CAPITÁN PESADILLA
Durantes estos últimos días se ha visto por televisión manifestaciones de funcionarios civiles de Gendarmería protestando y realizando manifestaciones que buscan llamar la atención de la ciudadanía y parlamentarios en función de denunciar la deslealtad del Gobierno con los funcionarios no uniformados de Gendarmería.
En que consiste esta deslealtad, se trata del Nuevo Proyecto de Ampliación de Plantas de Gendarmería, proyecto que se estuvo trabajando por meses a nivel de Comisión Tripartita (Gobierno, Ministerio de Justicia y Adiptgen) esta última corresponde a la organización sindical de Gendarmería que reúne al personal no uniformado de la institución y que buscaba mejorar la calidad y profesionalismo institucional, aumentando la dotación de planta de Gendarmería, no solo aumentar su dotación, sino también mejorar las condiciones laborales y calidad de trabajo de sus funcionarios.
Todo este supuesto diálogo siempre fue entendido como un avance, sin embargo, el gobierno de manera arbitraria excluye de dicho proyecto al personal civil, no uniformados de Gendarmería, (No los considera en ningún punto del proyecto, los ignora completamente). Iniciando una propuesta que claramente apunta a la privatización del servicio de profesionales; reinserción social y post penitenciaria que actualmente cumplen los civiles en Gendarmería.
Como puede validarse esta discriminación y exclusión, si a nivel interno estos funcionarios son responsables y cumple un 90% de metas institucionales e incentivos colectivos que benefician de manera transversal al personal de Gendarmería. Como el Gobierno es tan descarado y en este proyecto se cuestiona la eficacia del trabajo, evaluando como solución la privatización de estas funciones.
¿Por qué el Gobierno traiciona a la clase media, compuesta por trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos, etc.? ¿Tan buen negocio es la privatización de la reinserción?, SI, claramente es un proyecto que aumentará las finanzas de las organizaciones sin fines de lucro que a su vez son dirigidas por los familiares de los políticos de turno (es cosa de ver quienes conforman sus directorios y jefaturas). La explicación se basa desde un pensamiento neoliberal (como lo hace el Gobierno), inyectar un alto nivel de recursos a una institución que los necesita y que por años ha demandado aumento de personal y aumento de recursos para sus funciones no es atractivo ni rentable, más aun las familias y estabilidad económica de la minoría emblemática de Chile estaría perdiendo un buen negocio.
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