FERNANDO PAULSEN

La salida del gabinete de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, era inevitable. Su firma en el Decreto Exento No.8 y el hecho que su ministerio -cuando se presentaron las dudas sobre el convenio- no impugnara el acuerdo judicial en el tribunal, cuando todavía había plazo para hacerlo, transformó a ese decreto en un título ejecutivo que autorizaba a una empresa contratista a cobrar $17.000 millones en gastos extras, derivados de la construcción de un corredor del TranSantiago. Y el Estado no podía hacer nada para evitarlo. Si, hasta ahora, no se ha cobrado lo que se autorizó en ese Decreto Exento y en la sentencia posterior es solamente porque la empresa Kodama no ha hecho valer su título ejecutivo. Según han dicho sus abogados, no tienen problemas en esperar los resultados de las investigaciones del Idiem y de Contraloría. Pero a no confundirse: el acuerdo conciliatorio ejecutoriado, derivado del acuerdo de Minvu y Kodama, no depende de las ganas del Fisco de hacer el cheque; hoy sólo depende de la voluntad de la empresa de solicitar el pago. Cuando eso lo entendieron todos en el Minvu y en La Moneda, la suerte de la ministra estuvo echada.

¿Y qué pasa si el Idiem, en cuanto a los montos, y Contraloría, en cuanto a las formas, respaldan lo que se negoció? Es decir, que el grupo de trabajo que acordó pagar esa suma a Kodama hizo bien su pega. Bueno, en ese caso sería incomprensible que el Minvu haya resuelto unilateralmente frenar el proceso de pago, mandatar una revisión de toda la negociación, poner en entredicho a jefes del Serviu y Minvu y haber solicitado que el Ministerio Público investigara la posibilidad, como lo sugirió el ministro del Interior, de que la operación contuviera un fraude al Fisco. Es tan brutal la paralización del proceso de finiquitación del acuerdo, que parece inconcebible que se pueda llegar a la conclusión de que la negociación, después de todo, estuvo bien realizada. Si el acuerdo fue irregular o si fue correcto y se hizo escándalo por nada, en ambas situaciones, la ministra no tenía posibilidad de seguir en su puesto.

Se puede argumentar, como lo hizo la ex ministra, que hubo una larga cadena de visaciones y "moscas" que varios jefes de departamento certificaron y avalaron. A estas alturas, después del costo que se ha pagado con la salida de Magdalena Matte, lo único que eso significa es que vienen más renuncias por el camino. Insisto, si la ex ministra señala que cómo no iba a firmar, si había un reguero de firmas previas de jefes técnicos y abogados que respaldaban el acuerdo con Kodama, lo razonable es que esas personas sigan el derrotero de quien fue víctima de sus firmas.

Hay un ingrediente adicional en este caso. Tiene nombre y apellido. Es el abogado personal y familiar de la ex ministra, que ella llevó al ministerio para que la asesorara directamente. Álvaro Baeza, hoy por hoy, no sólo ha sido sindicado por la empresa y por varios funcionarios del Serviu y el Minvu como el encargado por la ex ministra de facilitar la negociación con Kodama. Además, se está transformando en un símbolo del afuerino que es empoderado por la autoridad, saltándose los mandos formales y generando el recelo de los desplazados. Cuando se dan estos conflictos en las organizaciones, el resultado es que al primer problema que haya se denuncia al "intruso" con poder. A veces con razón y otras para deslindar responsabilidades propias, cargando exageradamente a quien se considera un advenedizo.

Cuando el fiscal José Morales le preguntó, el 13 de abril pasado, al subsecretario Andrés Iacobelli lo que sabía de lo que hoy se conoce como Caso Kodama, éste contestó: "Recuerdo que la primera vez que hablamos por teléfono con la ministro sobre este caso, ella me dijo, entre otras cosas, que llamara a Álvaro Baeza. Me señaló que ella había encomendado a Álvaro Baeza a hacerse cargo de esto".

¿Qué significa "hacerse cargo de esto"? ¿Puede un Subsecretario desligarse de su labor administrativa porque la ministra le dice que un asesor personal se hará cargo del caso? A juzgar por el resultado de esta negociación, era clave que el Subsecretario debía estar no sólo informado, sino participando directamente en el acuerdo. Después de todo, si cristalizaba el asunto, como ocurrió, en un decreto ministerial, el Subsecretario debía firmarlo junto a la ministra. Si Iacobelli no lo hizo en este caso fue solamente porque estaba de vacaciones y firmó su subrogante. Si no hubiera estado fuera de Santiago, él tendría que haber visado también lo que, según su declaración al fiscal, la ministra había encomendado a Baeza. ¿Tanto era el poder del asesor personal, como para dejar al margen de un acuerdo de pagar US$ 35 millones al Subsecretario que debía firmarlo? Parece difícil de creer, pero así se ha dicho que pasó. De hecho, la misma ex ministra señaló públicamente que cuando el Director de Finanzas, Daniel Johnson, (otro no tomado en cuenta durante la negociación) pide antecedentes al Serviu para respaldar la operación, recién ahí Iacobelli reaparece, apoyando la detención del proceso de pago. Lección para asesores fuera de la cadena formal de mando: brillan mientras dure la majestad de su jefe. A la caída de éste, se le pasan al asesor las cuentas pendientes reales y también las ficticias.

El Presidente Piñera, por segunda vez en menos de un mes, intenta ahora que se pase "a otra cosa, mariposa". Llega un nuevo ministro, con largo historial en la empresa privada y un corto período como Intendente de la Región de O'Higgins. Rodrigo Pérez encabezará un ministerio del que dependen las expectativas de futura casa de cerca de 800.000 damnificados por el terremoto del 27/F más 2 millones 400 mil personas que aspiran a un subsidio regular de vivienda desde hace años.

En la ceremonia de juramento del nuevo ministro, el Presidente modificó esas expectativas respecto de lo prometido anteriormente. A principios de noviembre, según lo que se le había informado desde el Minvu, las cosas eran así:

"A diciembre de este año entregaremos 100.000 subsidios. Como hay un rezago de construcción de seis meses, a junio de 2011 esas casas estarán construidas o en avanzado estado de construcción", dijo el Presidente en Tolerancia Cero. En realidad, el  Gobierno informó que a diciembre entregó más de 120.000 subsidios, cerca de 44.000 de ellos para reconstruir casas destruidas por el terremoto. El resto eran subsidios de reparación de 55UF c/u para casas que se mantuvieron en pie. Sin embargo, la realidad ha demostrado que esos seis meses de rezago en la construcción de las viviendas, después de entregados los subsidios, no se van a cumplir. Por lo que el Presidente aprovechó ayer la ceremonia de juramento del ministro Pérez para cambiar los plazos y las promesas.

"Queremos que antes que comience el invierno, todas las viviendas que fueron destruidas, y cuyas familias actualmente se encuentran en Aldeas, hayan logrado ser entregadas a las familias beneficiarias o estén en un notable grado de avance". Para ello, fijó como plazo el 21 de junio próximo. Aquí se produce un importante cambio a la promesa anterior: si en noviembre pasado, los subsidios entregados a diciembre del 2010 se convertían en junio del 2011 en casas terminadas o en franco avance de terminación, ahora lo que se promete para junio es que las familias viviendo en Aldeas tendrán su casa construida o en notable avance de construcción. La diferencia es fácil de visualizar: hubo 44.000 subsidios de reconstrucción mientras que en las 104 Aldeas del país habitan hoy alrededor de 4.200 familias. Para ponerlo en palabras del propio Minvu en su presentación PowerPoint sobre las Aldeas.