.300.0000 hectáreas, correspondiendo al 33% del total de toda la superficie de tierras expropiadas, las que entregaron a asignatarios de tierras de la Reforma Agraria en 48.000 parcelas individuales en todo el país.

En el marco de la implantación del modelo neoliberal por la dictadura se creó el mercado de tierras, dando paso a grandes propietarios y a la agricultura dedicada a la agroexportación. Por otra parte, por decretos dictados en los años 1978 y 1979 se disolvieron las confederaciones sindicales campesinas de izquierda y las comunidades mapuches, quedando todo el campesinado, los trabajadores y las trabajadoras asalariados agrícolas y las comunidades de nuestros pueblos originarios desprotegidos e indefensos, ya que las organizaciones y sus dirigentes hubieron de pasar a una semi o una total clandestinidad, como es el caso hoy de  muchas comunidades mapuches.  

Los problemas y las consecuencias del proceso de contra reforma agraria generaron la empresarización en el campo, provocando un progresivo aumento de la fuerza de trabajo estacional concentrado en los sectores frutícolas, forestal y de la remolacha, creando la relación de trabajo temporal, los ‘temporeros' (especialmente mujeres y jóvenes), que se desenvuelven laboralmente en ambientes individualistas, con una gran flexibilidad laboral, que reciben remuneraciones insuficientes, tienen condiciones extremas de trabajo con condiciones laborales altamente tóxicas, amén de  carecer de cobertura social y previsional, así como se les prohíbe la negociación colectiva y la participación activa en sindicatos.

El campesinado mismo, y en forma significativa,  ha abandonado el campo y los medios tradicionales de subsistencia, para someterse a un modo capitalista de relaciones sociales y laborales en las ciudades o trabajando en las agroindustrias. Cabe mencionar que en 1960, el 68% de la población nacional vivía en el campo, pero hoy, según el último censo de población y vivienda, en las ciudades vive el 86,7% de la población chilena.

En términos de la propiedad de los grandes predios agrícolas, de la propiedad de las aguas para el riego, las agroindustrias, de las tierras con aptitud forestal, etc., ello se ha concentrado sustancialmente en las manos de grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.

EL AGRO, HOY...

Hoy estamos frente a una nueva y peligrosa RECONCENTRACION DE LA TIERRA AGRICOLA, con una impresionante ampliación de la superficie de explotaciones, la cual ha sido dirigida políticamente por los gobiernos ‘concertacionistas' que han sucedido a la dictadura militar, los que han puesto en menos manos más tierras, consolidando y agudizando el proceso de contra reforma agraria realizado a costa de los campesinos y de los medianos propietarios agrícolas que no tienen funciones monopólicas y, por consiguiente, no son grandes capitalistas.

Podemos afirmar que según los datos y estadísticas del 7ª censo agrario y forestal realizado en el año 2007, el promedio de las grandes superficies y de las propiedades de poderosos capitalistas es de 14.930 hectáreas, todas ellas pertenecientes a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), a la Corporación de la Madera (CORMA),  o a FEDEFRUTA.