APORTES AL PROGRAMA POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL AL PROGRAMA DE MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI

 Rafael Luís Gumucio Rivas

1 Comparación  de las propuestas de  Eduardo Frei y Marco Enríquez Ominami respecto a una nueva constitución

El Bicentenario debe convertirse en la fecha de refundación de la nueva República. Chile no puede seguir desarrollándose en base a una Constitución autoritaria por muchas reformas que se le hagan. El primer paso imprescindible es un nuevo pacto social, político y cultural donde los ciudadanos se conviertan en actores principales de la historia y, de no hacerlo, viviremos la misma frustración del Centenario que, quince años después, llevó al quiebre completo del reinado de la plutocracia parlamentaria.

Al menos, varios candidatos, desde distintas perspectivas, parecen estar de acuerdo en que es necesario derogar la Constitución de 1980, en su integridad, y plantear una nueva Constitución; es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho y que, posiblemente, en algún caso, quede solamente en una promesa electoral pero, al menos, he leído que marco Enríquez-Ominami, Jorge Arrate, Alejandro Navarro y Eduardo Frei Ruiz-Tagle incluyen, en sus programas, propuestas de una nueva Constitución y un nuevo régimen político y electoral.

Considerando estos postulados me atrevo a proponer, a partir de hoy, un acuerdo solemne de realizar un pacto que comprometa a estos candidatos a cumplir con sus postulados, a pesar de las diferencias que puedan tener entre ellos respecto a las propuestas para una nueva Constitución. Como "basta de ser candidatos con promesas y gobernar con explicaciones", como dijo Enríquez-Ominami, insinúo  la presentación de un calendario preciso y concreto y la forma de llevarlo a cabo. A fines del mes de septiembre, de 2010, el candidato presidencial que resulte triunfante, convoque a una Asamblea Constituyente, compuesta por representantes de todas las regiones de Chile - si ustedes quieren, una especie de cabildo abierto - como en 1810-. El 18 de agosto de 2010 la Asamblea deberá proponer una nueva Constitución, que será plebiscitada el 4 de septiembre de ese año y promulgada, solemnemente, el 18 de septiembre, día del Bicentenario.

Se entiende que la sola expresión de la voluntad popular deroga la Constitución dictatorial y se confirma un nuevo pacto social, político y cultural, que dé inicio a la segunda república de Chile.

He elegido, como insinuación, la fórmula simple de representación regional, pues me parece más factible que una complicada asamblea de representación corporativa que, por lo demás, fracasó en 1925; además, tendría el mérito de terminar con el Estado híper centralista chileno, reconociendo la importancia fundamental de las regiones - una especie de federalismo moderado, que sería un buen recuerdo al padre de la patria, don José Miguel Infante, miembro de la Primera Junta de Gobierno y admirado por el gran rebelde, Francisco Bilbao, quien pronunció un encendido discurso en su sepelio-.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero nadie puede negar que sería un paso trascendente en la refundación republicana y, en parte también, liberar a Chile del rapto perpetrado por las castas en el poder.

Por cierto que todos los candidatos nombrados tienen diferencias importantes en la visión de un nuevo régimen político y, también, respecto a los derechos económico-sociales y a las libertades públicas. Estas mismas diferencias se dan en la sociedad civil: el Chile de hoy es plural y riquísimo en sus expresiones políticas, sociales y culturales, pero debatirlas y buscar acuerdos es la tarea de la Política con mayúscula, lo contrario del pequeño juego de poder en la actualidad. No se hablará de millonarios, de influencias, del estado como botín, y de repartos de cargos parlamentarios a perpetuidad como si fueran latifundios personales, Chile se asume a sí mismo y construye, con todos los ciudadanos, su destino. ¿Puede haber una tarea más noble y legítima que esta?

Voy a resumir algunas de las diferencias que he podido constatar:

Respecto al régimen político,  Marco Enríquez-Ominami se ha pronunciado claramente, pues es partidario del régimen semiparlamentario, con un Presidente y un Primer Ministro; un parlamento unicameral, en base a una Asamblea Nacional y un federalismo atenuado. El segundo elemento de su propuesta podríamos definirlo como de democracia directa: iniciativa popular de ley, plebiscitos revocatorios de todos los mandatos de elección popular, plebiscitos regionales y referéndum nacional para dirimir conflictos y asegurar la participación ciudadana en las políticas públicas. Supresión de los gobernadores, elección popular de los consejeros regionales e intendente.

De Eduardo Frei se conoce el documento de Los Océanos Azules, donde sostiene que hay que superar el debate entre régimen parlamentario y presidencial; con la mejor voluntad del mundo, me cuesta entender qué sistema político propone. Sospecho que se pronuncia por un presidencialismo moderado que permita, por medio de reformas equilibrar el predominio absoluto de la monarquía presidencial, dando más poderes fiscalizadores al Parlamento. La idea del súper Ministro, coordinador del Gabinete, además de antigua - fue propuesta por un constituyente en 1980- a mí entender, no cambia el carácter de secretarios de estado de los Ministros, dependiendo su nominación y remoción del monarca-presidente. Es cierto que hay interesantes propuestas en regionalización y en administración municipal, sin embargo, no llegan a la radicalidad de Marco Enríquez-Ominami.

En el caso del sistema electoral, hasta ahora el acuerdo entre los candidatos mencionados es bastante significativo: todos son partidarios de la inscripción automática y del sufragio de los chilenos en el extranjero, creo que, incluso Frei se ha pronunciado claramente a favor del voto voluntario, sin embargo, hay democratacristianos que, con argumentos ideológicos de tipo comunitario, plantean la obligatoriedad del voto.

Respecto al parlamento bicameral o unicameral, hay bastantes diferencias entre Frei y Enríquez-Ominami - posiblemente respecto a los otros candidatos- es evidente que en presidencialismo, en todos los casos conocidos, la cámara de diputados y el senado son colegisladores, sólo diferenciándose en la facultad de la cámara baja con respecto a la fiscalización. En algunos parlamentarismos o semiparlamentarismos hay sistemas bicamerales, sin embargo, siempre la cámara política reside en las cortes - asamblea nacional o en la cámara de diputados-, de donde surge el Primer Ministro o presidente del Gobierno. El senado tiene funciones judiciales o tareas no relacionadas con la decisión de políticas públicas.

Como es obvio, la propuesta de Enríquez-Ominami incluye, necesariamente, la disolución de la asamblea nacional y el llamado a nuevas elecciones cuando el Primer Ministro pierde la mayoría parlamentaria. Eduardo Frei plantea  algo  como la propuesta de su padre, Eduardo Frei Montalva, que permite al Presidente disolver, por una vez en su período, el parlamento, en caso de haber diferencias insalvables entre ambos poderes. Pienso que esta idea radicaliza el poder presidencial en vez de asegurar contrapeso entre ambos poderes.

En los candidatos Marco Enríquez- Ominami, Jorge Arrate y Alejandro Navarro hay indudables coincidencias en los derechos económico-sociales:

Educación

Un Estado docente descentralizado. No creo que Frei coincida con este postulado.

El Estado garantiza a todos los chilenos una educación igualitaria y de calidad. Agregaría que cualquier chileno puede exigir ante los tribunales de justicia el cumplimiento, por parte del Estado, de la igualdad y calidad en la educación bajo estándares definidos previamente.

La escuela debe ser democrática, garantizando la participación de todos los estamentos relacionados con la educación: padres, directivos, docentes, alumnos, paradocentes y miembros de la comunidad en general.

El estado garantiza plenamente la carrera docente, pudiendo ser demandado ante su incumplimiento.

El Estado debe proporcionar una subvención por alumno fiscal, al menos, de $350.000, diez veces los actuales $35.000.

SALUD

Debe garantizarse un presupuesto de salud superior al de defensa.

Todos los chilenos tendrán derecho a prestaciones de salud de igual o superior calidad que los hospitales privados. En salud, la desigualdad es un flagrante atropello a los derechos humanos, y el Estado puede ser demandado ante tribunales nacionales e internacionales.

Todos los consultorios de Chile deberán tener médicos especialistas y asegurar la salud mental.

No sólo las patologías incluidas en el Auge, sino que todas deben ser garantizadas en su cumplimiento oportuno y con terapias de calidad.

DERECHOS HUMANOS

Habrá en la Constitución un defensor de los derechos humanos, dotado de suficientes poderes para exigir su cumplimiento al Estado, o demandarlo ante los tribunales internacionales.

Deberá un castigo a aquellos que hayan atropellado los derechos humanos durante la dictadura, terminando con la amnistía y la prescripción.

Deberán mejorarse, claramente, las miserables pensiones a los familiares y/o víctimas de los derechos humanos, ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El agua, el subsuelo y las playas son propiedad de todos los chilenos. Ningún gobierno, bajo ningún pretexto, podrá enajenar estos bienes, ni entregarlos en comodato, sin el acuerdo explícito de los ciudadanos, que serán consultados mediante plebiscitos.

El cobre debe ser chileno en su integridad y jamás CODELCO podrá vender acciones que, finalmente, lo llevarían a la privatización. En Chile no es aceptable el método de Petrobrás, o más grave aún, la privatización de la minera Val Río.

El agua se ha convertido en un bien escaso y el Estado debe protegerlo para el uso de todos los chilenos.

LA PREVISIÓN

Chile tendrá un sistema provisional mixto: solidario y de capitalización individual. El Estado deberá garantizar pensiones dignas a los jubilados.

Se estudiará el reemplazo de sistemas de AFP e Isapres, sustituyéndolos por sistemas estatales.

Garantías expresas para la protección y desarrollo de los adultos mayores, en diversos planos: turismo, transporte, salud, vivienda y, sobretodo, educación permanente y gratuita.

LIBERTADES PÚBLICAS

Ampliación del derecho de asociación, mucho más allá de las fundaciones y corporaciones, cuya personalidad jurídica la da, por gracia, el presidente de la república, a través del ministerio de Justicia. En este plano es posible adscribirse a la vieja idea de don Abdón Cifuentes, la libertad de asociación completa, con la sola condición de no constituirla para cometer delitos.

Fin de la ley anti terrorista, rezagos de la dictadura.

Combate al bipolio de la información. El Estado debe favorecer todo medio de expresión sin discriminar respecto al avisaje, así como la multiplicación de medios de medios de comunicación comunitarios.

Debe derogarse cualquier ley que atente contra las libertades públicas. En este caso, tomo el ejemplo de mi abuelo, Rafael Luís Gumucio Vergara, que manifestó, cuando se discutía la ley de Seguridad Interior del Estado, que le repugnaba toda legislación que restringiera las libertades ciudadanas.

Se creará el cargo del defensor del ciudadano.

IGUALDAD EN LAS CARGAS PÚBLICAS

Deberá aumentarse a un 30% el impuesto a las ganancias de las grandes empresas.

Aumentar el límite de exención al impuesto a la renta para los salarios más bajos y aumentarlo a aquellos que superan "el máximo ético", como diría un distinguido sacerdote.

Un sistema escalonado de tributos que favorezca a aquellas micro-empresas familiares, como también a las PYMES, en razón del número de trabajadores que contraten en forma permanente y no precaria.

Mayores impuestos a aquellas empresas que despidan trabajadores en forma indiscriminada e injustificada.

Rebaja sustancial del IVA para los productos de la canasta familiar, vigilando que esta rebaja se traspase verdaderamente a los precios.

Supresión del IVA a los libros y a los espectáculos culturales -conciertos, cine-arte, y otros-

Aumento del IVA para los productos suntuarios y de lujo.

Aumentar el royalty al 20%. Su recaudación deberá quedar en las respectivas regiones productoras.

CHILE DEBERÁ SER UN PAÍS DE ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES

Los tres sistemas interconectados deberán tener el 20% de energías limpias y renovables, al plazo de cinco años, es decir, el 2015.

El Estado debe invertir una parte importante de sus ahorros en la promoción de energías limpias.

Se eliminarán de los sistemas interconectados todas aquellas materias orgánicas que producen enfermedades respiratorias y destruyen el medio ambiente.

Se propenderá a nacionalizar la energía eléctrica o, al menos, combatir por parte de la Superintendencia, el tripolio de las generadoras actuales y la concentración de las distribuidoras.

Estas son algunas ideas que podrían ser útiles para elaborar un programa de gobierno que dé inicio a la refundación de la república, por cierto que muchas de ellas pueden ser discutibles o no corresponden a un cálculo económico correcto. Mi intención es hacer un aporte al debate, con ocasión de las próximas elecciones de presidente y parlamentarias, en diciembre próximo. 

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