DECLARACIÓN

Aunque parezca increíble, un día  antes del cambio de gobierno, el Parlamento chileno  aprobó un proyecto que supone la privatización del mar. Las urgencias del desastre del 27 de febrero impidieron conocer al país esta importante noticia. La citada ley, que reforma la Ley de Pesca y Acuicultura, buscaba salvar a las empresas salmoneras, industrias que mueren fruto de sus propios errores y horrores: destrucción del medio ambiente por una ambición desmedida y una irresponsabilidad a toda prueba.

La privatización consiste en que se autoriza a las salmoneras entregar de las concesiones acuícolas, mar incluido, en calidad de hipoteca ante las instituciones financieras.

Es decir, para salvar a unos pocos empresarios que se farrearon la posibilidad de haber desarrollado una industria exitosa basada en criterios mínimos y básicos de respeto medioambiental, sanitario y laboral, se les entrega en propiedad el mar y una costa que se supone son de todos los chilenos.

El mar es y siempre ha sido un bien nacional de uso público que nos pertenece a todos. Nunca en la historia algún país había permitido hipotecar el mar. No sólo es un escándalo, sino que también es la renuncia de nuestro país a la soberanía sobre su territorio.

Frente a esta situación, 34 diputados, en coordinación con la campaña Salvemos el Mar Chileno y el apoyo de los senadores Guido Girardi y Alejandro Navarro, recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de esta abominable normativa. Estamos seguros de la consistencia de nuestros planteamientos y de que el TC sabrá reconocerlo.

Es importante señalar que el proyecto en cuestión, junto con entregar en propiedad un bien nacional de uso público como es el mar, conlleva un evidente favoritismo a favor de un sector de la sociedad chilena como es el salmonero.

El proyecto además contiene evidentes vicios de forma que el TC no puede soslayar. Entre estos destaca el hecho de no haber consultado a la Corte Suprema cuando por la materia que se trataba el procedimiento lo exigía.

Queremos destacar la decisión patriótica e histórica de los diputados firmantes, de recurrir al TC para impedir que se convierta en ley el último y más leonino de todos los proyectos de la Concertación por la Democracia, que fue promovido por la banca y las salmoneras. Es necesario señalar que, en su mayor parte, los diputados firmantes del requerimiento pertenecen a este conglomerado político. Esto muestra una voluntad de enmendar los graves errores cometidos lo que podría marcar un giro en las definiciones políticas bajo nuevos liderazgos y el inicio de un nuevo tiempo, alejado de la ortodoxia neoliberal. Está por verse.

Cabe consignar que este requerimiento lleva la rúbrica de la presidenta de la Cámara de diputados, Alejandra Sepúlveda (PRI), de los tres diputados comunistas, de la totalidad de los diputados PPD y radicales, así como de la casi totalidad de los diputados socialistas con la salvedad de Clemira Pacheco y Fidel Espinoza. También suscribieron el requerimiento los democratacristianos Pablo Lorenzini y Víctor Torres, y el independiente por Magallanes Miodrag Marinovic. Ningún diputado de derecha lo firmó.

Debemos destacar que respondiendo a una solicitud de nuestra campaña, participó en la redacción del requerimiento el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, quien diez años atrás había llevado al TC la ley que creaba el Tratado Minero con Argentina, la que fue cercenada en sus alcances desnacionalizadores por este tribunal. El abogado patrocinante del actual requerimiento fue Lorenzo Soto.

El hecho de que haya existido el interés, la voluntad y la decisión de formular ante el TC esta solicitud de inconstitucionalidad de la privatización del mar constituye un hito desde donde poder comenzar a construir un nuevo escenario social y político para un debate participativo en la sociedad chilena respecto de lo que queremos o no hacer con nuestro territorio y en materia pesquera y acuícola.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA (31 MARZO DE 2010)

TC ACOGE IMPUGNACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PESCA QUE FAVORECE A SALMONEROS

El abogado Lorenzo Soto Oyarzún alegó que el nuevo texto "discrimina a favor de un sector y en perjuicio de los otros sectores económicos del país que no tienen semejantes medidas económicas de beneficio para salvarse en situaciones de crisis como la que afecta a la salmonicultura".

El Tribunal Constitucional acogió este miércoles la impugnación presentada por 34 diputados contra la modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura, que permite que las salmoneras puedan usar las concesiones marítimas otorgadas por el Estado como aval bancario.

El abogado patrocinador del recurso, Lorenzo Soto Oyarzún, afirmó en un comunicado que esta legislación "establece una privatización de bienes, que son bienes nacionales de uso público, como es el mar territorial y las aguas interiores de Chile".

Además, según el letrado, la ley "tiene que ser dejada sin efecto porque fue objeto de vicios en su tramitación al no haberse consultado a la Corte Suprema" y por no contar con suficiente quórum en la votación para su aprobación.

La modificación en la Ley de Pesca y Acuicultura, impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet, pretende salvar de la crisis a la industria del salmón, que desde noviembre de 2007 ha despedido a un tercio de los 57.000 empleados que mantenía en Chile, el segundo productor mundial de ese pescado.

La iniciativa, presentada en enero del año pasado, fue aprobada por dos tercios de la Cámara con el apoyo de parlamentarios oficialistas y opositores, y pasó al Senado, donde fue despachada en junio.

Oyarzún alegó que el nuevo texto "discrimina a favor de un sector y en perjuicio de los otros sectores económicos del país que no tienen semejantes medidas económicas de beneficio para salvarse en situaciones de crisis como la que afecta a la salmonicultura".

El proyecto también refuerza la capacidad de fiscalización y penalización del Servicio Nacional de Pesca, organismo encargado de ello, y modifica la regulación sanitaria y ambiental.

El Tribunal Constitucional debería pronunciarse en los próximos diez días, pero, para Oyarzún, "es probable que por la lógica y tramitación propia de estas materias, esto pueda tomar más tiempo".