DIPUTADO AGUILÓ

Dando inicio a las intervenciones de los distinguidos diputados, tiene la palabra, en primer lugar, el diputado señor Sergio Aguiló.

El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, estamos llegando al final del camino del trámite legislativo de la ley General de Educación.

Con toda franqueza, señor Presidente, constato que una profunda sensación de frustración sobre esta materia se ha apoderado de buena parte de la ciudadanía, del profesorado, de los estudiantes, de los apoderados y, si vamos a creerles a las encuestas de las más importantes empresas que auscultan el estado de la opinión pública, más del 70 por ciento de los chilenos rechazan los conceptos básicos que están detrás de este mal llamado acuerdo nacional.

Señor Presidente, es una lástima -y quiero decirlo acá, delante de dos ministros de Estado- que un Gobierno tan exitoso, que va a pasar a la historia por una reforma previsional que ha permitido colocar en un sistema privado, individualista, el concepto de solidaridad, a través de la pensión básica solidaria; que ha permitido la protección social de los niños en edad preescolar; que ha generado derechos en muchos espacios de la sociedad; que ha enfrentado de manera exitosa la crisis económica -que el país no puede abstenerse de sufrir sus consecuencias-, tenga este lunar; tenga, por desgracia, un proyecto de ley que termina siendo la visión de la Derecha más conservadora en materia de concepción de la educación, del rol que ésta juega en la sociedad, del rol que el Estado y el bien común juegan en la construcción de este pilar básico de la sociedad.

Lo lamento enormemente por la Presidenta. No se merecía que nuestros partidos y sus ministros le insistieran en este proyecto. Lo lamento también por Chile, porque tendremos que tener otras oportunidades para rectificar los errores que aquí estamos cometiendo.

Señor Presidente, dos son los errores más importantes que han estado detrás de la concepción básica que originó este proyecto.

El primero de ellos, extraordinariamente delicado, en mi opinión, es que las reformas o las políticas educacionales, como lo ha dicho muchas veces la ministra, son de Estado. Eso es darle la espalda a la esencia de la democracia. Entiendo por políticas de Estado -y permítame, señor Presidente, una pequeña disquisición de un par de frases- aquellas que en un país, por estar en juego la soberanía territorial o nacional, debieran unir a toda la Nación frente a un adversario que pone en duda al Estado o Nación y a sus habitantes. Una política exterior, de defensa, debieran caber siempre bajo la concepción de políticas de Estado. Pero si los sueños y los ideales, una vez conformadas dichas políticas, que, legítimamente, tienen distintos segmentos de la sociedad, sobre la educación, la salud, la previsión social, el rol de las leyes laborales y de los trabajadores, también son políticas de Estado, entonces, ¿qué discute efectivamente la sociedad? ¿En qué materias se diferencia si no es en aquellas que son esenciales a las más legítimas aspiraciones de los distintos segmentos? ¿Cómo va a ser política de Estado aquella que en sus debates -que se han querido esconder en este proyecto - confrontan a quienes piensan que la educación debiera ser privada, entregada a empresas con fines de lucro, como lo consagra este proyecto de ley, y así transformar la sociedad a través de la iniciativa privada y las leyes del mercado; con otras quienes pensamos - como lo hacen la gran mayoría de las sociedades civilizadas del mundo- que, después de la Revolución Francesa, las políticas de educación debieran ser responsabilidad del Estado; con una Educación laica, de calidad, donde no interfiera el nivel socio-económico de los estudiantes.

Donde, por el contrario, constatándose las diferencias socio-económicas, el Estado fuera aquel que pueda regular, a través de sus políticas, entre otras de educación y de salud, las posibilidades de igualar los derechos desde la cuna.

Son dos concepciones distintas. Quiero decir que, compartiendo la segunda, la primera la considero completamente legítima.

Privatizar todo, "Isapre para todos", como lo proclamara un ministro de la dictadura. ¡Por favor! Esta posición, aunque profundamente equivocada, es absolutamente legítima.

Otros pensamos en un fondo nacional solidario y en salud pública para todos, como ocurre en la inmensa mayoría de los países civilizados del mundo con economías de mercado; sociedades de economías capitalistas, pero con políticas públicas en educación, salud y previsión social.

Si todos los proyectos han de ser políticas de Estado, me pregunto qué nos quedará para la discusión, qué quedará para los sueños, para las utopías, para las discusiones de fondo de la sociedad.

Es un profundo error dar la espalda a la democracia. Eso es lo que hacemos cuando confundimos la defensa territorial con la negación a la discusión legítima y necesaria; esa discusión que hace crecer a las sociedades y a sus integrantes y que surge de debatir y decidir frente a distintas alternativas. ¿Quién dirime en una sociedad democrática? El pueblo, la ciudadanía. Por eso, debimos haber hecho la discusión sobre el tipo de educación que necesitamos darnos los chilenos y no enredarnos en que, por asumirla como "Política de Estado", debemos tomarnos de las manos.

Entiendo la generosidad de quienes se toman de las manos, pero en este caso no es posible, ni conveniente para el país. En materia de educación existen legítimas diferencias. Lo que en la Concertación pensamos acerca del rol del Estado es tan legítimo como lo que piensa la Alianza por Chile en materia de privatización y lucro. Posiciones antagónicas, pero legítimas, y que en democracia se dirimen apelando al pueblo, a la ciudadanía, a través de elecciones, de plebiscitos -institución que aún no contempla nuestro ordenamiento constitucional-, incluso a través de encuestas, todas instancias que debieran haber ilustrado el debate parlamentario. Esta es la razón del Congreso: realizar los debates que la sociedad nos reclama.

Por su intermedio, señor Presidente, le pregunto a la ministra de Educación si sabe en qué país del mundo, con recursos de todos los habitantes, recaudados a través de impuestos, con recursos públicos, se financian escuelas y liceos con fines de lucro y que desarrollan proyectos antagónicos a las políticas públicas del Estado. ¡Nómbreme un país; sólo uno! Aunque una golondrina no hace verano, por lo menos en la disquisición absurda en que estamos, en la locura en que estamos con la privatización de la educación, con un solo país adicional nos veríamos más acompañados en esta locura. Desquiciamiento es destinar recursos públicos a la educación privada con fines de lucro; es destinar recursos públicos para que, por ejemplo, los Legionarios de Cristo instalen una escuela, lucren con ella y además se opongan a las políticas de planificación familiar, a la píldora del día después, a los métodos anticonceptivos, etcétera. Todo esto es posible, porque el proyecto en debate lo promueve.

Otro error fue decir que la reforma era fruto de ese gran movimiento ciudadano de estudiantes y profesores, que así la reclamaba. Fíjense que el programa de gobierno no la contemplaba -así lo reconoció la Presidenta Bachelet-, sino que fue la ciudadanía la que pidió la reforma.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Señor diputado, ha terminado su tiempo.

El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, solo un segundo mas, ¿sabe lo que se le dijo a la ciudadanía? ¡Correcto! Hacemos la reforma, pero con el contenido exactamente contrario al que ustedes nos piden.

Ojala algún día podamos tener un debate en serio sobre la educación, un debate -como pide Joaquín Sabina- en que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena.

He dicho.

Aplausos y gritos desde las tribunas