COMPROMISO PRESIDENCIAL CON LOS DERECHOS HUMANOS
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Ayer, 28 de octubre, en la sede de la AFDD (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) en Santiago, los candidatos presidenciales Marco Enríquez-Ominami, Independiente; y Jorge Arrate, del pacto Juntos Podemos Mas, firmaron el compromiso con los derechos Humanos que se estipula mas abajo.
Los candidatos Eduardo Frei, de la Concertación de Partidos por la Democracia; y Sebastian Piñera, de la Coalición por el Cambio, no asistieron aunque habían sido invitados en las mismas condiciones.
COMPROMISO PRESIDENCIAL CON LOS DERECHOS HUMANOS
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago, 28 de octubre de 2009
Las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura militar son un tema que aún transversaliza a la sociedad chilena. Nuestro país conoció de políticas de Terrorismo de Estado, traducidas en exilio, tortura, allanamientos masivos de poblaciones, ejecuciones, exoneraciones, relegaciones, prisión política y una de la más brutal de esas violaciones, la detención con desaparición forzada, que afectó a nuestros familiares, crimen en el cual se sintetizan todas las violaciones a los derechos de una persona.
Durante los 17 años de la dictadura en que primaba la cultura de la muerte, los familiares nos organizamos y denunciamos en Chile y en el mundo las violaciones a los derechos humanos que se cometían. Se nos dijo que los nuestros no existían, se les calificó de "presuntos desaparecidos", pero la fuerza de la verdad se fue imponiendo irrefutablemente.
Gracias a la lucha del pueblo, en 1990 logramos iniciar un proceso que aún no concluye en un sistema de democracia plena. Las demandas por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación se han mantenido vigentes.
Ad portas de un nuevo proceso electoral, donde compiten cuatro candidatos, queremos demandar de ellos un COMPROMISO consistente con los DERECHOS HUMANOS, los que se violaron en dictadura; los no resueltos y los que se han vulnerado en la actualidad. Es así como les emplazamos a incorporar en sus respectivos Programas de Gobierno medidas y políticas conducentes al respeto irrestricto de los derechos de las personas.
Por tanto queremos que se comprometa a:
1.- Anular los efectos del Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978
2.- Apoyar el Proyecto de Ley que interpreta los artículos 93 y 103 del Código de Procedimiento Penal en materia de prescripción y media prescripción de la acción penal en el caso de delitos especialmente sancionados por el Derecho Internacional Humanitario.
3.- Enviar un Proyecto de Ley que tipifique la Desaparición Forzada de Personas como Crimen Contra la Humanidad.
4.- Ratificar las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
5.- Que el Estado de Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas.
6.- Que en materia civil el Ejecutivo adopte las indicaciones de Naciones Unidas en relación con las indemnizaciones, donde señala: "ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario", poniendo fin al accionar del Consejo de Defensa del Estado contrario al derecho que asiste a las víctimas y sus familiares a ser reparados.
7.- Asegurar el financiamiento y continuidad de las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos radicadas en el antiguo sistema procesal, aumentando el número de jueces, sus funcionarios e infraestructura y asegurando la participación de los órganos auxiliares de la justicia.
8.- Terminar con la Ley del Secreto que impide el conocimiento de las identidades de agentes del Estado que actuaron como torturadores, como se desprende del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que contempla cincuenta años de reserva de sus nombres.
9.- Adoptar las medidas necesarias que permitan adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de tal manera que cuando el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio.
10.- Mantener la voluntad política y proveer los recursos necesarios para continuar con la acreditación del Servicio Médico Legal.
11.- Reforzar las políticas de recuperación de la Memoria Histórica, en sus diversas formas y ámbitos, creando un fondo que permita mantener lo existente así como la implementación de nuevas iniciativas tendientes a su desarrollo.
12.- Integrar en todos los niveles de la educación formal la asignatura de Derechos Humanos.
13.- Comprometer recursos para que el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) tenga un estatus que le permita cumplir eficazmente con las demandas de los usuarios, familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos, que en la práctica no ha sido implementado en forma eficiente, tanto en el área de Salud Mental como de Salud Física.
Sin lugar a dudas, cualquier iniciativa teniente a solucionar las violaciones a los derechos humanos del pasado, se verán frustradas si no son resueltos los escollos del presente que impiden que el respeto a la persona humana y su dignidad sean los que en definitiva nos rijan, para ello imprescindible asumir un contundente compromiso de su parte, expresado en:
a.- Impulsar un efectivo cambio de la Constitución Política, acorde a la realidad actual, instalando un debate serio acerca de la necesidad de una nueva Carta Fundamental que termine con la heredada de la dictadura.
b.- Finalizar con la criminalización de las demandas indígenas, desmilitarizando las zonas ocupadas y empezar el proceso de restitución de tierras ancestrales tal y como señaló a Chile el Relator Especial de Naciones Unidas para este caso.
c.- Suspender la tramitación legislativa del Proyecto de Ley de Criminalización de la Movilización Social y eventualmente si esta continuare, enviar un veto supresivo de todas aquellas disposiciones que atenten contra los derechos y las libertades públicas.
d.- Terminar con la Ley Antiterrorista 18.314 dictada por Pinochet, en que la amplitud del término permite se aplicada a cualquiera por el solo hecho de ejercer acciones de protesta y movilización.
Finalmente le invitamos ha asumir un firme compromiso por parte del Estado de Chile del cual usted será el representante, a respetar los derechos consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en todos aquellos que el devenir del tiempo ha institucionalizado en las sociedades democráticas.
Instamos a que en su Gobierno, sea usted el primer ciudadano dispuesto a sustentar este Compromiso, así como también los que devengan de las obligaciones contraídas por Chile en el ámbito internacional, tal como dar respuesta adecuada a las recomendaciones surgidas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que obliga a:
- Ratificar los Tratados Internacionales pendientes
- Abordar una Institucionalidad en Derechos Humanos
- Terminar con la jurisdicción militar en el juzgamiento a civiles
- Garantizar la administración de justicia en general
- Terminar con los abusos policiales y el uso desproporcionado de la fuerza
- Terminar con la condición de vulnerabilidad de amplios sectores de la población (mujeres, niños, minorías sexuales, privados de libertad e inmigrantes)
Concretar para tales efectos el compromiso asumido por Chile de crear un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que se hicieron, integrando a organizaciones de la sociedad civil y los tres poderes del Estado.
Igualmente deben considerarse en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas la incorporación de las Agrupaciones de Familiares y de los organismos de Derechos Humanos.
AL FIRMAR COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS
ENRÍQUEZ-OMINAMI LE ENROSTRA A FREI NO HABER RECIBIDO EN SU GOBIERNO A LA AFDD
"A diferencia de otros, cuando sea presidente esta organización será recibida de forma prioritaria. Nunca le será negada una audiencia a la AFDD como lo fue en el pasado",dijo el candidato independiente al recordar que durante su administración el ex mandatario no le dio espacio en su agenda a una reunión con la fallecida ex presidenta de la agrupación, Sola Sierra.
Por El Mostrador
A un simbólico encuentro organizado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) asistió este miércoles el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, quien fue invitado a firmar el documento denominado "Bicentenario con más verdad y más justicia", que la entidad promueve con la finalidad de que los aspirantes a La Moneda sellen su compromiso con los derechos inalienables de las personas.
En la oportunidad y tras rubricar el documento, el candidato independiente recordó a su familia desaparecida y torturada bajo dictadura, expresando que "el compromiso con los Derechos Humanos tiene que ver tanto con la historia como con el futuro", añadiendo que "me hago parte de este texto y lo firmo con orgullo y en nombre de todos los familiares que tanto ustedes como yo hemos perdido".
Enríquez-Ominami no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, quien también fue invitado a suscribir el documento, recordando que durante su gobierno (1996-2000) nunca le dio una audiencia en la sede del Eejcutivo a la AFDD, presidida en ese entonces por la fallecida dirigenta Sola Sierra.
"A diferencia de otros yo nunca he coqueteado con una dictadura y en mi gobierno no habrá espacio para coquetear con una dictadura" y enfatizó que "a diferencia de otros, cuando sea presidente esta organización será recibida de forma prioritaria. Nunca le será negada una audiencia a la AFDD como lo fue en el pasado", insistiendo en que "yo sigo preguntándome qué pasó durante seis años cuando un hombre no quiso recibir a la presidenta de la agrupación".
Y también le enrostró a Frei el haber donado sus joyas al régimen militar de Augusto Pinochet, para la denominada "reconstrucción nacional" en la misma época en que familiares suyos eran perseguidos por organismos represivos.
"Él concurrió a La Moneda en los mismos días en que torturaban a mis tíos para entregar el sueldo de su empresa para recuperar, según él, una democracia con Pinochet", señaló.
Marco Enríquez sostuvo que en su eventual gobierno los derechos humanos estarán en el centro del debate y expresó que desea sacar adelante la "derogación del decreto ley de Amnistía.
Invitación abierta
Por su parte, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, destacó que si bien todos los candidatos fueron invitados, sólo llegaron a la cita el diputado ex PS y el candidato presidencial del Partido Comunista, Jorge Arrate.
La dirigenta calificó sin embargo como un "error político" la ausencia de Frei, cuyo comando habría objetado algunos aspectos del documento relativos al conflicto en la Araucanía.
"Nosotros lamentamos su ausencia y que no asuman un compromiso con la vida y la justicia. Hasta ayer (martes), él estaba viniendo a este encuentro pero su comando señaló discrepancias con los puntos del compromiso vinculados a la situación de criminalización y ocupación del territorio mapuche", precisó
LUISTAPIA RUIS dijo
Punta Arenas 19 de Noviembre del 2009
SEÑOR
EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION PUBLICA
THE PASKIN
PRESENTE
De nuestra mayor concideracion.
Hacemos llegar a su prestigioso medio ,declaraciones de diversas ogranizaciones de DD.HH,en carta abierta ,a la asesora presidencial ,a fin de que la opinion publica conosca la verdad de lo que esta pasando con las victimas.
Bachelet y gobiernos concertacionistas no cumplen con tratados internacionales de DDHH por pacto firmado con las FF.AA
exprisioneros_sextademanda_7 lunes 16 de Noviembre de 2009
publica a continuación la carta respuesta de la agrupación a la Asesora Presidencial.
Foto: Ex Prisioneros Políticos Torturados y Familiares marchando por las calles de Santiago en reclamo de sus derechos. Gobierno dice que todo esta bien y de acuerdo a la leyes y tratados internacionales de DDHH.
CARTA ABIERTA A LA SRA. MARIA LUISA SEPÚLVEDA EDWARDS PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS
El 21 de Agosto los ex Prisioneros Políticos (ex PP) de la provincia de Osorno entregaron una misiva a la presidenta Bachelet, que la recibió en sus propias manos, pues se encontraba de visita oficial en esa ciudad. La carta solicitaba ser recibidos y anunciaba algunas reivindicaciones, siendo la más importante recordar la promesa de la Presidenta de enviar un proyecto de ley de reparación para los ex PP y sus familiares.
La Presidenta respondió oficialmente a través de la Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards que oficia como presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para las políticas de DDHH. La Sra. Presidenta Bachelet parece no disponer de tiempo para entrevistarse con los ex pp y prefiere responder por escrito a través de su asesora. Debemos suponer que la asesora tampoco tiene tiempo para reunirse con los ex pp, pero su respuesta escrita merece ser contestada de la misma manera.
En primer lugar afirma mantener una relación con un “Comando Nacional de ex prisioneros políticos”, que no conocemos. Puede ser que se refiera al autodenominado Comando Unitario cuyos dirigentes ofician como operadores súper numerarios del gobierno, pero que hace ya un largo tiempo no representan a nadie en el campo de los DDHH. Si ese fuera el caso queremos dejar establecido de antemano que los ex PP de Chile no se sienten representados por esos dirigentes. La Sra. Sepúlveda dice que realiza sesiones de trabajo con estas personas, lo que demuestra la entrega total de estos individuos al gobierno y su traición a la causa de los ex prisioneros políticos. ([1])
En lo medular la Sra. Sepúlveda mantiene el discurso oficial en el sentido de validar como algo poco menos que extraordinario los logros en materia de DDHH efectuada por los 4 gobiernos concertacionistas.
Respondemos con un primer argumento: los actuales candidatos presidenciales suscribieron el 28 de Octubre, un “Compromiso Presidencial con los Derechos Humanos” que contiene alrededor de 20 puntos, la inmensa mayoría de los cuales forman parte de nuestras reivindicaciones en esta materia.
Esto significa que los eventuales futuros presidentes reconocen que en materia de DDHH la Concertación no ha cumplido prácticamente nada. No hay una investigación seria sobre la verdad de lo ocurrido, el Estado no denuncia ni procura procesar a los criminales, la reparación es tan magra que no alcanza los estándares internacionales, sigue pendiente la ratificación de muchos tratados internacionales, no hay una política real y efectiva de resguardo y promoción de los derechos humanos.
La verdad sobre los desaparecidos, la pregunta ¿dónde están?, no ha sido respondida en 20 años y los militares se burlaron siniestramente de los familiares al entregar datos falsos durante la mal llamada “mesa de diálogo”.
Hay 276 agentes condenados nos dice la Sra. Sepúlveda, pero efectivamente detenidos en prisiones especiales tipo hotel 4 estrellas, no hay más de 40. ¿Por qué intenta engañarnos?, ¿olvida que habla en nombre de la presidenta?
La Sra. Sepúlveda nos dice que los procesos por tortura son escasos o no fueron acogidos por los tribunales. Sí, eso fue así durante la dictadura y posteriormente las querellas fueron presentados por las propias víctimas. Preguntamos ¿Cuántas denuncias por tortura ha presentado el gobierno chileno en contra de los violadores de los derechos humanos? Respondemos: NINGUNA. ¿Acaso la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la cual Ud. fue Secretaria Ejecutiva, no reportó 1.000 centros de detención y tortura a nivel nacional, al interior de recintos militares? ¿Cómo es posible que el Estado y el Gobierno de Chile, cuya misión es cumplir con la ley, no haya sido capaz de entablar ni una sola querella?
Respecto a las viudas de los ex prisioneros políticos, que la denominada Ley Valech dejó fuera del beneficio de pensión no contributiva, la Sra. Sepúlveda, nos dice que junto con el proyecto de ley del INDH se establece en una norma transitoria el derecho a una pensión. Pero se guarda mucho de decir que esa “pensión” no es igual a la percibida por el beneficiario directo, sino mucho menor, solo el 60% de ella y sin pago retroactivo; lo cual visto el monto exiguo la hace una verdadera burla para gente como las viudas que han pasado su vida entera corriendo la misma suerte que sus maridos: persecución política, discriminación, cesantía, relegación y exilio.
La extracción social de la inmensa mayoría de los ex prisioneros políticos corresponde a los sectores sociales históricamente postergados en nuestro país, y si hoy día el Ministro Velasco se permite decir que tiene “la caja ordenada” y todo el mundo sabe que el Estado chileno cuenta con recursos económicos extraordinarios producto del alto precio internacional del cobre, no creemos que se le “desordene” demasiado su caja al Ministro si accediera a entregar los 5 Euros diarios, de la pensión completa, a las viudas de los ex prisioneros políticos, que por lo demás no suman millones de personas.
Seguidamente la Sra. Sepúlveda se felicita de la “transferencia del beneficio educacional a un hijo o un nieto”. Le refrescaremos la memoria a la Sra. Sepúlveda diciéndole que nunca ha habido “transferencia del beneficio”, sino una especie de “traspaso” o mejor dicho “trampazo”. Lo que el gobierno ha hecho ley es el derecho a una beca educacional, conforme al reglamento general de becas y no el beneficio. El beneficio implica el pago del 100% del costo de la carrera y una beca está limitada a una fracción del costo, con un tope máximo de 1.150.000 pesos, lo que equivale a un tercio aproximadamente de una carrera universitaria. El saldo corre por cuenta de la familia. La mayor parte de los 1300 familiares que se acogieron a este supuesto beneficio el año 2008, esperaban gratuidad total. Ellos se merecen y deben exigir una indemnización por la deuda que han debido asumir, al Estado que no cumplió, o al Comando Unitario que los engañó.
En realidad, con este “traspaso” los ex prisioneros políticos están perdiendo el beneficio que la ley les otorga, pues ellos no podrán nunca más hacer uso de él. Lo lógico es ampliar el beneficio a todos los hijos y nietos, como lo planteamos en nuestra plataforma, eso sí es reparación, pero no estas normas transitorias y vetos aditivos que más parecen limosnas que real reparación. Por otro lado cabe preguntarse si el Gobierno y la propia Señora Sepúlveda se han puesto a pensar que cuando hay más de un beneficiario estos deberán ponerse “de acuerdo” para determinar quién finalmente lo usará, lo que implica, más que entregar una “solución con este beneficio”, introducir un elemento de disputa a las ya tan maltratadas familias de los ex Prisioneros Políticos
La guinda de la torta de la carta de la Sra. Sepúlveda se refiere a su definición de reparación a la que tienen derecho las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos. “No hay estándares en esta materia ni menos normas internacionales” nos afirma ella. Interpreta a su modo las directrices internacionales sobre esta materia. Recordaremos brevemente cuáles son estas directrices.
La Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, de marzo 2006, establece en sus principios 18, 19, 20, 21, 22 y 23 la reparación y precisan lo siguiente:
* 18.- Conforme al derecho interno y al derecho internacional … se debería dar a las víctimas … de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23 en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
* Nos detendremos en el principio 20:
“La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:
a) El daño físico y mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingreso, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.”
En consecuencia, la resolución de las Naciones Unidas es meridianamente clara respecto a lo fundado de nuestro derecho a reclamar indemnización al Estado.
¿Dónde está el problema, por qué los gobiernos de la Concertación no cumplen con los mandatos internacionales? Un primer esbozo de respuesta está dado en los principios 1 y 2 de la ya citada Resolución:
1. 1. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos dimana de:
1. a. Los tratados en los que un Estado sea parte;
2. b. El derecho internacional consuetudinario;
3. c. El derecho interno de cada Estado.
4. 2. Si no lo han hecho ya, los Estados se asegurarán, según requiere el derecho internacional, de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo siguiente:
1. a. Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico interno;
2. b. Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia;
3. c. Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, incluida la reparación;
4. d. Asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales.
Aquí está el meollo del problema: la Concertación debió adaptar el derecho interno para poder cumplir con el derecho internacional, pero fue incapaz de hacerlo.
¿Por qué? Porque al inicio de la transición sus negociadores (Boeninger, Correa) firmaron acuerdos secretos con el ejército (general Ballerino) en donde aseguraron la impunidad para los violadores y asesinos de las FF.AA. Se comprometieron a mantener el decreto de Amnistía de 1978 (vigente hasta el día de hoy) y a mantener y perpetuar la Constitución de 1980.
El marco general de todo esto es la impunidad de los criminales. En consecuencia, no se puede castigar ni tampoco reparar, porque reparar significa reconocer los crímenes, por tanto la política oficial es: olvidemos el pasado, o sea los crímenes, y miremos hacia delante, busquemos la tan reiterada reconciliación, que políticamente es asexuada, sólo significa olvido y enterrar el pasado.
Es en este contexto político general que las víctimas y sus organizaciones han debido luchar denodadamente y sin lograr mayores éxitos. La Concertación últimamente ha desarrollado una acelerada política de reconocimientos oficiales destinados a la exportación de imagen: Día Internacional del desaparecido, Día Internacional del ejecutado, museo de la memoria, INDH vacío de todo contenido en materia de defensa y promoción de los DDHH.
Hay que hacer creer a la opinión pública internacional que en Chile se ha avanzado en esta materia, pero los porfiados hechos muestran lo contrario y las víctimas siguen ahí: esperando.
La opinión pública puede fácilmente entender por qué no se cambia la Constitución del 80: su vigencia es resultado del acuerdo político ya explicado y ello no será cambiado sino por otro acuerdo político o cuando se rompa con el cogobierno binominal.
Sra. Sepúlveda, su carta oculta o disfraza esta cruda realidad. Como buena funcionaria sirve a su gobierno y ello es legítimo, pero no pretenda engañarnos, en 20 años hemos visto demasiadas cosas, escuchado demasiadas promesas vanas y si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno.
Las decenas de miles de votantes pertenecientes a nuestras familias han seguido con atención el itinerario concertacionista de la presidenta Bachelet y ya nos defraudó. Lo nuestro lo dejó en el olvido. Los ex Prisioneros Políticos calificados por la ley Valech no hemos recibido absolutamente nada de su gobierno.
Santiago 12 de Noviembre de 2009
Héctor Cataldo Silvia Araya Nelly Cárcamo
Patricio Negrón Cecilia Zamora Víctor Rosas
ANEXPP CHILE FAMILIARES UNEXPP CHILE
EXPP FALLECIDOS
SECRETARIADO NACIONAL DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES
[1] Los cabecillas de ese Comando son: Miguel Retamal, Ricardo Martínez, Ramón Núñez, Juan Rojas, Nelson Aramburu y Haydee Oberreuter.
RECIBIDO Y REENVIADO POR
AGRUPACION SOLIDARIA DE XPRESOS POLITCOS Y TORTURADOS DE MAGALLANES
19 Noviembre 2009 | 04:28 AM