EL ARRIESGADO LOBBY JUDICIAL DEL MINISTRO INSULZA

NOTA NECESARIAMENTE INTRODUCTORIA DE THE PASKIN:

En la última semana los líderes de la Concertación han hablado y reuterado sus acusaciones en contra del empresario Sebastián Piñera acerca de su affaire con el Banco de Talca. Para ello han recurrido, producto de su desesperación por botar a Piñera a declaraciones de una dama la que al parecer hoy la Concertación, olvidando su pasado la ha elevado a moralista ética y a un Ministro de la Corte Suprema que fue expulsado de ella con los propios votos de los parlamentarios oficialistas.

Hemos escuchado como se rasgan vestiduras acerca de la intervención de las autoridades en el Poder Judicial, pero parece que tienen frágil memoria porque al respecto, también tienen techado de vidrio.

Nos referimos al Caso Coimas, intervención, lobby se llamaba en ese entonces del Ministro Insulza con el fin de salvarle la vida a algunos de los implicados. Al respecto se dice que un senador se libró de la cana porque en la Corte enfermaron a un juez y colocaron a un abogado integrante.

Los dejamos con el reportaje de La Tercera:

DIARIO LA TERCERA 27 DE ABRIL DEL 2003

En la casa del abogado Gabriel Cáceres, miembro del equipo de la defensa del rector Luis Riveros, el titular de Interior analizó escenarios con tres importantes ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Hace poco más de una semana, el ministro José Miguel Insulza llegó hasta un departamento ubicado en la avenida Kennedy, frente al Club de Golf Los Leones, la zona oriente de Santiago, para tomar parte de un encuentro reservado. Algunos de los asistentes señalaron que se trató sólo de "una reunión de amigos". Otros reconocieron que se trató de una cita que trae a la memoria los viejos hábitos en que discurrían, hasta hace algunos años, las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

El pasado miércoles 16, en vísperas de someterse a una intervención quirúrgica a la nariz, el titular de Interior arribó al domicilio del abogado Gabriel Cáceres, miembro del equipo de la defensa del rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros. El rector ha debido declarar ante la ministra en visita, Gloria Ana Chevesich, por los irregulares convenios entre el MOP y la casa de estudios. Al lugar también se dieron cita otros dos influyentes abogados, uno de ellos ex ministro de la administración Frei. Ambos, gracias a sus buenos vínculos con el Poder Judicial, en varias ocasiones han servido de puentes entre la judicatura y el mundo concertacionista.

Pero los invitados estelares a la casa de Cáceres eran tres conocidos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes acudían a la cita 24 horas después de que la jueza procesara a 22 personas en el marco del caso MOP-Gate. Y entre los inculpados estaban el ex ministro Carlos Cruz, el ex director de Vialidad Eduardo Arriagada, y el ex decano de Economía de la Chile, Ricardo Paredes.

La mera presencia en el encuentro de Insulza, junto a un miembro de la defensa del rector Riveros y a tres magistrados del tribunal que funciona como ente superior de la jueza Chevesich, eran elementos suficientemente explosivos como para que los citados se juramentaran que el encuentro se mantendría en secreto. Tras constatar que trascendió, acordaron dar la versión de que se trató de una "reunión social".

Las razones de la inquietud son obvias. Es el propio ministro del Interior quien aparece encabezando un encuentro que puede aparecer como un "lobby" sobre el Poder Judicial, a fin de amainar el vendaval del procesos por irregularidades que cimbra a la administración Lagos desde octubre. Una práctica que hasta hace pocos años se realizaba con inmensa naturalidad en el mundo político, pero que ahora podría poner en entredicho la renovada imagen de la justicia, que goza actualmente de niveles de aceptación ciudadana impensables hasta hace un par de años.

La revelación del encuentro también podría traer otras complicaciones en el Poder Judicial. Los integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago que tomaron parte en ella no sólo aparecen participando en un cónclave que podría dañar su imagen de independencia como magistrados. Además, según análisis de abogados consultados por La Tercera, podrían haber incurrido en una falta grave para personas que ostentan esos cargos.

"No me voy a referir a una reunión donde se discutieron temas personales", señaló a este medio uno de los jueces implicados, cuyas identidades este diario mantiene en reserva, a pedido de personas que accedieron a dar detalles del encuentro, que también fue confirmado a este diario por otro de los presentes.

Lo conversado

Según admitió uno de sus participantes, el tema central de la cita fue analizar las posibles salidas jurídicas a los procesos por irregularidades que enfrenta el gobierno.

En La Moneda, uno de los principales temores es que la jueza Chevesich extienda cada vez más el número de los procesados, por lo que se han analizado medidas que contribuyan a acotar el radio de acción de la ministra.

Al respecto, una de las fórmulas barajadas es un proyecto de ley que reconozca que los sobresueldos constituyen una práctica extendida desde la década del '30 en el sector público. Así la iniciativa podría contemplar una amnistía implícita para estos casos.

Pero uno de los escollos a esta propuesta -que se ha estudiado tanto en el gobierno como en el mundo judicial oficialista- es la "doctrina Aylwin", la tesis jurídica impuesta durante el primer gobierno de la Concertación: antes de proceder a aplicar la amnistía, está la obligación de investigar cada caso.

Un segundo punto de inquietud era ampliamente compartido tanto por el ministro Insulza como por los tres abogados cercanos al oficialismo que asistieron al encuentro en la casa de Cáceres: lo que denominan el "exceso de protagonismo" desplegado tanto por la ministra Chevesich como por el juez Carlos Aránguiz, que aparecen revestidos de una suerte de aura justiciera en cada uno de sus pasos.

Una fuente que tuvo acceso a la conversación asevera que uno de los temas que se discutió fue la reforma que aumentaría de 21 a 24 los cupos en la Corte Suprema. Se trata de una materia que interesa particularmente a los ministros del tribunal de alzada capitalino, cuyo deseo obvio es culminar su carrera en el máximo tribunal del país.

De acuerdo a esas versiones, en suma, se trató de un cónclave como hacía tiempo no se tenìa noticia en las relaciones entre el gobierno y la judicatura. Una diferencia, eso sí, es que esta vez la maniobra estuvo encabezada por el titular de gabinete, y no por el ministro de Justicia, Luis Bates. De hecho, en el gobierno aseguran que Bates ni siquiera se enteró de la cita, que en todo caso dista de su perfil impreso desde que presidia el CDE.