HUGO MORALES VERA

La reinstalación de políticas de intimidación en la administración de personas en el Mineduc.

La reinstalación de prácticas anti-funcionarias y antidemocráticas que creíamos definitivamente desterradas, reaparecen hoy con fuerza en nuestra institución,  como si en el intertanto no hubiese transcurrido tiempo alguno que hiciera prevalecer la racionalidad, el buen trato y la decencia al interior de las instituciones públicas.

La gestión impresa por el Ministro Lavín en el MINEDUC ha hecho recordar añejas prácticas dictatoriales que creíamos no sólo olvidadas sino enterradas en el pasado junto a muchos de quienes fueron sus actores.  En efecto, desde el miércoles 28 de abril, por tres días, en el más absoluto secretismo, se reunieron los SEREMIS designados por la nueva autoridad política en dependencias de la que fuera institución señera en la formación de profesores en Chile, el otrora prestigiado Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (C.P.E.I.P; hoy alicaído CPEIP, como resultado de las políticas de subsidiariedad y mercantilistas aplicadas tanto por el Gobierno Militar como por los propios Gobiernos de la Concertación), en las alturas de los Andes junto al Nido de Águilas.  Esta reunión que podría entenderse como el encuentro para decidir los destinos de la Educación de Chile, constituyó todo un acto de confabulación contra los funcionarios del sector. El ostracismo que lo caracterizó no tiene otra explicación que la planificación de las acciones iniciáticas para imprimir un clima de terror al interior de la organización. En ella, a juzgar por los acontecimientos que nos ha tocado constatar estos últimos días, se instruyó a los recién nombrados Seremis sobre el modus operandi para "sacar las castañas con la mano del gato": Llamar a las propias jefaturas en ejercicio (muchas de ellas nombradas por la antigua administración) para pedirles que definieran la dotación de los equipos con los cuales deben desarrollar su trabajo, indicando los funcionarios de los cuales pueden prescindir.  Este "método,"  con altas dosis de coacción, ha sido  utilizado por regímenes dictatoriales para conseguir los nombres de quienes deben ser eliminados para, finalmente, junto a los condenados, eliminar al propio delator. Prácticas similares se utilizaron en Chile en un período de triste recuerdo para todos nosotros, donde el perseguir a quienes ostentaban ideas distintas a las del régimen generaron un grave daño social en la población, cuyas consecuencias aún persisten en los ciudadanos adultos que fueron objeto de dichas medidas.

Con la reinstalación del "nuevo estilo de gestión" -que no tiene nada de nuevo-, pues no hay dictadura que no haya echado mano al terror para gobernar, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué ocurrirá en cuatro años más con los trabajadores que instale la derecha hoy día, con los cupos que está generando con estos despidos?... No cabe duda que el recuerdo de estas acciones estará fresco y las víctimas de estas políticas estarán al acecho para retomar el aparato público nuevamente, estableciendo una cadena de violencia que, sin duda, se traducirá en una espiral de conflicto de insospechadas consecuencias. En este sentido, no minimizando la responsabilidad que le corresponde a los propios Gobiernos de la Concertación a este respecto, graficado en la LGE donde se deja en las más completa indefensión a los funcionarios de carrera del MINEDUC, cabe destacar la actitud asumida por el Ministro de Educación del Gobierno de Don PATRICIO AYLWIN AZÓCAR, Don RICARDO LAGOS ESCOBAR, el cual reconociendo que muchas de las Jefaturas de ese momento correspondían a nombramientos del Gobierno Militar, respetó dichos nombramientos estableciendo la incorporación de personal paralelo sin que las jefaturas anteriores perdiesen sus derechos funcionarios. Del mismo modo, ejecutó el encasillamiento el año 1992, promulgado por Pinochet, que permitió que los funcionarios ingresados en aquella administración se encasillaran en la planta. La prueba está en que, transcurrido 20 años de gobierno de la Concertación, quedan aún muchos funcionarios del periodo de Pinochet protegido por escalafones paralelos o en extinción. Ellos profitaron de todos los beneficios amarrados por la dictadura y también los conseguidos por nuestros propios gremios para el bienestar de los trabajadores durante los años de la Concertación, muchos ya se fueron con retribuciones dignas en un ambiente democrático donde pudieron trabajar en tranquilidad.  Política de personal que la Concertación, respetuosa del Derecho Administrativo, sin importar su origen dictatorial, supo mantener sin generar persecución a esta clase política instalada al interior de los servicios. ¡Qué diferencia con la política aplicada por el actual Ministro!... Situación que, además, se contradice abiertamente con lo expresado por el Sr. Presidente, Don SEBASTIÁN PIÑERA, cuyas políticas dice impulsar.

Cabe destacar que en el MINEDUC existe una política de encasillamiento ganada, no por voluntad de las autoridades de la Concertación, muy por el contrario, obedece a las acciones gremiales que con decisión fueron capaces de presionar al Ejecutivo y Parlamento de turno para que se dictara la ley 20.059 que define un itinerario para dicho proceso, en conjunto con las demás leyes que regulan al personal público definido por la Concertación en acuerdo con la Alianza en el gobierno de RICARDO LAGOS, en donde se definieron las leyes de concurso para proveer las plantas de los servicio públicos. Por otra parte, desde el año 2006 se establecieron los mecanismos de ejecución para el encasillamiento del personal con arreglo a la ley de Nuevo Trato, llamado por los trabajadores públicos "Ley del Maltrato". Esta ejecución quedó inconclusa luego de la derrota de la Concertación, pues los acuerdos de ejecución con las autoridades de turno fueron desconocidos por el Ministro Lavín, frente a todos los Dirigentes de la organización gremial unitaria con que contamos los trabajadores del MINEDUC, afirmando que:  el Concurso Público de Provisión, última etapa de ejecución de esta ley, se evaluará su aplicación una vez que se aprueben en el Congreso la nueva institucionalidad ministerial. Esta declaración del Ministro Lavín constituye un grave error jurídico, pues está haciendo abandono de sus deberes al intentar desconocer una ley de la República. En efecto, el indicar que el concurso público de provisión deberá postergarse para ser ejecutado una vez aprobadas las nuevas leyes que reestructuran el MINEDUC, constituye un grave error, pues la ley 20.059 del 2005 es una ley que debe ejecutarse en el actual MINEDUC.  Para ello fue diseñada y no considera futuras estructuras que puedan definirse en el Parlamento y que son inexistentes aún. La mayoría de los funcionarios que hoy están siendo desafectados se encuentran en proceso de encasillamiento pues la gran mayoría postuló al concurso de provisión que la Derecha hoy dejó congelado, desconociendo una ley de la República.

Estas nuevas autoridades no tienen en su ADN el respeto al derecho administrativo, ni a los derechos humanos, pues si lo tuvieran, aplicarían los instrumentos de calificaciones contemplado en la normativa para realizar una evaluación seria, con criterios por todos conocidos. Sobre todo porque estos mecanismos de evaluación consideran el "sagrado derecho al pataleo" en cada una de sus etapas, para concluir en una instancia final, una vez al año, denominadas Juntas Calificadoras, compuestas por las más altas jerarquías de cada institución en donde el gremio también tiene presencia, sólo con derecho a voz. Qué oscuras intenciones hay en estas prácticas que les ha hecho dejar de lado este mecanismo democrático contemplado en la normativa vigente, que no se ha querido usar. Muy por el contrario, se ha echado mano a criterios arbitrarios de lo cual se pueden desprender distintas lecturas, algunas del cuales pueden tener claramente implícita no sólo la pura venganza, sino la persecución política que tanto daño le hizo al país en un reciente pasado.

Mientras se instalan los cuadros de Escrivá de Balaguer y enormes crucifijos en las paredes de las oficinas de los nuevas jefaturas, asistiendo a misa diaria, se diseña la más funesta política para con los trabajadores públicos, derribando años de reivindicaciones y de instalación de derechos laborales para volver a situar el deteriorado clima interno con que entregó la dictadura el aparato del Estado hace 20 años. Con esta acción inhumana están dejando cientos de familias sin sustento en un periodo en donde a los profesores se les hace difícil encontrar una vacante en las escuelas y sin mediar ningún respeto a los instrumentos contemplados por la normativa para aplicar este tipo de medidas.

Estimamos que los parlamentarios, sin excepción de color político, están al debe con los trabajadores del Estado, sobre todo si consideramos que miles de ellos quedaran a expensas de las deplorables ideas de un grupo de iluminados, sin protección alguna después de entregar años de trabajo al Estado.  Este aspecto que, inclusive, reconoce la Ex- Ministra de Educación, Doña MARIANA AYLWIN, en las páginas de La Tercera, pese a que ella fue una de las principales artífices de esta política de destrucción del MINEDUC, entregándole en bandeja la posibilidad al actual Gobierno para hacer y deshacer con el aparato público y propiciando una política privatizadora que ha llevado al colapso en Educación al sector municipal y que pretende destruir las bases de la organización del aparato público en lo actual.

Urge que se realicen las reuniones que sean necesarias con las bancadas de los diferentes partidos, y principalmente con los de la derecha, para llamar al parlamento a aumentar las dotaciones de personal para que concluyan las persecuciones y las exoneraciones políticas al interior del aparato público, teniendo como referente lo obrado en su momento por el entonces Ministro Lagos y reconociendo con honestidad los vacíos que contiene la LGE con respecto al personal de "carrera funcionaria" del MINEDUC. Debe negociarse, tal cual lo hizo el Gobierno Militar hace 20 años, con el propósito de proteger a quienes, por elección propia y por vocación de servicio, optaron por permanecer dentro del aparato público, entregando sus mejores esfuerzos y años de trabajo al sector. No hacerlo, significa ser cómplice de generar una escalada que condenará no sólo al personal del MINEDUC sino que, más temprano que tarde, a otros servidores del aparataje estatal incidiendo en que el tan ansiado desarrollo para nuestro querido Chile quede, una vez más, como una simple declaración de buenas intenciones.