FERNANDO PAULSEN

El caso Minvu-Kodama tiene tantas cosas inexplicables que se hace necesario, primero, dar cuenta de lo que nadie objeta:

1) No se discute que a la constructora Kodama se le adeudan gastos generales extras por un contrato con el Serviu para construir el Corredor Pedro Aguirre Cerda del TranSantiago. Se difiere en el monto, desde que Kodama pide alrededor de $7.000 millones a fines del 2009 hasta que entabla demanda judicial por $41.550 millones a fines de diciembre del 2010. Al principio, el Serviu considera que se deben pagar a Kodama alrededor de $950 millones (erróneamente publicados en posteo anterior como $500 millones), para terminar el Minvu respondiendo a la demanda con una oferta de $17.000 millones apenas cinco semanas después de presentada la acción judicial.

2) No se discute que el acuerdo ofrecido por el Minvu por los $17.000 millones está ejecutoriado como sentencia judicial.

3) No se discute que esa oferta de $17.000 millones fue visada por, a lo menos, seis mandos medios y ejecutivos del Minvu y el Serviu, antes de llegar a la oficina de la ministra.
4) Y, por cierto, no se discute que la oferta fue ratificada en un Decreto Exento, del 25 de enero del 2011, con la firma de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, y del subsecretario subrogante, Guillermo Rolando, los dos más altos funcionarios públicos del ministerio presentes en la fecha.

Surge la primera y obvia pregunta: ¿cómo una oferta propia, que pasó por tantas miradas e inspecciones de funcionarios, y hasta de la ministra, fue detenida súbitamente cuando sólo faltaba pagarla? Insisto, aquí no se está deteniendo un cheque por un monto exigido desde afuera. Se evitó hacer el cheque que el mismo ministerio proponía pagar. Más aún, se envió toda la documentación al respecto al Ministerio Público y se contrató post factum al Idiem para que evaluara si correspondía pagar lo que se había ofrecido y acordado pagar. ¿Por qué?

Para intentar contestar esa pregunta es necesario incursionar en la negociación entre Kodama y el Minvu. Aquí la memoria de algunos tiene vacíos importantes, pero existen documentos que permiten evaluar la posición original y el desarrollo de uno de los principales actores, la empresa constructora que reclama se le adeudan miles de millones de pesos por gastos no contemplados, cuya responsabilidad atribuye al Serviu, desde el 2006 hasta mayo del 2010.

La constructora Kodama no es recién llegada a las obras públicas. Lleva 18 años contratando obras con el Estado y jamás había sido siquiera multada en todo este tiempo. Según la empresa, el problema del corredor PAC del TranSantiago tiene que ver con ineficiencia del Serviu en varias áreas: en la definición del proyecto, que requirió  en tres años 130 modificaciones al contrato original; en la capacidad de tener disponibles los terrenos prometidos para el corredor mediante las expropiaciones correspondientes. Según Kodama, "al 30 de noviembre del 2007, ocho meses después de lo pactado, sólo se había entregado el 45% de los terrenos. El 100% sólo se logró el 25 de noviembre de 2008, 19 meses después de lo establecido". También reclama la empresa que no hubo negociación entre el Serviu con las cinco comunas por donde pasaría la obra, lo que redundó en que Kodama terminó pagando servicios y obras que debieron ser de cargo de las municipalidades. Todo lo anterior, más otros aumentos derivados de los mismos o parecidos problemas, significaron, según la empresa, que una obra que debía demorarse 336 días corridos, terminó recibiéndose con una calificación de 95 puntos sobre un total de 100, el 27 de mayo del año pasado, 30 meses después de lo estipulado en el contrato original.

Kodama reconoce que en el 2009 hace una primera reclamación por gastos generales extras por un total de aproximadamente $7.000 millones, que el Serviu no reconoce, ofreciendo en cambio un monto de $959 millones por demoras en una obra, el colector Lo Errázuriz, que Contraloría rebaja a $95 millones, por considerar que esa obra no forma parte del contrato original, por lo que debe ser calculado su atraso respecto de su contrato específico, y no del contrato original. Por esta razón, Kodama argumenta que la Contraloría nunca falló respecto de la reclamación de gastos generales del contrato original por $7.000 millones, sino sólo por este anexo del colector.

Cuando cambia el gobierno y llega la actual administración, Kodama pide una reunión con la ministra Matte. Esta, según la empresa, se realiza el 8 de junio de 2010. En ella, la ministra recomienda hacer una reclamación formal, la que fue ingresada el 2 de agosto de 2010. A partir de esta reclamación, siempre según Kodama, se convoca a la empresa a una reunión que sería clave para definir el resultado del problema. La ministra Matte recibe a cuatro representantes de Kodama, Kenji Kodama y tres abogados: Darío Calderón, Rodrigo Alcaíno y Matías Cortés. En la amplia sala de reuniones hay más personas. La ministra señala que debe atender otros asuntos oficiales, pero que deja a su asesor personal, el abogado Álvaro Baeza, a cargo de la reunión. Apenas sale la ministra, Baeza toma el control de la discusión y presenta a los demás asistentes: el nuevo director del Serviu, Antonio Llompart; el subdirector jurídico, Rafael Marambio, y el subdirector de Pavimentación, Franz Greve.

Según las fuentes de Kodama, quien inequívocamente dirige la reunión, y las posteriores donde estuvo presente, fue el asesor Baeza. En esa primera convocatoria, Baeza establece que se debieran juntar a lo menos dos veces por semana, los martes y los jueves, que debieran dejar resuelto este problema en 90 días, y que lo que necesite la empresa discutir fuera de esos días se puede hacer directamente por teléfono. Cosa que ocurre con relativa frecuencia en esos meses desde la primera reunión, a fines de agosto, hasta que se acuerda el monto que ofrece el Serviu de $17.000 millones, incluido IVA, a principios de diciembre, que concuerda bastante con el Informe del Dictuc, contratado por Kodama y presentado al grupo de trabajo, que considera se deben pagar a la empresa alrededor de $17.000 millones sin IVA.

Si ya se había establecido un grupo de trabajo con mandato directo de la ministra y destinado a solucionar el impasse, ¿por qué entonces se demanda al Serviu en diciembre del 2010? La respuesta de Kodama es de plazos legales. "Cuando estábamos ya prácticamente listos en el monto a pagar, a principios de diciembre, el Serviu nos ofrece una modalidad de pago que va más allá del plazo límite de seis meses antes que el cobro prescriba, lo que le hacemos presente al subdirector jurídico. Por lo que recomienda que se entable la demanda y que el acuerdo, ya casi listo, se refine y se transforme en fallo conciliatorio judicial".

La empresa dice que hace exactamente lo sugerido y el 15 de diciembre entabla demanda en el Décimo Juzgado Civil de Santiago, por un monto de $41.550 millones sin IVA, donde se cobra desde los dichosos gastos generales ($ 12.700 millones) hasta daños a la imagen comercial de la empresa ($5.000 millones), pasando por sobre costos de $8.800 millones y lucro cesante ($9.100 millones).

Consultada Kodama de por qué si ya existía consenso en que Serviu pagaría alrededor de $17.000 millones, la demanda se hizo por más del doble, le respondieron a El Post que "eso correspondía a todo lo que creíamos nos debían. Había acuerdo, sí, pero en una demanda judicial nunca se sabe el resultado final hasta que hay fallo. Si se respetaba el acuerdo, como se hizo, no había problemas, pero si no se respetaba, entonces exigiríamos todo lo que nos debían".

Efectivamente, en un tiempo velocísimo -se entiende la rapidez si estaba todo listo-, el 25 de enero del 2011 se dicta el Decreto Exento No.8, donde se establece el ofrecimiento de pago a Kodama por parte del Serviu, fijado en 774.765 UF, "a fin de poner término al litigio", fundamentos y monto que son aprobados y firmados por la ministra Magdalena Matte y el subsecretario subrogante, Guillermo Rolando, ya que el titular estaba de vacaciones.

Al día siguiente se firma el acuerdo, que a estas alturas es una transacción judicial, que es prontamente ratificada por el tribunal, quedando la sentencia ejecutoriada.

Las preguntas caen por borbotones: si había consenso, ¿por qué no llegaron el Serviu y Kodama a un acuerdo extrajudicial? No hay claridad. Kodama dice que advirtieron que se les vencía el plazo para demandar y el Minvu sugirió que lo hicieran por esa vía. El Minvu dice que demandar era resorte exclusivo de la empresa. Lo cierto es que no es lo mismo un acuerdo extrajudicial que una sentencia judicial de conciliación: por norma, un acuerdo extrajudicial del Serviu debe ser visado por Contraloría. Una transacción judicial ratificada por un tribunal, no. Si alguien tenía interés en no incluir otra mirada que dilatara las cosas y revisara la negociación, la demanda judicial era la fórmula para evitar la presencia de Contraloría.

La otra pregunta obvia es: si todo estaba tan claro, según se ve en el Decreto Exento, y era fruto de un grupo de trabajo empoderado por la ministra, ¿por qué se paraliza el pago? Ella ha dicho que el director de Finanzas, Daniel Johnson, sugiere tener más antecedentes antes de pagar. Basta con eso, según la ministra en La Segunda, para detener lo que había sido la obra de un acuerdo visado por a lo menos seis personas, incluyéndola a ella.

La cosa no se queda en una simple revisión, no. Se contrata un abogado externo, se convoca al Consejo de Defensa del Estado, se contrata con el Idiem -que dicho sea de paso tiene su acreditación de consultor externo vencida en el Minvu- un estudio para ver si corresponde pagar lo que ya estaba decretado que debía pagarse. Y, la guinda de la torta, la ministra acompaña todos los datos al Ministerio Público, que menos de 24 horas más tarde incauta dos computadores de la dirección del Serviu. ¿Todo eso porque el Director de Finanzas pidió más antecedentes?

Otra pregunta que se deriva de convocar al Ministerio Público a esta historia es: ¿solicitó la ministra se investigara un delito? Si es así, ¿cuál? El Ministerio Público no actúa como asesor de los ministerios, sino como persecutor de potenciales delitos. Si está investigando e incautando debe estar buscando la posibilidad de un acto criminal, que hasta ahora no se ha explicitado.

Que no se haya pagado, como se ha intentado decir, no significa que la institucionalidad funcionó. Si en algo funcionó tiquitaca fue en acordar un monto a pagarle a Kodama, después de una negociación establecida por el Minvu y que terminó en un Decreto Exento y un fallo judicial. Esa es la institucionalidad. "La institucionalidad funcionó porque no se pagó" no es una explicación muy precisa. El argumento que se ha entregado, hasta ahora, es que bastaron las dudas del director de Finanzas para trancar todo lo que la institucionalidad del Minvu había estudiado y resuelto. Eso no parece muy verosímil.

Por último, la ministra ha dicho en el diario La Segunda de ayer, respondiendo sobre la actuación del abogado Álvaro Baeza: "Es asesor del gabinete, pero no firmó absolutamente ningún papel. Tampoco participó en ninguna reunión". Esto contradice directamente lo dicho por la empresa, sobre que era Baeza el mandatado para coordinar el grupo de trabajo, que asistió a varias reuniones en tal sentido y que mantuvo negociaciones telefónicas con abogados de Kodama, también varias veces. Supongo que si con sólo un día de investigación el fiscal a cargo ya ordenó incautar computadores del Serviu, no pasará mucho tiempo antes de que consiga los registros telefónicos que comprueben o desmientan esta versión.

Álvaro Baeza este año ya no aparece como asesor ministerial en la página de Gobierno Transparente del Minvu. Estuvo ahí, con honorarios de $2.5 millones mensuales, el 2010. La ministra ha dicho que fue iniciativa de Baeza dejar el ministerio, "por razones de transparencia".

El caso Minvu- Kodama parecía una historia de desencuentro entre una repartición del Estado y un contratista, como hay muchas. Pero cada día que pasa lo que se veía tan claro se oscurece. Y cuando hay investigación penal y muchos recursos públicos de por medio, que se oscurezcan las cosas sólo garantiza que hay algunos que sentirán el peligro de sus actuaciones pasadas y tratarán de salvar el pellejo a costa de que paguen los demás.