Arturo  Alejandro Muñoz 

LA  ESCANDALERA REMECE a la hermosa comuna de los chamantos y la artesanía ("y del aguardiente y chacolí", me apunta aquí al lado el ebrio capitán Pesadilla) por asuntos de acciones improcedentes cometidas, principalmente, por el Secretario Municipal, quien a vista y paciencia de todas las autoridades comunales, desde el interior del municipio -utilizando teléfonos,  fotocopiadoras y personal funcionario pertenecientes a esa organización fiscal- administraba desde el año 2004 una mini empresa de su propiedad llamada "Jara Sánchez Luis Humberto y Otro", la cual ofrecía a los 345 municipios del país sus servicios de  capacitación.

Lo gravísimo de todo ello es que en más de una ocasión el Secretario Municipal de Doñihue vendió y desarrolló seminarios de capacitación al mismo municipio donde él trabaja (Doñihue), especial y particularmente en el Departamento de Salud Municipal, utilizando para esos fines la empresa ya referida que era de su propiedad, y usufructuando indebidamente de su cargo, a la vez que se pasó por el aro a todos los concejales y al propio alcalde, quienes hoy, muy sueltos de cuerpo y desprendidos de lengua, dicen que "no teníamos idea que Jarita andaba en estas cositas".  

Miren qué extraño; o tienen una memoria más frágil que la de un diputado, o simplemente son unos mentirosillos innatos. También cabe la posibilidad que sean, en definitiva, ignorantes y/o cobardijas...aunque  no creo que lleguen a tales niveles de estulticia, pero...

Insisto en ese ‘pero' porque hace ya varios años (en el 2003 para ser preciso) escribí un largo artículo titulado "Comunas rurales, el reino de Macondo", que fue publicado por el diario electrónico Gran Valparaíso, provocando las iras del señor Luis Jara Sánchez junto a los arrestos políticamente inefables de un concejal llamado Ángel Labra Castro, quienes contaron en ese entonces con el apoyo de la Municipalidad de Doñihue para obtener el financiamiento que requerían y poder así pagar los servicios de un abogado.

El secretario municipal y el señor concejal interpusieron una querella en mi contra en un juzgado del puerto de Valparaíso, ya que se sintieron tocados por algunos datos e informaciones que publiqué en el artículo de marras.

¡¡Perdieron!! Con ello hago referencia a que los tribunales (incluyendo la Corte de Apelaciones de Valparaíso) fallaron a  favor del diario www.granvalparaiso.cl y del articulista Arturo Alejandro Muñoz, lo cual, legalmente hablando, significó que todo lo expresado y transcrito en esa crónica se asentaba en hechos ciertos y, además, constituía simple crítica política amparada y autorizada por la Constitución.  

Como ese artículo -que aquel año fue profusamente leído, fotocopiado y comentado en las comunas coltauquina y  doñihuana- es ya "cosa juzgada", y jurídicamente nadie puede volver a querellarse o demandar por su causa, recomiendo a quien le interese enterarse de lo que viene ocurriendo en el municipio de Doñihue desde hace más de una década, solicitar al editor de The Paskin que lo publique en una próxima edición.

Pero, en rigor, lo principal en este asunto es que los señores concejales -y el propio alcalde- hoy no pueden mostrar "sorpresa" por los hechos realizados desde hace 15 años por el señor Luis Jara Sánchez, ya que en más de una ocasión varios concejales estuvieron presentes en la inauguración de esos seminarios que la empresa del secretario municipal realizó en el municipio de Doñihue.

Años después de haber ocurrido los asuntos relatados, Luis Jara Sánchez fue sometido a sumario por la Contraloría Regional, la cual lo investigó por los hechos relatados en las líneas anteriores, constatando que él era uno de los propietarios de la empresa de capacitación que vendió y administró cursos y seminarios en el mismo municipio donde ocupaba el cargo de secretario municipal y donde, por lo tanto, contaba con evidente influencia e incluso factible decisión en tales asuntos.

El municipio de Doñihue contrató en varias oportunidades los servicios de capacitación de la empresa de marras, incluso obligando a algunos de sus funcionarios (y a personal a contrata y a  honorarios) a asistir a ellos. Pero, esa municipalidad no sólo  pagó por ‘seminarios' dictados en sus instalaciones, sino también compró servicios de capacitación -a la empresa de Jara Sánchez- que se  dictaron fuera de la región, enviando funcionarios con viáticos y gastando un dineral que, por cierto, hasta ahora nadie ha sido legalmente responsabilizado para devolverlo a las arcas municipales. Obviamente, el Concejo Municipal contaba con la información respecto de estos seminarios y nunca puso objeciones ni manifestó siquiera una duda razonable. Increíble, pero cierto.

 Como si todo lo mencionado no bastara, la Contraloría regional, constató, además que la empresa en comento había ejecutado capacitaciones improcedentes, las cuales no correspondían a la actividad de los funcionarios que asistieron a determinados cursos. Pero don Luis Jara apeló de esa resolución a la Contraloría General de la República, la cual, luego de largos meses de investigación ratificó lo resuelto por la Contraloría Regional, recomendando al alcalde destituir al señor Jara Sánchez.

Hay, no obstante, algo más que incrementa la responsabilidad del secretario municipal en estos asuntos, ya que este, una vez notificado oficialmente del resultado del sumario incoado por la Contraloría Regional en su contra el año 2008, y aprovechando su cargo, omitió durante meses  la entrega del resultado del sumario a los concejales, lo que  constituyó un nuevo y severo agravante que la Contraloría General de la República destacó expresamente en su resolución final.   

El alcalde, Belisario Bastías, el pasado martes 17/03/2009 firmó el decreto que da curso a la recomendación del ente contralor, y el señor Jara Sánchez -destituido desde ese preciso momento- dejó de ser funcionario municipal. Sin embargo, ha manifestado a quien desee escucharle que él "no se irá solo", ya que habría decidido interponer demanda contra el alcalde de Doñihue en los tribunales, pues "tendría documentos" que incriminarían seriamente a la actual primera autoridad de la comuna del chamanto.   

¿Por qué no dio a conocer esos documentos durante el largo sumario realizado por la Contraloría?

¿Esperó la posibilidad de ‘negociar' con el alcalde la decisión de este?

Sea cual sea la respuesta, el "caso Doñihue" parece que recién comienza.

¿ESO ES TODO, O HAY MÁS?

Los rumores corren por Doñihue libremente, cruzan  calles como avenida Estación, Delfín Carvallo y Emilio Cuevas,  no se detienen en ningún lugar; pasan frente al Frigorífico, le guiñan un ojo a la puerta del viejo inmueble donde una vez funcionó la Radio Comunitaria y la Casa de la Cultura, para finalmente estacionarse frente al edificio municipal y copuchar allí hasta que les de cansancio a todas las lenguas.

Muchas personas con las que conversé esta semana en la Plaza doñihuana, en el la entrada al Banco Estado y en muchos otros lugares de esa hermosa comuna, apuntaron también sus dardos a ciertos funcionarios municipales que fueron contratados directamente por el actual alcalde.

 En especial las críticas se dirigían hacia una persona que trabaja en una de las dependencias importantes del municipio y que, siempre según el decir de los doñihuanos, tendría "un pariente  instalado en la Contraloría Regional el cual le proveería de información privilegiada, de apoyo irrestricto a ella y a sus amigos más cercanos, influiría directamente en sus colegas del ente contralor, a la hora  de "recomendar" sanciones etc., etc., agregando (Las lenguas del pueblo de Doñihue) que esa persona que labora  en una dependencia del municipio es una de las favoritas del alcalde y viceversa.

Personalmente, no creo un ápice en esos rumores...pero como en nuestro país muchas veces hemos visto muertos cargando adobes,  será mejor investigar este asunto y opinar en  mayor profundidad una vez que se cuente con los antecedentes mínimos necesarios. De todas maneras, ya huele mal el asunto este, y cuando el río suena....

Sabedor -más por viejo que por zorro- de cuán infundado puede llegar a ser el rumor popular, solicité una entrevista al señor alcalde don Belisario Bastías. Él no  me atendió, sino que lo hizo uno de sus asesores, don Pablo Morales, quien mostró mucha amabilidad y se comprometió a llamarme telefónicamente señalándome  la respuesta del edil a mi solicitud. Finalmente, el alcalde accedió a la entrevista pero una vez que la Contraloría General de la República haya tomado razón de los trámites finales realizados por el municipio en relación a este caso.

Hay bastantes temas para conversar con el edil, ya que pareciera que el municipio de Doñihue se ha tornado una institución poco confiable, poco seria. Veamos un simple ejemplo para graficar lo dicho. A mediados del año 2008 la Radio Comunitaria fue cerrada por el organismo fiscal pertinente debido a incumplimientos graves de las normativas legales en vigencia. Sin embargo, la autoridad máxima del municipio decidió burlar las sanciones y autorizó REABRIR la radio para transmitir, fuera de la ley durante un tiempo nada desdeñable y utilizando equipos y micrófonos de la emisora, programas que en una u otra forma privilegiaban la campaña político-electoral del actual alcalde cuando este era candidato a la reelección. 

Respecto de tales irregularidades están enteradas TODAS las autoridades de la Región del Libertador, así como los parlamentarios (especialmente los senadores Juan Pablo Letelier y Andrés Chadwick, como también el eterno candidato Ricardo Rincón)...pero todos (incluyendo la SUBTEL) se hicieron los desentendidos permitiendo que el municipio de Doñihue le torciera la nariz a la ley. Una vez más viene al caso el título de aquel viejo artículo que escribí el año 2003, y que titulé "Comunas rurales, el reino de Macondo".

Lo otro que llama la atención está relacionado con las sanciones que la Contraloría recomendó aplicar a algunos funcionarios, ya que en uno de esos casos existen atenuantes tan fuertes y sólidos que es posible sospechar deficiencia técnica por parte de los "agentes" de Contraloría o, en su defecto, desconocimiento administrativo de las autoridades edilicias.

La cuestión  es que ese funcionario en específico (que en realidad es una funcionaria), cumpliendo perfectamente con su rol y su responsabilidad, firmó un documento de Tesorería señalando única y exclusivamente que "existían fondos ($$$) municipales para cancelar la factura o boleta emitida por la empresa de Jara Sánchez", lo cual está muy lejos -jurídica y administrativamente- de lo resuelto por la Contraloría al acusarla y sancionarla por haber "firmado la autorización de pago a la empresa de Jara Sánchez", pues en rigor no le corresponde a ella autorizar pagos.

Además, la documentación oficial ordenando el pago de esa factura o boleta provenía de las instancias superiores del municipio (Alcalde, Secretario Municipal, Encargado de Control,  Jefe de Finanzas),  y el rol de la funcionaria no es otro que "determinar, vía firma en el documento, si existen o no existen en Tesorería Municipal fondos disponibles para proceder a cumplir con el pago que ORDENAN SUS SUPERIORES".   Y eso fue lo que ella hizo. Certificar lo  anterior.

No para allí el asunto, ya que The Paskin fue informado que la misma asesora legal del municipio (la abogada), en un acto que contradice todas las reglamentaciones pertinentes, retiró de la Oficina de Partes una carta denuncia que acusaba a una funcionaria y, sin siquiera remitirla al destinatario (que era el alcalde) decidió incorporarla a un viejo expediente de una antigua investigación sumaria -ya resuelta años atrás- que se realizó contra la misma funcionaria que ahora era nuevamente acusada, y lo envió a la Contraloría para engrosar la papelería contra esa funcionaria. Desde afuera, se ve muy difuso el acto administrativo efectuado por la asesora legal. ¿Cuál era el propósito? La verdad es que resulta difícil distinguirlo.  

RESPONSABLES DETRÁS DE BAMBALINAS

Con todo lo relatado sucintamente en estas líneas, la Contraloría (tanto la Regional como la Nacional o General) estimó jurídica y administrativamente procedente recomendar al alcalde Belisario Bastías la destitución de Luis Jara Sánchez, así como sancionar a otros tres funcionarios municipales por haber dado curso a pagos con dineros públicos a la empresa de marras, vale decir, a la empresa de capacitación "Jara Sánchez Luis Humberto y Otro".

Las preguntas surgen  de forma espontánea y sin restricciones. ¿El alcalde Bastías nunca firmó uno o más cheques de la cuenta municipal para cancelar a la empresa de Jara Sánchez alguno de los servicios de capacitación? ¿El alcalde Bastías era tan ingenuo y desinformado respecto de la ilegalidad e improcedencia administrativa que significaba contratar servicios -para la municipalidad de Doñihue- de una empresa perteneciente a un funcionario de su propio municipio?

¿Pero, no posee esa municipalidad una asesora legal a la que se le cancela un buen salario? ¿Esa profesional abogada nunca dijo ‘esta boca es mía' ante tamañas irregularidades? ¿O a esa profesional también el secretario municipal le escondió información, y la abogada desconocía absolutamente que el señor Jara Sánchez era uno de los propietarios de la misma empresa que vendía cursos al municipio de Doñihue?

 

Y lo que ya cae en la parodia política y administrativa es que, oficialmente, el señor Jara Sánchez era también el "Control" dentro del municipio, lo que significaba entonces que todo documento debía ser visado por él antes de continuar su tramitación.

No cabe duda alguna que si se revisan los documentos bancarios emitidos por el municipio de Doñihue a favor de la empresa de Jara Sánchez, varios cheques firmados por el propio alcalde saldrán a la luz. Pero eso, al edil, no le significaría sanción alguna. ¿Por qué? La verdad es que resulta lastimoso y muy poco sano que la Contraloría General de la República no esté autorizada legalmente para sumariar a los alcaldes, ya que la única materia que según la ley vigente puede permitir al ente contralor meterse a investigar las acciones de un  edil, se constriñen (y no se rían por favor) al  buen o mal uso que el alcalde pueda hacer de los vehículo municipales. 

 Pero, a objeto de sincerar mis opiniones al grado máximo, he de decir que a mi juicio, en este ya bullado caso "Doñihue", la Contraloría Regional tiene una responsabilidad que le resulta imposible negar y eludir, aunque  sus máximos directivos se hagan los locos de la cuadra. Soy consciente de que este organismo (Contraloría), representa una especie de "cuco" para muchas instituciones fiscales y tal imagen,  es intencionalmente profundizada por algunos de sus funcionarios que laboran allí.  En cambio yo tengo de ellos una pobre impresión y, como producto pertinente,  les entrego menos de un  gramo de respeto profesional.  Aclaro que estoy refiriéndome específicamente a la Contraloría de la Región del Libertador.

En lo referente al ‘caso Doñihue", y muy específicamente al asunto de la empresa de capacitación administrada desde el municipio de esa comuna por el señor Jara Sánchez, el año 2006 me presenté en las oficinas de la Contraloría Regional en rancagua y solicité entrevistarme con uno de sus funcionarios inspectores, abogado o similar.  A ese profesional le expuse mi aprensión respecto de una empresa perteneciente a un funcionario del municipio de Doñihue que vendía los servicios al mismo municipio en el cual trabajaba.

La respuesta del  funcionario ‘experto' me dejó perplejo: "no existe ilegalidad en ello y tampoco es un asunto improcedente en términos de Estatuto Administrativo". 

Han pasado tres años desde esa extraña mañana, y hoy esa misma Contraloría (quizás con distintos ‘profesionales' esta vez) opina lo contrario, pero durante al menos seis largos calendarios (2003-2009) el ente contralor se hizo el sordo, cerró los ojos y bajó las banderas de su acción responsable, permitiendo con su ‘laissez faire' (‘dejar hacer') que la situación anómala que origina este artículo se hubiese desarrollado a vista y paciencia no solamente de los funcionarios  municipales de Doñihue sino, también, ante los ojos y conocimiento de las autoridades políticas y administrativas de la Región del Libertador. Entonces, todas ellas (Contraloría Regional incluida) tienen un significativo grado de responsabilidad en los hechos acaecidos.

Tal vez por eso, y cual forma de minimizar posibles irresponsabilidades o errores del ente contralor regional, la Contraloría General de la República propuso la destitución del secretario municipal (asunto que los hechos y agravantes reseñados en el sumario no sólo permitían, sino que lo exigían), pero -equivocadamente a mi juicio-  aumentó las sanciones que a comienzos del año 2008 la Contraloría Regional había propuesto aplicar a los funcionarios que menos responsabilidad tuvieron en estos eventos,  y todo lo anterior se realizó -tanto en Rancagua como en Santiago- dejando al alcalde libre de polvo y paja sin siquiera endilgarle un chirlito, un coscorrón o un  llamado de alerta para que abra los ojos y cuide de mejor manera el escaso patrimonio económico de su municipio.

Basta leer el documento final y resolutivo del sumario -emanado de la Contraloría en Santiago- para cerciorarse de que todo lo dicho en estas líneas corresponde exactamente a la verdad, y permite desarrollar las opiniones que  conforman este artículo.