RAÚL AUTH CAVIEDES   

Es difícil encontrar un grupo de personas más despiadadamente tratado que el conformado por los familiares de los detenidos desaparecidos en Chile, cuya reparación ha sido nula o insuficiente. Es posible imaginarse los desgarradores sentimientos experimentados por los deudos de estas víctimas. Sus padres, esposos, hermanos o hijos habían sido apresados por las autoridades militares.

En ocasiones se habían presentado voluntariamente, obedeciendo un bando militar. Generalmente no habían opuesto resistencia alguna al arresto, confiando en el nuevo gobierno de facto, tomando en cuenta las declaraciones públicas efectuadas por los voceros oficiales del régimen. Resultaba inconcebible que encontrándose indefensos, y en calidad de prisioneros, fuesen ultimados en forma inhumana y sus restos no entregados. Esta trasgresión, haciendo tabla rasa de toda racionalidad y del honor militar, parecía imposible en un país como Chile de prolongada tradición democrática. Sin embargo, los militares entrenados en la Escuela de las Américas, seguirían el mismo plan de brutal exterminio que el llevado a cabo en los otros países sudamericanos, bajo la doctrina de la Seguridad Nacional. Estados Unidos, con su prepotencia, se sentía el encargado de salvar al mundo del comunismo, sin importar las vidas que ello implicara, especialmente si ellas eran de latinoamericanos, a los cuales considera inferiores. Se trataba de impedir a toda costa que surgiera otra Cuba.

Los familiares de los detenidos-desaparecidos sufrieron un terrible calvario. El Colegio de Abogados, tan activo para derribar al gobierno de Allende, generalmente se rehusó a ayudarlos. Su peregrinar por los sitios de detención, resultaba inútil. El temor a crueles represalias estaba siempre presente al realizar cualquier trámite para ubicar al desaparecido El contactar a familiares de otros presos o personas liberadas, para conseguir alguna información, sólo ocasionalmente daba algún resultado, que era generalmente desalentador. Sólo en el Comité pro Paz y, al desaparecer éste, en la Vicaría de la Solidaridad, eran atendidos con interés y preocupación, pero sus gestiones ante los tribunales resultaban infructuosas, pues los jueces se basaban en la información oficial del Gobierno. La Corte Suprema que, al cumplir con su deber, pudo haber evitado tantas muertes, había asumido una conducta complaciente y obsecuente con el gobierno de facto, rechazando sistemáticamente los recursos de amparo.

En muchos casos, los familiares acudieron a la Morgue para realizar el impactante reconocimiento de cadáveres de personas no identificadas, como un recurso extremo para localizar a sus deudos, aunque fuese sin vida. En algunas oportunidades, los cuerpos se encontraban tan mutilados que hacía imposible su reconocimiento. Otras veces no se les permitía verlos, sin darles mayores explicaciones, quedando con la angustiosa duda que podía tratarse de su familiar.
Al final de 1973, se creó la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, con apariencia humanitaria de ayudar a los familiares de los presos. Se hizo más bien para mejorar la opinión internacional, que se tornaba cada vez más crítica del gobierno militar de facto. En la práctica sirvió para sembrar confusión sobre el destino de los detenidos- desaparecidos. En esta Secretaría una respuesta habitual era: "su marido es un fresco, lo dejamos libre y se fue al extranjero, la abandonó, señora" La mayor parte de las veces negaban que hubiesen sido detenidos, pese a los incontrovertibles testimonios en contra de ello que se les presentaba. En esta forma, este organismo colaboró eficazmente para que los crímenes cometidos por agentes del Estado, no lograran configurarse y permanecieran impunes

Hasta junio de 1974, los familiares tuvieron un inesperado aliado, el general Oscar Bonilla, calificado por la CIA como el líder de los "liberales" entre los uniformados. Este destacado militar, que ocupaba el Ministerio del Interior, estaba en franco desacuerdo con la política represiva de torturas y muertes. Personalmente prestó toda su colaboración al Comité Pro Paz, a la Cruz Roja Internacional, al ACNUR, y llegó a pagar de su bolsillo abogados para que prestaran atención legal a personas sometidas a Consejos de Guerra y a familiares de desaparecidos.  Tanto su oposición a que Augusto Pinochet se auto nombrara Presidente, como su fuerte discrepancia con el coronel Manuel Contreras eran motivo de comentarios en el interior del gobierno militar. Sería desplazado de su cargo hacia el Ministerio de Defensa y fallecería en extrañas circunstancias en un accidente de helicóptero que se supuso, con bastante fundamento, que había sido hecho por la DINA.

El conocimiento de las horrendas torturas inferidas por miembros de las FF.AA. a los prisioneros antes de morir y el deplorable estado  en que quedaban sus cuerpos, hace formarse una pavorosa imagen en la memoria de los deudos, alterando  para siempre sus vidas. Generalmente se trató de personas jóvenes que vieron sus historias tempranamente truncadas Nunca olvidarán a sus seres queridos sometidos a una la lenta agonía en medio de horribles tormentos. Este recuerdo les agobiará a hasta el fin de sus existencias. Al evocar que los criminales nazis condenados en Nüremberg fueron colgados, incinerados y sus cenizas lanzadas al río Isar, les hace soñar un destino semejante para los autores de la horrible y monstruosa muerte de sus seres queridos. Se imaginan que, en vez de permanecer recluidos en lugares llenos de comodidades y granjerías, fuesen torturados como lo fueron sus familiares, ahorcados, incinerados y sus cenizas arrojadas a la parte más contaminada del río Mapocho. Aunque parezca inhumano este ensueño les proporciona una imaginaria sensación de contento, ¡tan grande ha sido su martirio!

El conocimiento de lo ocurrido en Simón Bolívar 8630 les conmueve hasta las lágrimas. El actuar del grupo Delfín en la muerte de sus familiares les despierta indignación y dolor inenarrable. Este fatídico lugar fue un cuartel de exterminio de dirigentes comunistas del cual nadie salió vivo. Se conoció su existencia y forma de actuar solamente el 2007, al confesar, agobiado por el sentimiento de culpa uno de sus integrantes. Allí las torturas eran sistemáticas, siguiendo el manual de la Escuela de las Américas. Después de obtener el máximo posible de información, se les mataba mediante asfixia e inyección de cianuro. Luego se borraban sus huellas mediante un soplete para soldar y también sus rostros. Después, eran introducidos en sacos amarrados a un trozo de riel, para ser trasportados en helicóptero para lanzarlos al mar. Tal destino tuvo el líder comunista, Víctor Díaz, padre de una de las dirigentes de la AFDD. El jefe del grupo Delfín, el coronel ® Germán Barriga, se suicidaría en enero del 2005, arrojándose del piso 18 un edificio en construcción en la comuna de Las Condes. Se encontraba procesado y había sido "funado" varias veces, debiéndose cambiar de domicilio y perdido su trabajo de seguridad en D&S. En esa fecha, aún se ignoraba su funesto rol en el cuartel de Simón Bolívar. En sus funerales hubo concurrencia masiva de personal activo y en retiro del Ejército. El comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, interrumpió sus vacaciones para asistir . Para la AFDD fue una clara demostración de cuán encima de la necesidad de verdad y justicia estaba el espíritu fraterno de la llamada familia militar. Esta acción de Cheyre, junto con su permanente preocupación por Pinochet, les confirmaba la sospecha que su declaración del "nunca más" y a favor del respeto a los derechos humanos estaba nada más que en un plano verbal. Supusieron que su afán verdadero era que el manto del olvido cubriera pronto las execrables actuaciones realizadas por el Ejército.

A fines de 1975, el embajador ante Naciones Unidas, Sergio Diez, presentó abundante documentación para acreditar que los reclamos interpuestos por presuntos desaparecidos eran una maniobra tramada por el marxismo internacional para desacreditar al gobierno. En los documentos se acreditaba que muchos habían ingresado al Instituto Médico Legal tras morir en enfrentamientos. Se constataba, mediante documentación del Registro Civil, que 153 de presuntos detenidos desaparecidos nunca habían existido. Se usó la infame argucia de cambiar una letra del nombre o apellido para afirmar que tal persona no existía. Por ejemplo, para probar que Máximo Antonio Gedda Ortiz no existía, se acompañó documento con el nombre de Marco Antonio Cedda Ortiz, sujeto sin existencia legal. Muchos años después, el 2004, Diez, al ser interrogado por el juez Juan Guzmán, reconocería que fue engañado al serle entregados documentos de organismos estatales, sobre cuya credibilidad no podía dudar.

Los partidarios del régimen militar hacían cruel mofa de los familiares de los detenidos desaparecidos. Expresaban que no por "angelitos" o "blancas palomas" sus familiares habían sido tomado presos e hipotéticamente muertos. Les atribuían ser parte de una campaña de desprestigio contra el Gobierno, orquestada por el marxismo internacional, calificándolos de antipatriotas. Se decía que los presuntos desaparecidos se encontraban dándose la gran vida en Europa u otra región del mundo, a costa de los tontos útiles que desconocían las bondades del régimen de Pinochet. El general Gustavo Leigh, al ser entrevistado en marzo de 1976, por un congresista estadounidense, respondió con todo desenfado sobre los desaparecidos:  "algunas veces la gente estaba descontenta con su familia y querían abandonarla y desaparecer, hay algo de Kafka en todo ello, no puedo entenderlo; quizás eran los comunistas que llegaban en la oscuridad y se llevaban a esa gente, para culpar a la Junta". Después, cuando estas versiones parecieron absurdas, atribuyeron su incansable demanda de conocer el destino de sus familiares,  el pretender obtener una indemnización del Estado, como lo manifiesta una hija del general Pinochet, aún en la actualidad. Ante estas actitudes, es comprensible que el daño moral y psicológico causado a los deudos de los detenidos-desaparecidos, sea irreversible y su dolor y pesadumbre  perdurará hasta el fin de sus vidas Los motivará a una incesante actividad solicitando verdad y justicia, como ocurrió con la emblemática Sola Sierra y que ha continuado su hija, Lorena Pizarro. Los llamados de quienes apoyaron o fueron colaboradores de la Junta a " dar vuelta la página", "es tiempo de olvidar", o " mirar hacia el futuro", les provoca comprensible indignación. Tampoco les satisfacen los llamados de algunos políticos de investigar la verdad y aplicar la justicia con clemencia, o el ilogismo del Cardenal Errázuriz, que ha dicho: "el exceso de justicia, puede llevar a la injusticia".

Al final de 1974, los desolados familiares de los desaparecidos vieron la necesidad de agruparse, pues psicológicamente les resultaba esencial para sobrellevar la trágica situación y lograr cierta estabilidad emocional, sin caer en total desesperanza. Es sabido que uno de los factores más eficaces de cohesión de un grupo humano es el compartir el sufrimiento. Se superan las barreras socio-económico-culturales, estableciéndose firmes lazos de amistad Así sucedió con la AFDD, de 20 miembros en 1974, al concluir 1975 contaban con 323 personas totalmente comprometidas con la causa de averiguar la verdad de lo ocurrido a sus familiares y que se juzgara a los culpables. En años críticos de la represión se atrevieron a realizar huelgas de hambre en sede de la CEPAL, la iglesia San Francisco, en parroquias y la UNICEF y, en abril de 1979, se encadenaron a las rejas del ex Congreso Nacional.

El caso de María Cristina López Stewart suministra una imagen ilustrativa de la penosa situación de los familiares de los detenidos desaparecidos. Esta estudiante de Historia y Geografía del Pedagógico, de 21 años, militante del MIR, permaneció oculta durante un año. Sabía que era buscada, pero rehusó asilarse, como le proponía su familia. Fue detenida por un grupo de la DINA encabezado por Osvaldo Romo Mena el 22 de septiembre de 1974, junto con Rosalía Martínez y su esposo y conducidos al recinto clandestino de retención y torturas de José Domingo Cañas. Su mamá relató: "No nos enteramos hasta un mes después de su detención por una llamada anónima primero y luego por una llamada de mi hija el día de su cumpleaños, el 2 de noviembre- En esa oportunidad, conversó con su padre y conmigo diciéndonos que se encontraba bien, pero que no podía indicar el lugar donde se encontraba detenida". Testimonios de otros detenidos en ese lugar, dan cuenta de ella hasta el 7 de noviembre de ese año. Esta menuda y frágil joven se supone que falleció debido a las torturas y vejámenes infringidos por ese repulsivo y desalmado personaje denominado el "guatón Romo" Su madre, Agnes Stewart, escribió "Recuerdo las visitas a Cuatro Álamos, dos veces por semana. Siempre estábamos allí mi hija Patricia y yo, con sol, con lluvia, siempre con la esperanza de que alguna vez apareciera y pudiéramos hablar con ella, entregarle cosas que le hicieran falta... Una vez, pudimos entrar al lugar de visita de Tres Álamos, nos apuramos para guardar un lugar en la larga banca. Esperábamos que ella acudiera a la visita, ya que habíamos entregado su nombre en la entrada, pero pasó el tiempo, sin que ella apareciera. Al fin preguntamos a un guardia, quien, de malas maneras, nos dijo que se había equivocado y que no había allí nadie con ese nombre. Salimos más tristes que nunca y también de rabia, viendo como se reían de nuestra pena, sin otro aliciente que esperar hasta la próxima visita... Muchas veces hicimos cola en el SENDET, esperando una respuesta, porque en todos lados donde uno preguntaba nos decían "vaya al SENDET", allí le van a decir donde está. Eso era una burla.... Muchas veces esta situación me ha deprimido hasta el punto de ver casi esfumarse la esperanza de encontrarla, sobre todo cuando salió en la lista de los 119, pero nosotros sabíamos que estaba detenida acá. Fue un sentimiento muy difícil de explicar y de aceptar ¿Dónde está?... Entre las compañeras de la Agrupación he encontrado amigas para toda la vida, nos ha unido nuestro dolor y nos hemos fortalecido en la lucha por nuestros seres queridos, aportando cada una según sus posibilidades. A ellas y la Vicaría de la solidaridad les estaré eternamente agradecida". Agnes encontró dificultades en su propia familia. Su esposo, Alberto López, llegó a prohibirle que acudiera a la Vicaría al ver que ello acentuaba su sufrimiento y que él estaba convencido que su hija había sido asesinada y que nada podía hacerse. Agnes, devastada por el profundo y prolongado sufrimiento por la aciaga muerte de su hija, ya carente de toda esperanza, un día del verano de 1997 fue encontrada muerta en su cama. Sus tres hermanas renunciaron a seguir buscando a María Cristina y, colmadas por el dolor, se negaron incluso que se les tomaran muestras de ADN para la posible identificación de sus restos. En las ceremonias de recuerdo de la AFDD, solo asisten una prima y una sobrina de esta joven detenida desaparecida, portando su fotografía y el cartel ¿Dónde están?

La operación Colombo fue el más brutal e infame agravio que se pudo inferir a los detenidos desaparecidos y a sus familiares. Fue producto de mentes perversas de una crueldad e inhumanidad inconcebible. Se quiso mostrar a los desaparecidos como marxistas desequilibrados e inmorales que proyectaban organizarse en Argentina para luego regresar a Chile para efectuar actividades guerrilleras terroristas. A los familiares y a sus defensores se pretendió denigrarlos exhibiéndolos como títeres del comunismo internacional que mentían sobre el destino de los desaparecidos para desprestigiar al gobierno chileno. Al vil montaje se prestaron las publicaciones del consorcio El Mercurio y Copesa. Ya el mes anterior, junio de 1975, comenzaron los diarios a preparar el terreno para darle verosimilitud.. El 12, La Segunda, dirigida por Mario Carneyro, publicó en primera página: "Dos mil marxistas reciben instrucción en Argentina".. "Se organizan guerrillas en contra de Chile". En la página 28, agregó: "Fuerzas de Seguridad del Ejército argentino detectaron que dirigentes del MIR, a los cuales se da por desaparecidos en Chile y que los organismos internacionales al servicio del marxismo dan por asesinados, se entrenan en Argentina e incluso comandan compañías guerrilleras". El Mercurio, los días 14 y 16, publicó: "50 guerrilleros habrían sido detenidos en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera desde Argentina en un plan combinado del MIR chileno y el ERP argentino". Las Últimas Noticias del día 16, exhibió el gran titular: "Extremistas cruzan la frontera" El 13 de julio, La Tercera reprodujo una información obtenida desde Argentina que daba cuenta de la muerte de dos jóvenes, portadores de carné falso chileno, asesinados a balazos y luego quemados, encontrados acompañados de un lienzo con ,la leyenda "Dados de baja por el MIR". Luego, comentaba "la identidad de los dos miristas asesinados por sus ex compañeros de célula fue confirmada por las autoridades chilenas, y la organización privada Amnesty International, no tendrá otra cosa que borrar sus nombres de la lista de desaparecidos en Chile" Este fue el preámbulo de la maquinación principal  El 15 de julio, apareció en Buenos Aires una misteriosa revista, LEA, que publicaba una lista de 60 personas, bajo el rótulo: "Los que callaron para siempre". Aseveraba que "todas ellas habían sido eliminadas en los últimos tres meses por sus compañeros de lucha, durante una purga, resultante de la culminación de un largo proceso iniciado el mismo día de la caída de Allende, de divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero". Se acompañaba una fotografía de Salvador Allende, acompañado de Orlando Letelier y su esposa consignándose al pie de ella: "El padrino mata desde la tumba". Se agregaba que "se habían formado tribunales populares en el exterior de Chile, que dictaban sentencias contra ex militantes del MIR, calificados como informantes de organismos de seguridad o, simplemente, porque exteriorizaron su intención de desertar de la aventura". La noticia recibió amplia y destacada cobertura de la prensa chilena que participaba de la infame confabulación.

Al día siguiente, La Tercera publicó que funcionarios de la Secretaría en lo criminal  de la Corte de Apelaciones de Santiago les habían confirmado que la mayoría de los extremistas del MIR, muertos en las sangrientas luchas internas de ese grupo terrorista, tenían presentados, en su favor, recursos de amparo ante ese tribunal. Agregaba que los jueces se habían manifestado molestos "por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos, los  hubieran usado en el sucio juego de desprestigiar a Chile".

El 17 de julio, el desconocido rotativo O"Dia de Curitiba, Brasil, dio cuenta de otros 59 presuntos militantes del MIR, "muertos, heridos o evadidos", tras los dos últimos enfrentamientos, que acababan de tener por escenario la ciudad argentina de Salta, entre fuerzas policiales de aquella nacionalidad y grupos guerrilleros de la región. La Segunda reprodujo la noticia bajo el infamante título "Exterminan como ratas a miristas".  Las Ultimas Noticias, consignó la nómina de las 59 personas, e incluyó la noticia original de O"Día, calificando a esa momentánea publicación como "el diario más antiguo del Paraná". El editorial de El Mercurio del 10 de julio expresó: "los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la muerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la desaparición de muchos de ellos, tiene ahora la explicación que rehusaron aceptar".

Periodistas de la Agencia Reuter Latin investigaron el origen de las publicaciones, llegando a precisar la total falsedad de los hechos y lo burdo del ardid tramado desde Chile. Todas las otras investigaciones hechas por organismos de derechos humanos obtuvieron los mismos resultados. El diario La Nación de Buenos Aires, el 25 de junio de 1975, publicó: "desde Chile se ha montado un macabro mecanismo de relojería que asesina y hace desaparecer los cadáveres de sus víctimas con precisión geométrica, muchas veces quemando los cadáveres y esparciendo sus cenizas al viento... Una gran conspiración, con vínculos en territorio argentino, imaginó métodos siniestros que superan todo lo conocido de la Alemania de Hitler, acudiendo a publicaciones fantasmas en el extranjero y a cónsules que se prestan a difundir células de identidad falsificadas".

Este fracasado montaje demostró a los familiares el extremo grado de perversión y malignidad alcanzado por la dictadura. Les hizo disipar las escasas esperanzas que les restaban de encontrar con vida a sus deudos, abatiéndoles la certeza que habían sido asesinados. Mireya García, dirigente de la AFDD, comenta al respecto: "Con esta burda maniobra de la dictadura para responder a la comunidad internacional acerca del destino de los detenidos desaparecidos, nos obligó a iniciar un proceso extraordinariamente doloroso, asumir que nuestros familiares estaban siendo asesinados y sus cuerpos enterrados en lugares secretos, o sea, estábamos enfrentados a la desaparición forzada de personas"

Los daños psicológicos que presentan los familiares de los detenidos desaparecidos han sido enormes. Varios se han suicidado, como el caso de la madre de David Silbermann, la doctora Gurovich, quien se lanzó al vacío desde su departamento de las torres del San  Borja. Los casos de estos familiares que requieren ayuda médica psiquiátrica son altamente frecuentes. La Unión Europea, consciente de esta situación, ha hecho un importante aporte para la creación del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos -CINTRAS- para tratar los daños psicológicos y psicosociales producidos por la tortura, desaparición forzada e impunidad. También el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos -PRAIS- cuenta con varios psiquiatras para la atención preferencial de los familiares de detenidos desaparecidos.

Las esperanzas y vicisitudes de los familiares fueron evolucionando con los acontecimientos que se fueron produciendo en el trascurso del tiempo. Tendrían escasas satisfacciones, muchas expectativas abortadas y decepciones. Su anhelo de breve duración de la dictadura se fue esfumando ante las reiteradas declaraciones del régimen que se fijaba metas y no plazos y fijaba como objetivo el cambiar la mentalidad de los chilenos lo que requería muchos años. Vieron con indignación que la fundada condena de la ONU por violaciones a los derechos humanos fuese utilizada por el régimen de facto para afianzarse en el poder, mediante la manipulada consulta de enero de 1979. La destitución del general Leigh, quien promovía un cercano término de la dictadura, les restó esperanzas. El amañado plebiscito de 1980 lo vieron como un insulto a la racionalidad. La dictadura, usurpando el Poder Constituyente, impuso una Constitución que le garantizaba permanecer en el poder a lo menos cerca de 17 años y después un obligado cogobierno con los herederos del régimen. En ninguna parte del mundo se ha visto tal aberración, pero este entramado logró concretarse merced a la amenaza de las armas. Se integraron con entusiasmo a las protesta de los años 80, creyendo que el régimen se vería obligado a renunciar y se abriera el camino a su clamor de verdad. Se desilusionaron al constatar lo inútil de estos esfuerzos, al enfrentarse a una despiadada represión. El fracaso del atentado a Pinochet en septiembre de 1986, les provocó reacciones encontradas. Algunas habrían celebrado su éxito, pero la mayoría deseaba que viviera para ser condenado por sus crímenes. El triunfo del No y el retorno a la democracia les provocó renovadas expectativas que se vieron defraudadas. Dirigentes de la Concertación habían llegado a un pacto para estabilizar la situación política, no abordando la violación de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Además el escenario quedó "atado y bien atado" por la Constitución de 1980, con un Senado con miembros designados por el régimen anterior, con Fuerzas Armadas con poderes extraordinarios, con una Corte Suprema integrada por ministros de total confianza de Pinochet. El hábil y maquiavélico estratega político, Jaime Guzmán, había tomada precauciones para  que, de ningún modo, sucediera algo semejante a lo ocurrido en Argentina en donde fueron juzgados los integrantes de las Juntas Militares. El otro decisivo factor fue la permanencia de Augusto Pinochet en la comandancia en Jefe del Ejército hasta 1998, ejerciendo prácticamente un cogobierno y con su Institución brindándole culto, alcanzando hasta lo grotesco de nombrarle "benemérito". Pese a todos estos impedimentos, algo se logró a favor de la AFDD, durante el gobierno de Patricio Aylwin. La Comisión Rettig, creada por éste, expresó "Esta Comisión ha llegado a la convicción moral de que la llamada «desaparición» no es tal  Antes bien, se trata en todos los casos así declarados por esta Comisión, de una detención acompañada o seguida de medidas de ocultamiento y de negativas oficiales;  detención durante la cual, por lo general, se aplicaron torturas, y de la que se tiene la certeza moral que concluyó con el asesinato de la víctima y la disposición de sus restos de modo que no pudieran ser encontrados".

Una consecuencia favorable del retorno a la democracia para la AFDD fue el comienzo de la labor de identificación de los restos que habían quedado después de la operación "retiro de televisores" emprendida a fines de 1978. En 1991 se dio por fin inicio a las excavaciones de las tumbas del patio 29 del Cementerio General. El nombramiento de la doctora América González en el Servicio Médico Legal para la sección de identificación de los restos no les pareció adecuada a los familiares de los desaparecidos. Se comentaba en el SML su falta de competencia para la difícil identificación de osamentas removidas y alteradas por el paso del tiempo. Conocían su adhesión a la dictadura. Recordaban su controvertido informe de autopsia de Cecilia Magni, que no dejaba en claro que había fallecido víctima de torturas y la errónea identificación de unos presos quemados en San Miguel. Esta negativa impresión quedaría después de manifiesto cuando esta profesional omitió la expresión "de leve a", dejando solo "mediana" en el informe sobre la salud mental de Pinochet, causando el enfado del prestigioso neurólogo, Luis Fornazari, y que provocó que Pinochet fuera sobreseído en el caso "caravana de la muerte". Sospechaban que la doctora González solo deseaba darle un pronto final al problema de la identificación de los restos, sin importarle realmente si los resultados fuesen inequívocos.. Un informe de la Universidad de Glasgow, Escocia, en 1994, sembró dudas sobre la certeza de la identificación de los restos de este lugar que había realizado el Instituto Médico Legal de Santiago. La Universidad de Granada demostraría el 2010 que, de un total de 96 restos del patio 29, 48 identificaciones estaban erradas y en 37 no existía seguridad. O sea, la gran mayoría de los restos habían sido enterrados bajo identificación errónea. Los deudos habían llorado sobre la tumba de una víctima que les era ajena. Se había roto una regla básica de misericordia que siempre es necesario identificar para sepultar con dignidad. Si ello no ocurre, el quebranto psicológico de los deudos se agiganta, motivando serios trastornos mentales.

Ciertas determinaciones adoptadas por el presidente Eduardo Frei las defraudó profundamente. Su rechazó  a continuar el juicio a Pinochet, aduciendo razones de Estado, cuando existía clara trasgresión de probidad e irrefutable nepotismo, les pareció de una inconsecuencia abismante. También la construcción del penal de Punta Peuco para aquietar a los uniformados, dándoles condiciones excepcionales de comodidad, la consideraron de una debilidad que no esperaban. En ninguna parte del mundo había ocurrido una muestra de privilegio semejante. Manuel Contreras afirma actualmente que fue edificada especialmente para él cuando declaró que no pasaría un día en la cárcel al ser condenado por el crimen de Osvaldo Letelier 

La  detención de Pinochet en Londres les provocó júbilo y esperanzas de por fin lograr verdad y justicia al ser juzgado por un tribunal extranjero carente de compromisos y componendas políticas. El 27 de octubre de 1998, Sola Sierra, presidenta de la AFDD, expresó en una concentración en el parque O"Higgins: "Nada podrá detenernos hasta conquistar la verdad, la justicia y la verdadera democracia. Repudiamos a quienes creen que lo patriótico es pedir que Pinochet sea liberado y vuelva a Chile... No se acusa al Estado chileno, sino a la Junta Militar y los crímenes que cometió". Cada una de las decisiones en contra de Pinochet levantaban mayores expectativas de obtener la anhelada justicia. El veredicto más positivo fue el emitido el 14 de octubre de 1999 de la Corte de Bow Street. Parecía calzado a la situación de los familiares y promisorio para la condena del dictador. En él el magistrado Ronald Bartle fue bien claro en su dictamen Estableció que las torturas inflingidas a las víctimas no eran casos aislados, sino que constituían parte de una estrategia deliberada y sistemática para aterrorizar al país entero. Además expresó algo de gran importancia, "el secuestro y desaparición de los cuerpos constituía una violación presente y perpetua de la ley que todavía no había cesado y de la cual Pinochet era responsable". Al mismo tiempo, señaló que, en las audiencias de extradición, se debía tomar en cuenta la inusual crueldad de este tipo de represión debido al gran sufrimiento ocasionado a los parientes de los detenidos desaparecidos. Este trascendente veredicto, que sentó un precedente en la comunidad internacional, no pudo ser ignorado después por la justicia chilena.

Para la AFDD fueron indignantes las múltiples gestiones realizadas por el presidente Frei, Insulza, Lagos y otros dirigentes de la Concertación para que se lograra el retorno de Pinochet por artificiosas razones humanitarias. Estaban conscientes que en Chile iba a ser imposible condenarlo, como en realidad ocurriría.

Cuando el ministro Edmundo Pérez Yoma, de afinidad declarada con Pinochet, invitó a la AFDD a una Mesa de Diálogo en 1999, sus integrantes rechazaron la convocatoria. Ellas consideraron que era una maniobra coordinada con las Fuerzas Armadas para obtener el regreso de Londres del dictador. Y tenían razón. Sus resultados fueron frustrantes. Solo tuvo el mérito que, por primera vez, hubiera un reconocimiento institucional de la acción genocida de los militares. El general ® Ballerino comentaría sobre esta tardía confesión: "caímos en una trampa".

La muerte de Augusto Pinochet, sin ser condenado por la justicia, causó desengaño en las integrantes de la AFDD.. Ellas deseaban que viviera lo suficiente para que fuera sentenciado. Cada una de las dilatorias acciones de la defensa del dictador para que se muriera antes del fallo de alguna de las múltiples causas seguidas en su contra les indignaba. La ineptitud de la justicia chilena, que habían experimentado en carne propia, les había sido nuevamente demostrada.
La elección de Sebastián Piñera a la Presidencia, el 2010, les produjo pesimismo. Varios factores influían en ello. La inmensa riqueza hecha por este político al amparo de la dictadura, las inducía a pensar que no actuaría a favor de la penalización de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante ese período. Recordaban su ardiente discurso efectuado en la reunión masiva realizada para obtener el regreso del dictador desde Londres para evitar que fuese juzgado en España. También les inquietaba la ovación dada por oficiales y suboficiales en retiro, en el acto de campaña en el Centro Español, al escuchar sus planteamientos sobre aplicación de la amnistía y la prescripción. La aceptación del mandatario de reunirse en la Moneda con la Agrupación les pareció una maniobra para aparentar una postura a favor del respeto a los derechos humanos, pero no un real compromiso con la defensa de ellos. Y tenían razón, la reunión resultó un diálogo de sordos. Después de la cita, realizada el 26 de junio 2010, el ministro Rodrigo Hinzpeter no pudo dejar de exteriorizar su menosprecio por la AFDD. Se declaró desilusionado y manifestó que le pareció una "torpeza" la actitud asumida por las dirigentes que "habían desaprovechado una hora y quince minutos que pudieran haber utilizado para cimentar una relación fructífera y avanzar en sus demandas". La respuesta de la AFDD no se hizo esperar "Decir que una agrupación cometió una torpeza es un intento de denostar y desprestigiar la historia y la esencia que tenemos... Si la nueva forma de gobernar, de la cual se ufanan, es recepcionar sólo aquello que les congratula, están en un error. Si el avanzar en nuestras demandas se traduce en callar, en no discutir, en no expresar nuestras aprehensiones, están equivocados".

La propuesta de la Iglesia Católica de indulto con motivo del Bicentenario, provocó gran conmoción en el país. Los que con mayor fuerza se opusieron a la propuesta "Chile. Una mesa para todos en el Bicentenario" fueron los familiares de detenidos desaparecidos. Les mortificaba especialmente el párrafo: "no sería completa la mesa para todos si no se consideramos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar". La controversia fue agitada. La UDI la defendió ardorosamente y sin reservas. RN la acogió, pero hubo importantes disidentes como el ministro Hinzpeter y la senadora Lily Pérez. La Concertación la impugnó con firmeza. El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se declaró en contra, aunque especificó que lo hacía a título personal.

Las posiciones divergentes quedaron explícitas en las declaraciones siguientes:  José Antonio Kast, diputado de la UDI expresó: "El indulto a militares es necesario para la reconciliación. La única forma de cerrar las heridas es perdonando. Ello significaría una señal de reconciliación. Todos somos iguales ante la ley y no encuentro justo que si, en una fecha tan importante para el país como es el Bicentenario de la República, se entrega el beneficio del indulto a personas que cometieron delitos, se excluya del mismo a ciertas personas por ser militares. En este Chile del Bicentenario es necesario abrir los ojos. La única posibilidad de cerrar las heridas es que todos seamos capaces de perdonar. Hay mucha gente joven y decepcionada que heredaron los rencores porque solo ven trincheras y odios. Muchos de los condenados tienen una edad avanzada, están enfermos y han pagado sus faltas con años de cárcel. Lo mismo ha pasado con terroristas detenidos. Jaime Guzmán, quien perdió la vida hace 20 años, muy probablemente hoy estaría por el perdón"

El sacerdote Hugo Tagle, publicó la columna "El perdón limpia el alma", en que decía "Es hora de reflexionar sobre nuestra capacidad de perdonar (...) Sé de gente que arrastra una ofensa por años, amargándose la vida. Más pierde quien no olvida que quien ha ofendido. La propuesta de la Iglesia es sabia, ponderada y atingente. Una buena oportunidad para hacer nuestro "indulto personal", limpiar el alma de tanto rencor que nos envenena por dentro... Atrévase a perdonar de corazón. Será más feliz".

Roberto Garretón, abogado del Instituto de Derechos Humanos, profundo conocedor de las penurias de los familiares, opinó: "Está equivocada la Iglesia Católica, los que buscan la reconciliación somos los que queremos distinguir entre las víctimas y los victimarios. No puede ignorar la Conferencia Episcopal que estos indultos van a agravar, reforzar y perpetuar el dolor de las víctimas, las cuales ya están excluidas porque no se sienten representadas por el Estado... Comenzó una pobre reconciliación durante los 20 años de gobiernos democráticos y ahora se dará un paso atrás en el acercamiento entre el Estado y las víctimas para integrar a los asesinos. Esto es inaceptable. Los criterios incluidos en la propuesta para beneficiar a violadores de los derechos humanos, como son el arrepentimiento, gradualidad de la responsabilidad, entre otros, no son cumplidos en ninguna situación. Otro criterio que menciona la Iglesia es que se hayan arrepentido ¿Usted conoce alguno?. Nadie ha dicho que recibió órdenes, todos dijeron que no habían hecho nada malo. José Zara decía que no había hecho nada... Si lee la declaración del Cuerpo de Generales, todos dicen que el Presidente Piñera no debe dejarse influir por estas personas que propician el odio, con lo cual siguen descalificando a las víctimas ¿Eso es lo que quiere Larroulet quien ha negociado estas cosa. Me parece insoportable".

Frente a tan grande división, y la aparición de encuestas claramente desfavorables al indulto, el presidente Piñera, no tuvo otra alternativa que negarse a enviar un proyecto de indulto general al Parlamento. En cambio, le dio una dimensión muy restrictiva, prometiendo no otorgarlo a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la decisión de otorgarlo estudiando la situación caso a caso no les da total confianza a las integrantes de la AFDD. Recuerdan que, en la oportunidad en que el presidente Lagos lo otorgó al suboficial del Ejército, Manuel Contreras Donaire, fue encomiado por Piñera por lo acertado de la medida. Tienen presente que este violento sujeto había sido una de los autores materiales del alevoso crimen de Tucapel Jiménez, sin manifestar arrepentimiento alguno. No olvidan que Lagos dijo al concederlo que "era una señal potente de dejar las cosas en el pasado", lo cual podría ser imitado por el actual mandatario..

Corolario.-

Chile tiene aún una deuda pendiente con los centenares de familiares de los detenidos desaparecidos. No ha tomado cuerpo la idea que la verdad y la justicia es el componente indispensable para la reconciliación y no clemencia para los militares, como parece creer la Iglesia. El tiempo no ha corrido a favor de los deudos, sus frustraciones se han sucedido una tras otra. Hace falta una auténtica política pública en materia de memoria histórica. Lo realizado ha sido exiguo. Se hace necesario instalar una propuesta en la sociedad que la despierte como un todo y comprenda el drama que agobia a estos familiares. El Estado chileno ha sido incapaz de asumir frontalmente la trágica memoria colectiva, pese a haber trascurrido más de 20 años del supuesto retorno a la democracia, con una transición jamás completada. Instalado un gobierno de derecha, por voluntad popular mayoritaria, en el cual participan e influyen defensores de la dictadura, esto será aún más problemático. Es difícil imaginarse alguna acción a su favor cuando tantos personajes de los partidos gobernantes defienden a brazo partido al ex embajador Miguel Otero en sus favorables opiniones sobre la represión. La situación de deuda aparece muy difícil de saldar, al existir una sociedad de mercado en que prima el individualismo, el consumismo, el ansia de lucro, el exhibicionismo farandulero y la falta de auténtica solidaridad que la hace insensible al sufrimiento de los demás. Los principales deudores son los militares tan renuentes a colaborar para esclarecer la verdad de lo ocurrido a los detenidos desaparecidos, con un mal entendido espíritu de cuerpo y de lealtad a Pinochet. La Corte Suprema que. si hubiese cumplido debidamente su rol durante la dictadura. habría evitado tantas muertes, hoy en día sistemáticamente reduce las penas que los jueces aplican a los que han cometido crímenes de lesa humanidad Los medios de comunicación, que tan vilmente los denigraron durante la dictadura, permanecen indiferentes o los censuran, cuando deberían tener un sentimiento de culpa. La Iglesia Católica, que hizo tanto a su favor en los tiempos del cardenal Silva y los obispos Santos, Camus, Hourton, González y otros, aparece ahora en una postura en defensa de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos con la creencia que con ello contribuye a la reconciliación.

Artículo escrito en memoria de María Cristina López Stewart.