LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES
FELIPE PORTALES
Más que una autocrítica por haber perdido las elecciones presidenciales, el liderazgo de la Concertación le debe explicaciones al pueblo chileno por no haber cumplido -¡en veinte años!- sus compromisos de democratizar realmente el país y de sustituir el modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura, por otro que posibilite la justicia social.
En efecto, el liderazgo de la Concertación tiene que explicar en primer lugar por qué modificó sustancialmente su concepto de democracia. Recordemos que en la década del 80 aquel liderazgo planteó claramente que la Constitución del 80 era esencialmente antidemocrática; y que debía ser reemplazada por otra que fuera el producto de una Asamblea Constituyente libremente electa por todo el pueblo chileno. Y que, en cambio, a partir de agosto de 1991 -y sin que ninguno de sus rasgos más antidemocráticos hubiese sido eliminado- señaló que dicha Constitución era democrática, solo que "imperfecta". Así, el entonces presidente Aylwin señaló que "la transición ya está hecha"; que "en Chile vivimos en democracia" y que "esta democracia es susceptible de perfeccionarse". (El Mercurio; 8-8-1991)
Es decir, para el liderazgo concertacionista ya existía democracia en Chile pese a la subsistencia de un sistema electoral binominal que distorsionaba completamente la voluntad popular en la composición del Congreso Nacional; de quorums para reformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales que impedían que ellas fueran modificadas sin el concurso de la derecha que las impuso; y de una virtual subordinación del poder político a las Fuerzas Armadas, producto de la inamovilidad de los comandantes en jefe y de un Consejo de Seguridad Nacional tutelar.
Aquellos rasgos ya no eran percibidos como factores que impedían la democracia, sino solo como elementos que la hacían imperfecta. Este giro copernicano se acentuó aún más -si cabe la expresión- cuando en 2005, luego de reformas constitucionales que eliminaron algunos de los dispositivos antidemocráticos de la Constitución del 80 -como la tutela militar formal-, el liderazgo de la Concertación ¡aceptó hacer suya dicha Carta Fundamental! De tal manera que conservando el sistema electoral binominal y los altos quorums requeridos para reformarla -así como los de las leyes orgánicas constitucionales- el liderazgo concertacionista procedió a proclamarla como la "Constitución de 2005", reemplazando la firma de Pinochet por la de Lagos y de todos sus ministros. Dicho cambio cosmético solo ha servido para la vergüenza histórica de todos quienes lo suscribieron ya que -pese a los pocos años transcurridos- ya nadie toma en serio el que ahora tengamos una "nueva" Constitución.
Es importante destacar que entre los rasgos autoritarios y neoliberales de la Constitución refrendada por el liderazgo concertacionista en 2005 tenemos una concepción decimonónica del derecho de propiedad que solo permite su expropiación previo pago al contado del total del bien, de acuerdo al monto fijado por tribunales; la inexistencia del derecho al trabajo (se estipula solo "la libertad de trabajo"); restricciones para que el Estado desarrolle actividades empresariales; la posibilidad de que el Congreso apruebe hasta por un año -a través de la delegación de de sus atribuciones legislativas- una dictadura económica del Presidente de la República; la proscripción de partidos políticos, movimientos u organizaciones sociales por razones ideológicas; la casi total imposibilidad del Congreso de aprobar leyes que no cuenten con la aprobación presidencial; la virtual inexistencia del recurso al plebiscito en caso de discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; la preservación de la facultad monárquica de indulto presidencial; la prohibición de que diputados y senadores -¡so pena de cesación de sus cargos!- puedan interceder a favor de organizaciones de trabajadores que se encuentren en conflictos laborales; la prohibición también para que alguno de ellos "propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución" -es decir, ¡incluso la promoción de una Asamblea Constituyente!-; la facultad presidencial para decretar hasta por un mes el estado de emergencia al margen del Congreso Nacional; y la prohibición para que los tribunales de justicia puedan "calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción".
Además, la preservación de la Constitución del 80 ha sido uno de los factores claves que contribuyen a mantener el conjunto de la institucionalidad política, económica, social y cultural impuesta por la dictadura. Las numerosas leyes orgánicas constitucionales y leyes simples dictadas por la Junta de Gobierno, que refundaron la sociedad chilena en la década del 80, se inspiran en dicho texto constitucional y lo refuerzan.
Por último, los planteamientos efectuados por el liderazgo concertacionista -al calor de la reciente campaña presidencial- de volver a propiciar una nueva Constitución serán un nuevo engaño más al pueblo chileno, en la medida que no se planteen a través de una Asamblea Constituyente. En el contexto de la Constitución del 80 es clara la imposibilidad -dado los quorums requeridos- de una profunda reforma de ella sin el concurso de la derecha minoritaria que la impuso.
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (II)
El liderazgo de la Concertación debe explicarle también al pueblo chileno porque abandonó su compromiso de luchar por implantar un modelo económico que promoviera la justicia social, en sustitución del sistema neoliberal impuesto por la dictadura. Precisamente, el objetivo fundamental de la dictadura fue la refundación de Chile sobre bases liberales extremas que promovieran el afán de lucro y consumo, el individualismo y la atomización social, con la consiguiente concentración de la riqueza; de acuerdo a las orientaciones prohijadas por la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago.
Era claro que el pueblo chileno nunca habría escogido libremente la implantación de un modelo y un sistema tan atentatorio para sus derechos e intereses fundamentales. Es lo que reconoce desembozadamente Andrés Allamand: "Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones. [1] Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema". [2]
Evidentemente que sin una política de terrorismo de Estado la sociedad chilena se habría opuesto exitosamente a la obra económico-social de Pinochet: Al desmantelamiento de las importantísimas labores de intervención del Estado en la economía desarrolladas a favor de la igualdad y la protección social; a la destrucción del poder de los sindicatos, juntas de vecinos y de los colegios de profesionales y técnicos; a la introducción de sistemas de educación, salud y previsión social regidos por el afán de lucro; a las privatizaciones efectuadas a vil precio a favor de los grandes grupos económicos; a una ley de concesiones mineras que daba lugar a la reprivatización de la mayor parte de la gran minería del cobre; etc.
Todos los partidos que luego formarían la Concertación se opusieron también, frontal y públicamente, a dicha obra económico-social. Sin embargo, una vez en el gobierno los partidos de la Concertación se "olvidaron" de aquellas críticas y emprendieron políticas económicas de "consenso" con la derecha, que legitimaron y consolidaron las "modernizaciones" de la dictadura en el plano laboral, sindical, previsional, educacional, sanitario, minero, agrícola, industrial, financiero, etc.
De este modo, considerando los aspectos estructurales de la sociedad chilena, vemos que no ha habido ningún cambio relevante entre 1990 y 2010. Observamos el mismo Plan Laboral; las mismas AFP e Isapre; la LOCE cosméticamente transformada en la LEGE; la misma ley de concesiones mineras; la misma ley sobre universidades; el mismo rol subsidiario del Estado; etc.
Y nadie puede explicar legítimamente aquello porque los gobiernos de la Concertación no hubiesen tenido las mayorías parlamentarias para transformar, al menos, gran parte de las estructuras anteriores que no quedaron impuestas en base a leyes orgánicas constitucionales, las que requieren 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. El gobierno de Lagos obtuvo mayoría parlamentaria en ambas cámaras (gracias a los desafueros de los senadores Pinochet y Errázuriz) entre agosto de 2000 y marzo de 2002. Y el gobierno de Bachelet la logró desde su comienzo, manteniéndola varios años. Sin embargo, ninguno de ellos intentó modificar sustancialmente dichas estructuras en la perspectiva de reconocer los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de la población.
La explicación de lo anterior la proporcionó la "eminencia gris" de la transición, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997: "Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad". En el, Boeninger reconoció que el liderazgo de la Concertación experimentó un vuelco en su pensamiento económico que lo llevó a una "convergencia" con la derecha. Señaló, además, que "en este proceso de convergencia económica tuvo significación el acercamiento que se fue produciendo entre los economistas profesionales. En un primer momento fueron los economistas democratacristianos los que, en contraste con las décadas del 60 y 70, pasaron a hablar un lenguaje técnico similar y a compartir conceptos teóricos con los economistas liberales". Y que "la inserción de una gran mayoría de economistas en un marco común de análisis se fue extendiendo a los teóricos de ideología socialista, a medida que el exilio hizo a muchos conocer y valorar las prácticas capitalistas de Europa Occidental, en tanto que otros se desilusionaron en el contacto directo con la mediocre realidad de la economía estatizada y las limitaciones de la planificación centralizada".
Por último, Boeninger reconoció también paladinamente que "la incorporación de concepciones más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes".[3]
Sin embargo, hasta la fecha el liderazgo de la Concertación ha continuado diciéndole al país que representa una alternativa centroizquierdista al neoliberalismo...
[1] Un modo elegante de señalar que se contemplaban todos los medios eficaces para imponer las transformaciones al país, sin limitación alguna: La desaparición forzada y la ejecución de miles de personas; la detención y tortura de decenas o centenares de miles; el exilio de otras decenas o centenas de miles de chilenos; las exoneraciones por razones políticas de decenas o centenas de miles de trabajadores, estudiantes y docentes; un toque de queda de más de una década; etc.
[2] Andrés Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999, p. 156.
[3] Edgardo Boeninger.- Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; 369-70.
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (III)
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno el regalo que hizo en 1989 a la futura oposición de derecha de la inminente mayoría parlamentaria que le aguardaba al presidente Aylwin, de haber mantenido intacta la Constitución del 80. El que una coalición política haya preferido ser minoritaria en el parlamento constituye, muy probablemente, un caso inédito en la historia.
En efecto, la Constitución del 80 -en el obvio entendido de que Pinochet sería ratificado como presidente en el plebiscito del 88- estipulaba, mediante sus artículos 65 y 68, que el futuro presidente dispondría de mayoría parlamentaria simple teniendo mayoría en una cámara y solo un tercio en la otra. Considerando que la derecha chilena ha sido históricamente minoritaria y que el Senado original estaba formado por 26 senadores electos (2 por cada región del país) y 9 designados directa o indirectamente por el propio Pinochet, este último habría contado con una mayoría en la cámara alta; y gracias al sistema binominal hubiese contado demás con el tercio de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, dada la derrota de Pinochet en aquel plebiscito, el prospecto anterior favorecería inminentemente a la Concertación. Era prácticamente seguro que su candidato presidencial -Patricio Aylwin- sería electo a fines de 1989; y lo mismo se esperaba en relación a las elecciones parlamentarias: La Concertación obtendría con creces -pese al sistema binominal- la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; y también lograría con seguridad el tercio del Senado. Ella elegiría de todas maneras un senador por región (13), siendo el total de senadores 35, por lo que un tercio correspondería a 12.
De tal manera que, dado el "error" de la dictadura de haber dejado la mayoría de los ámbitos económicos, sociales y culturales normados a través de leyes simples -solo la educación escolar y la minería quedaron impuestos a través de leyes orgánicas constitucionales que requerían quórum mayores para su modificación-; la Concertación, sin que se hubiese variado una coma del texto constitucional de 1980, estaba en condiciones de reformar profundamente, y tal como lo planteaba en su Programa, los sistemas sindical, laboral, previsional, de salud, etc.
Y aquí vino lo aparentemente inexplicable: El liderazgo de la Concertación aceptó propuestas de reformas constitucionales efectuadas por el propio gobierno de Pinochet que estipulaban mayoría absoluta en ambas cámaras para poder aprobar leyes simples. Es decir, ¡dicho liderazgo aceptó perder su mayoría parlamentaria!, porque era claro que era imposible que su mayoría popular efectiva se tradujera en mayoría senatorial, dado los nueve senadores designados. La adición de que seis regiones se dividirían para dar lugar -manteniendo el sistema binominal- a doce senadores más (38 electos, en lugar de 26), no afectaba el regalo anteriormente mencionado.
Y como en ese período todavía se necesitaba plebiscito para modificar la Constitución, aquel se realizó en julio de 1989, en el contexto de un "paquete" de 54 reformas cuya mayoría eran liberalizadoras, pero sin eliminar los principales "enclaves autoritarios" de la Carta Fundamental. Lo notable es que en el voto esas reformas no se especificaban; y que tampoco hizo mención de las que específicamente modificaban los artículos 65 y 68 la Declaración del 1 de junio que la Concertación entregó al país para justificar dicho paquete.
Es decir, ¡la Concertación ocultó al país su regalo de la mayoría parlamentaria; y lo sigue ocultando hasta el día de hoy! ¡Y los millones de adherentes a la Concertación que votaron por el Sí en aquel plebiscito lo hicieron sin saber que con ello estaban aprobando aquel regalo! ¡Y tanto ellos como el conjunto de la sociedad chilena lo sigue ignorando hasta el día de hoy, debido a que los grandes medios de comunicación que controlan lo que saben o no los chilenos no han querido, obviamente, informar de ello!
Hasta la fecha los líderes de la Concertación han callado absolutamente sobre la materia. Y ciertamente que no fue el temor lo que los llevó a efectuar lo anterior. El temor conduce a un actor político a utilizar su poder con extrema cautela respecto de sus adversarios; pero en ningún caso a cedérselo, ya que en este caso quedaría en situación mucho más vulnerable. Atribuirlo a un temor irracional que se hubiese apoderado de aquellos líderes en ese momento a efectuar modificaciones estructurales en la economía (recordemos que a mediados del 89 Pinochet ya no tenía ningún "piso", ni nacional ni internacional, para haber efectuado un golpe) tampoco es sostenible, ya que muy posteriormente Lagos y Bachelet no hicieron nada con su mayoría parlamentaria simple para aplicar los cambios económico-sociales prometidos en 1989.
De los líderes concertacionistas solo podemos sacar una deducción al respecto del libro de Edgardo Boeninger, "Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad". Allí Boeninger, a propósito de la convergencia entre el pensamiento económico de la derecha y del liderazgo concertacionista, señaló que aquella era "una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer" (Edit. Andrés Bello, 1997, p. 369)
Podemos deducir de ello que el haber tenido una mayoría parlamentaria habría sido tremendamente negativo para dicho liderazgo, ya que hubiera quedado en evidencia que aquel no quería llevar a cabo los cambios prometidos en el programa presidencial. A su vez, sin la mayoría quedaba en condiciones de argüir plausiblemente (como de hecho ocurrió) que no podía efectuar dichos cambios...
Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna explicación clara de lo que podríamos definir, sin exagerar, como una de las capitulaciones políticas más vergonzosas conocida hasta hoy en la historia de la humanidad
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (IV)
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno porque varios de sus miembros más destacados han hecho apologías de la obra económica, social y cultural de la dictadura de Pinochet, o han expresado públicamente sus deseos de llegar a extremos aún más neoliberales; sin suscitar siquiera alguna inquietud en el conjunto del conglomerado.
Así tenemos las casi increíbles aseveraciones del Ministro de Hacienda de Aylwin, Canciller de Bachelet y ex senador y presidente del PDC, Alejandro Foxley: "Pinochet... realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de incorporarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar -que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida". (Cosas; 5-5-2000)
A ellas podemos sumar la del Director de Comunicaciones de Aylwin, connotado intelectual del PPD e importante asesor de las campañas presidenciales de la Concertación, Eugenio Tironi: "La sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido... Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80... Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo". (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, 1999, pp. 36, 60 y 162)
En el plano de las ideas y propuestas para hacer más extremo aún el modelo neoliberal impuesto por la dictadura tenemos las expresiones del Ministro Secretario General de Gobierno de Frei Ruiz-Tagle y destacado intelectual del PPD, José Joaquín Brunner: "Hace rato que el Estado se volvió superfluo en el campo de la producción directa de bienes y servicios. La resistencia a privatizar sanitarias, puertos y empresas como Enami o ENAP, o incluso a revisar el estatuto empresarial de Codelco, son resabios del pasado y forman parte de un desfalleciente imaginario fiscal. Pero hay que aceptar, además, que la producción de bienes públicos esenciales como la educación y la salud admiten también esquemas de organización más variados -privados y comunales- que aquéllos hasta aquí ensayados". (La Tercera; 16-8-1998)
Asimismo, podemos ver las expresiones del Ministro Secretario General de Gobierno de Aylwin y uno de los dirigentes del PS artífices del proceso de transición, Enrique Correa, que postuló "el fin de tres grandes mitos con apariencias de dogmas intocables: que nuestra independencia depende de la propiedad estatal de Codelco; que la mayor equidad social depende solamente del mayor gasto público y, por ende, de mayores impuestos, y que podemos transformarnos en un país moderno sin profundizar y abrir nuestro mercado de capitales. Ha llegado el momento de discutir fórmulas que transformen muy profundamente a Codelco, combinando el interés fiscal con formas de participación privada en su propiedad cada vez mayores". (El Mercurio; 2-3-1999)
También podemos ver esa tendencia -aunque con la excepción para Codelco- del entonces Ministro de Hacienda de Lagos y dirigente del PPD, Nicolás Eyzaguirre: "En el mediano plazo la tendencia es que el Estado debería deshacerse de la mayoría de las empresas públicas. La única excepción es Codelco, que debiera seguir en manos del Estado". (Que Pasa; 2-9-2000)
Y, en términos más generales, se percibe lo mismo en las expresiones del entonces designado Ministro de Hacienda de Bachelet, el PPD Andrés Velasco: "El modelo (económico) ha funcionado muy bien, permitiendo crecimientos sostenidos y bajas en la pobreza. Es un modelo que concita el gran apoyo de la ciudadanía y por eso la Concertación ha sido reelecta. El compromiso es profundizar estas políticas" (La Segunda; 31-1-2006)
¿Qué distingue el pensamiento de estos connotados líderes de la Concertación respecto de los dirigentes propiamente de derecha de nuestro país? ¿Es posible argüir, con algún grado de verosimilitud, que fue el temor el que llevó al liderazgo de la Concertación a seguir desarrollando y profundizando el modelo impuesto por la dictadura? ¿Es razonable esperar que una Concertación conducida bajo estos parámetros no siga profundizando el neoliberalismo en el futuro?
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (V)
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno porque su obra y sus líderes han suscitado verdaderas apologías de diversos y connotados líderes intelectuales, empresariales y políticos de la derecha nacional e internacional. Una cosa ciertamente loable es generar el respeto de los adversarios políticos; pero otra muy distinta es generarles el reconocimiento de que se han transformado en partidarios de sus ideas.
Así, tenemos las expresiones de uno de los principales artífices de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, quien señaló en marzo de 2007 que "estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo". (El País, España; 14-3-2007)
Por otro lado, el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, a fines de 2005 señaló respecto de Lagos que "mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico) como acá (Chile)... porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo". (La Segunda; 14-10-2005)
A su vez, el destacado economista y empresario, César Barros, sostuvo con ocasión del término del gobierno de Lagos que "las alabanzas empresariales dejan pequeñas a las ‘declaraciones de amor' que le hiciera la cúpula empresarial finalizada la APEC. Un grupo de amigos empresarios, que denominaban a Don Ricardo ‘El Príncipe' (tanto por aquello de Maquiavelo como por ser el primer ciudadano de la República), han optado en llamarlo, de ahora en adelante, ‘Zar de todos los Chiles'... Antes de este gobierno, los empresarios repetían el padrenuestro del rol subsidiario del Estado... Y por lo tanto, un príncipe socialista solo podría hacernos daño. Pero el hombre, trabajando con cuidado y con inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos: y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiración". El mismo Barros comparó la actitud de Lagos con la del hijo pródigo de la parábola evangélica (Lucas 15; 11-32), efectuando una analogía del padre (Dios) con la derecha económica; del hijo mayor -que siempre se mantuvo derechamente apegado al padre- con la derecha política; y del hijo pródigo -el pecador arrepentido- con Lagos. Y concluyó señalando que cuando la derecha económica comprueba que la conversión de Lagos y sus ministros a las políticas liberales "es sincera y decidida, no quedaba más que hacer una gran fiesta: esta vez de discursos y de abrazos. Porque nos habíamos reencontrado con la izquierda en lo fundamental". (La Tercera; 11-3-2006)
Por su parte, el destacado dirigente de la UDI, Herman Chadwick, declaró que el gobierno de Lagos "fue muy bueno y que el ex presidente tiene una importancia a nivel mundial que no podemos desaprovechar". (El Mercurio; 21-3-2006) Asimismo, el destacado empresario y personalidad de derecha, Ricardo Claro, expresó que "Lagos es el único político en Chile con visión internacional, y está muy al día. No encuentro ningún otro en la derecha ni en la DC". (El Mercurio; 12-10-2008) Incluso, el ultraderechista Hermógenes Pérez de Arce planteó luego del fin del gobierno de Lagos que "la derecha... ha visto como el modelo de desarrollo económico social que ponen en práctica los sucesivos gobiernos concertacionistas se parece mucho más al que ella siempre prohijó que a los proyectos propios y originales de la izquierda (socialismo marxista-leninista) y de la DC (socialismo comunitario)". (El Mercurio; 19-3-2006)
Pero quizá el testimonio más elocuente a este respecto ha sido el del cientista político Oscar Godoy, quien al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por "la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico", respondió: "Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente cuando consigue la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho". (La Nación; 16-4-2006)
Frente a esta efusión de panegíricos a la obra de la Concertación, y particularmente a Ricardo Lagos, efectuados por tan connotadas personalidades de la derecha nacional e internacional, ¿podrá tener el liderazgo concertacionista alguna credibilidad para seguir presentándose como centroizquierdista?...
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (VI)
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno porque ha experimentado un giro copernicano en materia de política económica internacional, respecto de las políticas desarrolladas por los gobiernos de Frei y Allende.
Ambos gobiernos se comprometieron fuertemente en la búsqueda de la integración latinoamericana; en la lucha conjunta con muchos países en desarrollo por modificar el injusto sistema económico internacional; y en el intento por desarrollar una política exterior común de los principales países exportadores de cobre agrupados en el Comité Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC)
En cambio, los gobiernos de la Concertación han seguido la misma política económica internacional desarrollada por la dictadura de Pinochet, aunque evidentemente con mucho mayor éxito. La opuesta valoración que la comunidad internacional les confirió a ambos regímenes permitió la inmensa diferencia de resultados; pero el sentido de sus políticas fue análogo.
En efecto, desde sus inicios la dictadura desechó los esfuerzos de integración económica regional. Rápidamente se retiró del Pacto Andino cuyo principal gestor había sido el gobierno de Frei y que el gobierno de Allende había apoyado también vigorosamente. Incluso, intelectuales adherentes a la dictadura acuñaron la soberbia frase "Adiós América Latina". Y tampoco manifestó posteriormente algún interés integracionista.
Análogamente, los gobiernos de la Concertación no solo no manifestaron ningún deseo de volver al Pacto Andino, sino que además se negaron a aceptar las reiteradas invitaciones que los países del Mercosur les hicieron para integrarse como miembro pleno en dicho esquema de integración subregional. Se obsesionaron, en cambio, en efectuar un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos y -en general- en desarrollar este tipo de relaciones económicas con el máximo de países del mundo. Naturalmente que estos tratados -al ser Chile un país chico y subdesarrollado- contribuyen a perpetuar nuestro perfil de país exportador de materias primas o de bienes con escaso valor agregado.
Por otro lado, la dictadura abandonó la política exterior tradicional que Chile había desarrollado desde la creación de la ONU, de estimular una profunda modificación del sistema económico internacional en beneficio de los países en desarrollo. Estímulo que se tradujo incluso en la acogida de la sede permanente de la CEPAL en Santiago a comienzos de los 50; y en la celebración de la tercera reunión mundial de la UNCTAD en 1972 en nuestra ciudad capital.
Lo mismo han hecho los gobiernos de la Concertación que se han limitado a promover -y prácticamente de forma contradictoria con su énfasis bilateral- una disminución del proteccionismo agrícola de los países desarrollados en el marco de la OMC. Y que se han ufanado de constituirse en una suerte de alumnos aventajados de América Latina respecto de los criterios impulsados por los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) para los países en desarrollo: superávit fiscal; apertura arancelaria y financiera; beneficios extremos para la inversión extranjera; etc.
Por último, la dictadura retiró a Chile del CIPEC provocando su liquidación y se negó a seguir toda política exterior de defensa de los precios internacionales del cobre, pese a que la experiencia de la OPEP con el petróleo estaba demostrando la eficacia de la coordinación de los principales países exportadores de recursos vitales para la economía mundial.
Asimismo, los gobiernos de la Concertación no hicieron ningún intento para reactivar el CIPEC o para influir de cualquier manera en los precios internacionales del metal rojo. Es más, con su entusiasmo por acoger el máximo posible de inversión extranjera de las grandes empresas multinacionales del cobre -asegurándoles, de paso, los más extremos beneficios imaginables- nuestro país incrementó de modo gigantesco la exportación mundial del mineral, convirtiéndose así en el principal factor de la sobre-oferta que afectó a los mercados internacionales por muchos años, con el consiguiente desplome de los precios internacionales del cobre.
Doblemente lamentable fue el hecho que, al incurrir en esa miope política neoliberal, se rechazaran los llamados que con sabiduría y ahínco efectuó al final de sus días el egregio líder de la democracia cristiana y especialista en materias cupríferas, Radomiro Tomic. La tecnocracia concertacionista del cobre, en su converso entusiasmo neoliberal, rechazó con altanero desprecio las proféticas advertencias de Tomic, provocando para nuestro país la pérdida de miles de millones de dólares.
Todavía no se aprecia ninguna autocrítica del liderazgo concertacionista por haber logrado lo que la dictadura de Pinochet quiso infructuosamente: la conversión de nuestro país en el líder mundial -dentro de los países en desarrollo- de la prédica y la práctica del neoliberalismo en las relaciones económicas internacionales. Por el contrario, dicho liderazgo continúa ufanándose de haber colocado a Chile como "ejemplo" en ese sentido
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (VII)
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué abandonó completamente la tradicional posición de la centroizquierda chilena de buscar la nacionalización de nuestra principal riqueza básica: el cobre. De este modo, los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende lograron consecutivamente la chilenización y nacionalización de la gran minería del cobre. Incluso, a la aprobación de esta última concurrió con sus votos en el Congreso la derecha de la época, representada por el Partido Nacional.
Sin embargo, los gobiernos de la Concertación consolidaron y acentuaron los esfuerzos de la dictadura por revertir ese proceso. Recordemos que pese a que la Constitución del 80 estipuló que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas" (Art. 19, Nº 24); el régimen de Pinochet impuso una ley (orgánica constitucional) de concesiones mineras que abrió la posibilidad de su virtual privatización, a través de concesiones indefinidas ("plenas") a todo tipo de inversionistas. No obstante, dada la aflictiva situación internacional de dicho régimen, fueron muy escasas las inversiones que grupos económicos extranjeros efectuaron en la gran minería del cobre en ese período.
Es decir, ¡fue bajo los gobiernos concertacionistas que la gran minería del cobre se privatizó y extranjerizó en cerca de un 70%! Peor aún, el gobierno de Aylwin logró la aprobación de una nueva ley en 1992 (Nº 19.137) que permitió "concesionar activos no explotados por Codelco, lo que la propia dictadura había prohibido mediante la dictación del Decreto-Ley 1.167 en 1976". (Hugo Latorre.- La entrega incondicional del cobre; en Hugo Fazio y otros.- Gobierno de Lagos: Balance crítico; Edit. Lom, 2005; p. 32)
Agravó lo anterior la carencia de una política internacional de defensa de los precios internacionales del metal rojo ya mencionada (ver VI) y la escasísima recaudación de impuestos de los gobiernos concertacionistas a las grandes compañías extranjeras que explotan el 70% de la producción de nuestro cobre. En efecto, a través de diversos "resquicios legales" (uso de los precios de transferencia; pago de intereses a las casas matrices; venta en mercados de futuro del cobre y depreciación acelerada) dichas compañías redujeron artificialmente su retiro de utilidades; con lo que su pago de impuestos disminuyó a cifras irrisorias, afectando en decenas de miles de millones de dólares los ingresos del Estado chileno. Así, en la sola década de los 90 esas compañías pagaron en impuestos un promedio de 167 millones de dólares cada año, mientras que Codelco aportó al Fisco un promedio de 809 millones anuales, siendo que ya, a esa fecha, la minera estatal producía mucho menos cobre que las extranjeras. Más aún, de las empresas privadas, la Compañía Minera Escondida aportó el 96% de la tributación recibida por el Estado. Es decir, que el resto de las empresas no pagó prácticamente nada en impuestos. (Ver Latorre; pp. 34-5)
A su vez, la mal llamada ley de Royalty -ya que no se estableció sobre la base de que era un pago de derechos a un bien de propiedad del Estado-, aprobada durante el gobierno de Lagos, impuso en realidad un tributo a las grandes empresas más teórico que real ya que se dejaron vigentes los resquicios legales ya mencionados que permiten reducir artificialmente el reconocimiento de sus utilidades.
Por otro lado, dado que el marco legal de las inversiones extranjeras ha quedado tremendamente "amarrado" en los tratados bilaterales de libre comercio suscritos por Chile, "toda variación puede ser demandada por los inversionistas privados ante los tribunales internacionales". (Latorre; p. 40)
A todo lo anterior hay que agregar la inexistencia de una política nacional del cobre que promueva efectivamente la refinación y, sobre todo, la industrialización del metal rojo en nuestro país. Así, actualmente la mayoría del mineral exportado se efectúa bajo la modalidad de concentrados de cobre; y es prácticamente insignificante el desarrollo de industrias manufactureras de productos cuya materia prima básica la constituya nuestro principal recurso mineral.
Por último, los gobiernos concertacionistas tampoco han impulsado la formación de profesionales y técnicos especializados en la extracción, refinación e industrialización del cobre. Ni menos han promovido, con la alta prioridad que se merece, institutos de estudios sobre el cobre que permitan convertir a nuestro país en un centro avanzado de desarrollo científico y tecnológico en la materia.
¿No se dan cuenta los líderes concertacionistas que con sus políticas (o faltas de política) del cobre "echaron por la borda" décadas de laboriosos esfuerzos de la centroizquierda chilena por recuperar nuestra principal riqueza básica? ¿Cómo podrían estar de acuerdo con ello Eduardo Frei, Salvador Allende, Radomiro Tomic y tantos otros dirigentes políticos y sociales que convirtieron su recuperación en uno de los ejes fundamentales de su vida política? ¿Cómo explicaran a las generaciones futuras la pérdida de decenas de miles de millones de dólares en salud, educación, vivienda y trabajo?
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (VIII)
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué abandonó el tradicional proyecto de la centroizquierda chilena de buscar un efectivo desarrollo de nuestro país -siguiendo la senda de los países más adelantados del mundo- a través de un proceso de industrialización y de aplicación de mayor valor agregado a la producción nacional.
Es cierto que dicho proceso adoleció históricamente de serias deficiencias, debido especialmente a un excesivo y universal proteccionismo que favoreció la formación de oligopolios ineficientes; y, sobre todo, a la mantención hasta la década del 60 del siglo pasado de un sistema semifeudal de hacienda que reproducía una servidumbre y miseria atentatorios a un efectivo desarrollo económico y social del conjunto de la sociedad. Sin embargo, al persistir en el modelo ultraliberal impuesto por la dictadura, los gobiernos de la Concertación consolidaron el perfil productivo y exportador de materias primas con nulo o escaso valor agregado propio de economías subdesarrolladas y dependientes.
De este modo, dichos gobiernos abandonaron las propias propuestas del Programa de Gobierno de 1989 que señalaba que "el desarrollo del sector industrial constituye un área de especial atención del programa económico social. La experiencia internacional demuestra que no es posible lograr elevadas tasas de inversión y crecimiento económico sin una industrialización vigorosa. Para lograrla se requiere de una política industrial que oriente y fomente el desarrollo de este sector". Es más, aquel programa estipulaba que "existe una urgente necesidad de incorporar procesos productivos modernos en el área de la industria y servicios que nos permitan insertarnos en el proceso científico y tecnológico mundial y participar en mejor forma en el crecimiento del comercio mundial"; y que "la economía chilena debe adquirir nuevas ventajas comparativas que conformen una segunda fase del desarrollo exportador caracterizada por el avance hacia producciones con mayor valor agregado nacional".
El abandono de estas claras posturas programáticas lo reconoció Edgardo Boeninger en 1997: "En su expresión interna la política de integración a la economía mundial del gobierno de Aylwin se caracterizó por la continuidad del criterio de mantención de reglas no discriminatorias entre sectores y agentes, incluido el tratamiento nacional de la inversión extranjera, vale decir se optó por no identificar y ‘apostar' vía apoyo estatal a determinadas industrias presumiblemente ‘ganadoras' a futuro como lo habían hecho algunos países del sudeste asiático (Corea, Japón). Se consideró al mercado, la iniciativa e intuición empresariales para captar y aprovechar oportunidades como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos en un mundo de acelerado cambio tecnológico y de alteración de ventajas comparativas". (Boeninger.- Democracia en Chile; p. 502)
Los posteriores gobiernos concertacionistas no hicieron otra cosa que seguir con esta absolutización del mercado como "regla de oro", tanto respecto de sus políticas económicas nacionales e internacionales.
Así, nuestro país ha conservado durante aquellos gobiernos el mismo perfil exportador de materias primas propio de un país subdesarrollado. De acuerdo a la Cepal, las exportaciones de dichos bienes representaron en 1990 el 89,1% del total; y ¡en 2007, el 89,6%! (Ver Cepal.- Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe; 1998 y 2008) Esta cifra nos ubica entre los peores de la región, solo superados por Bolivia (91,9%), Belice (91,6%) y Nicaragua (90,2%); y muy lejos de Argentina (69%), Brasil (51,7%), Colombia (60,8%) y Uruguay (68,9%). Además, nos deja muy por detrás del promedio total de los países de la región (49,5%), así como de los países del Mercosur (56,4%).
Por otro lado, Chile ha seguido destinando una baja proporción de su producto nacional en investigación científico-tecnológica. De acuerdo a la UNESCO, nuestro país gastaba el 0,78% del PIB en ello en 1995; y ¡en 2004, el 0,67%! (Ver UNESCO.- Informe Mundial sobre la Ciencia; 1998; y www.bancomundial.org); lo cual sigue colocando al país muy lejos de los países desarrollados. Así, en los registros de la UNESCO de 2005 (en los que no figura con datos Chile), aparecen Canadá y Francia con 2,1%; Austria con 2,4%; Alemania con 2,5%; EE. UU. Con 2,6%; Corea del Sur con 3%; Japón con 3,3%; Finlandia con 3,5% y Suecia con 3,7%. Incluso los países de Europa oriental, que han sufrido severas crisis con sus ajustes económicos propios del post-comunismo, destinan proporciones del producto significativamente superiores a ciencia y tecnología: Hungría y Estonia, 0,9%; Ucrania y Croacia, 1%; Rusia, 1,1%; y República Checa, 1,4%.
Por cierto que todo lo anterior no impide que las grandes finanzas internacionales, los principales grupos económicos transnacionales y los medios de comunicación afines, coloquen a nuestro país como uno de los más "ejemplares" del mundo "en desarrollo". Es más, podríamos decir que -entre otras cosas- es debido a todo eso que nos hemos convertido en uno de los países más gratos para ellos. El punto es que aquello no representa para nada una política económica de centro-izquierda que tenga como prioridad básica los derechos e intereses de las grandes mayorías nacionales y el efectivo desarrollo de nuestro país.
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (IX)
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno porque abandonó una de las políticas económicas claves que definen a un liderazgo de centroizquierda: la búsqueda de mayor justicia en la distribución del ingreso. Particularmente en un país que luego de las políticas regresivas de la dictadura había quedado entre los peores del mundo en la materia.
Así, incluso cuando en la década de los 90 Chile experimentó una alta tasa de crecimiento económico, nuestro país continuó sufriendo una escandalosa desigualdad en la distribución del ingreso. En efecto, de acuerdo a la propia encuesta CASEN la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre aumentó, entre 1990 y 1996, de 12,9 a 13,8. (Ver Patricio Meller.- Pobreza y distribución del ingreso en Chile (Década de los noventa); en Paul Drake e Iván Jaksic (Compiladores).- El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa; Edic. Lom; 1999; p. 52). Además, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial de 1996 sobre la distribución del ingreso en 65 países en desarrollo, Chile quedó en el séptimo peor lugar, similar a países como Guatemala, Kenya y Sudáfrica, y siendo "superado" solo por Brasil en América Latina. (Ver Meller; p. 51) Y, lo que es todavía más sintomático, de acuerdo a un estudio del BID de 1998, al excluirse los ingresos del 10% más rico de la población, ¡Chile quedaba con una de las distribuciones de ingreso más equitativas del planeta! (Ver Meller; p. 53)
Durante la década pasada nuestra situación empeoró aun más. De este modo, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial de 2005 sobre 124 naciones, Chile ocupó el duodécimo peor lugar, compartiendo posiciones con Namibia y Suazilandia; y por debajo de países como Zimbawe, Bolivia, Zambia, Nigeria y Malawi. (Ver Marcel Claude.- El retorno de Fausto. Ricardo Lagos y la Concentración del Poder Económico; Edic. Política y Utopía, 2006; p. 146)
Además, los datos aportados por la encuesta Casen de 2006, en el sentido que la desigualdad en la distribución del ingreso habría disminuido significativamente en nuestro país, han sido reiteradamente denunciados como fruto de una gigantesca falsificación estadística, por los investigadores Marcel Claude y Juan Pablo Moreno; sin ser nunca desmentidos (Ver especialmente www.generacion80.cl, 25-7-2007 y El Ciudadano, N° 52, Diciembre, 2007; respectivamente)
La falsificación estaría demostrada, de acuerdo a ellos, por la enorme subestimación del ingreso total de los chilenos efectuada por la CASEN respecto de los datos del ingreso nacional aportados por el Banco Central. Aquella representaría ¡el 41% del ingreso nacional de acuerdo a Claude; y 35 mil millones de dólares de acuerdo a Moreno! Ello significaría una subestimación grosera de los niveles de ingreso del 10% de la población más rica de nuestro país.
Ya Marcel Claude estimaba que había una presentación totalmente distorsionada de los propios datos de la CASEN al exhibirlos como ingresos familiares y no per. cápita. Al tener mucho más hijos las familias más pobres, las diferencias reales entre los ingresos del 10% de las personas más ricas y pobres habrían quedado en 53, y no en 31 como lo presentaba la CASEN. Y ajustando los datos de la CASEN a los del Banco Central las diferencias reales entre los 10% más ricos y pobres subirían de 31 a 88 en el segundo caso; ¡y de 53 a 148 veces en el primero! Es decir, mostraría "a Chile como el país con la mayor desigualdad del planeta". (Claude; op. cit.)
Lo más sintomático, a este respecto, han sido las políticas de "autocensura" de los líderes concertacionistas y de los principales medios de comunicación respecto de las gravísimas denuncias efectuadas por ambos investigadores. En el caso específico de Juan Pablo Moreno, sus denuncias las efectuó incluso en un seminario de Chile XXI, ante la presencia de diversos dirigentes, profesionales y parlamentarios de la Concertación, los que no solo lo ignoraron completamente en el momento sino que han guardado hermético silencio hasta hoy. Asimismo, el notable interés demostrado por los numerosos periodistas que cubrían el seminario se estrelló con el también hermético silencio de sus respectivos medios. Y su publicación en El Ciudadano de Diciembre de 2007 le significó al entonces mensuario misteriosas desapariciones y ocultamientos en múltiples quioscos de la capital.
El hecho concreto es que para la generalidad de los chilenos son desconocidas aquellas gravísimas denuncias, que de ser ciertas (aunque fuera parcialmente) no solo significarían que los gobiernos concertacionistas han agravado escandalosamente la desigualdad e injusticia social en nuestro país; sino que además han logrado grados "orwellianos" del control de la información a que podemos aspirar los chilenos...
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (X)
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué consolidó la colusión que la dictadura efectuó entre el Estado y los grandes grupos económicos.
Recordemos que aquella efectuó diversos procesos de privatizaciones a vil precio de importantes empresas del Estado y donde muchas veces los encargados de llevar a cabo el proceso terminaban como accionistas o altos ejecutivos de las empresas privatizadas.
En su momento todo esto contó con la frontal oposición de la Concertación. Sin embargo, una vez en el gobierno ella hizo "borrón y cuenta nueva" al respecto.
Por otro lado, la dictadura estableció un sistema tributario que permite una fácil elusión y evasión de impuestos por parte de las grandes empresas privadas; el cual ha sido mantenido por los gobiernos concertacionistas. Particularmente grave ha sido esto -como se vio en VII- en el caso de las grandes empresas transnacionales del cobre, cuyas elusiones han significado la pérdida para el Estado chileno, durante los últimos veinte años, de decenas de miles de millones de dólares.
Asimismo, el alza de los impuestos lograda por el gobierno de Aylwin, en el caso de los impuestos directos a las empresas, "no lograría sino revertir la situación heredada al 11 de marzo de 1990 a los niveles existentes hasta fines de 1987" (Boeninger - Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 479). Y como además, el IVA fue subido desde el 16% al 18%, no aparece extraño que el propio Boeninger acogiera las conclusiones de Mario Marcel de que dicha "reforma fue relativamente neutral desde el punto de vista redistributivo" (Boeninger; p. 480). Y de que fuera alabada por Andrés Allamand: "Fue relativamente fácil acordar con el Gobierno los porcentajes del aumento una vez que se estableció que el IVA subiría a 18% (cosa que el programa de la Concertación no contemplaba). Los impuestos a las empresas volverían a calcularse sobre base devengada y subirían sólo del 10% al 15% (cifra muy inferior al promedio de todo el gobierno militar y al contemplado por el programa de la Concertación)". (Allamand - La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999; p. 243)
Además, la exigencia que entonces hizo el PS de que el incremento del IVA solo durara hasta 1993 "la propia Concertación lo olvidó"; pese a que como reconoce Allamand, "el IVA es un impuesto regresivo, ya que castiga a la población que destina virtualmente todo su ingreso a consumo" (Allamand; p. 244) Es más, a fines de su gobierno Lagos logró la subida del IVA al 19% por un año, lo que luego mantuvo indefinidamente Bachelet ¡con la oposición de la derecha política propiamente tal!
Del mismo modo, los gobiernos concertacionistas han continuado favoreciendo los privilegios de la banca privada. Recordemos que esta se vio prácticamente quebrada por la grave crisis económica de comienzos de los 80, siendo salvada por grandes subsidios que le entregó la dictadura. Estos privilegios fueron consagrados por un "generoso" acuerdo final alcanzado a comienzos de los 90 durante el gobierno de Aylwin. (Ver Ascanio Cavallo - La historia oculta de la transición; Edit. Grijalbo, 1998; pp. 305-12) Además, a poco de asumir Lagos su presidencia, el Banco del Estado le efectuó un multimillonario préstamo al Grupo Luksic para que este comprara el Banco de Chile. A tal punto se ha visto favorecido dicho sistema que incluso en años de escaso crecimiento de la economía chilena sus utilidades han seguido siendo gigantescas.
De forma análoga, la dictadura evitó en su fase final, a través de un conjunto de medidas preferenciales del Banco del Estado, las inminentes quiebras de los diarios El Mercurio y La Tercera, lo que fue avalado por el Poder Judicial a comienzos de los 90. (Ver Ken Dermota - Chile inédito. El periodismo bajo democracia; Edic. B, 2002; pp. 137-57 y 153-62) Y ambos diarios continuaron disfrutando de un tratamiento preferencial de los gobiernos concertacionistas en relación al avisaje estatal.
Más aún, la riqueza y el poder de los grandes grupos económicos se incrementaron sustancialmente en los últimos 20 años, al alero de las políticas de laissez faire seguidas consistentemente por los sucesivos gobiernos de la Concertación. Así por ejemplo, las 10 principales empresas privadas de la gran minería del cobre obtuvieron entre 2003 y 2006 utilidades por casi 30 mil millones de dólares, con una rentabilidad sobre su patrimonio de más de un 50%. (Ver Marcel Claude - El retorno de Fausto. Ricardo Lagos y la Concentración del Poder Económico; Edic. Política y Utopía, 2006; p. 68) Asimismo, las empresas de transporte aéreo, las AFP, las Isapre y las empresas de transporte marítimo obtuvieron rentabilidades superiores al 20% de su patrimonio en 2004 (Ver Claude; p. 68) Por otro lado, considerando los dos principales holdings del Grupo Luksic (Quiñenco y Antofagasta PLC) en 2005, ellas aportaron el 3% del PIB, y solo el 0,1% de los ingresos tributarios del Estado y el 0,4% del empleo (Ver Claude; p. 78). A su vez, el principal holding del Grupo Angelini (AntarChile) aportó en 2005 el 6% del PIB y el 1% de los ingresos tributarios (Ver Claude; p. 105). Y el aporte al PIB del Grupo Matte (empresas CMPC) fue de 2%, mientras que su participación en los ingresos tributarios fue de 0,2% y en el empleo de 0,1% (Ver Claude; p. 128)
En realidad, basta para el chileno común ver la fabulosa expansión experimentada en los últimos años por los oligopolios de las farmacias (Ahumada, Cruz Verde y Salco Brand); de los supermercados (D&S -Líder y Ekono-, Cencosud -Jumbo y Santa Isabel-, Unimark y Tottus); de las tiendas de departamento (Falabella, Almacenes Paris, Ripley y La Polar); y de las "ferreterías" (Homecenter y Easy) para constatar hasta qué extremos ha sido víctima de la concentración del poder económico en estos últimos decenios. Particularmente grave ha sido el caso de las farmacias donde se verificó una permanente colusión de precios.
En contraparte, hemos sido testigos de cómo una pléyade de dirigentes concertacionistas han pasado a formar parte de los directorios o de la plana mayor de las grandes empresas y de las instituciones rectoras del nuevo orden; o han ejercido una función de lobby en su favor. La naturalidad con que esto se ha asumido por la sociedad chilena nos demuestra hasta qué grado se ha verificado y consolidado el giro copernicano del liderazgo concertacionista.
LA CONCERTACIÓN DEBE EXPLICACIONES (XI)
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también al pueblo chileno por qué, junto con la colusión con los grandes grupos económicos y la corrupción ideológica propia de su giro copernicano, fue desarrollando crecientes manifestaciones de las formas más tradicionales de corrupción.
Estas se fueron revelando desde 1990, al aceptar la herencia de la dictadura de que los principales ministerios y la Comandancia en Jefe del Ejército dispusieran de gigantescos fondos del Estado para gastos reservados, sin tener que rendir cuenta a nadie de su utilización específica. Incluso, se ha considerado que buena parte de la irregular fortuna que adquirió Pinochet tuvo su origen en la apropiación de aquellos fondos como comandante en jefe del Ejército, luego de 1990.
Además, ya durante el gobierno de Aylwin comenzaron a surgir numerosas denuncias de irregularidades en el empleo de los fondos públicos. Recordemos los casos de la Onemi, del "desmalezado" de la ENAP, de la Digeder, del "davilazo" en Codelco y especialmente en el funcionamiento de las municipalidades, en cuyo caso la Contraloría General de la República investigó un total de 241 denuncias correspondientes al período 1993-94, las que en un 88% correspondían a alcaldías regidas por la Concertación (Ver Alfredo Rehren.- Clientelismo político, corrupción y ética en la nueva democracia chilena; en Paul Drake e Iván Jaksic (Compiladores).- El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa; Edic. Lom, 1999; p. 468) Por cierto, en la medida que iban desapareciendo los medios de comunicación más críticos del modelo durante la década de los 90 y en que se iba consolidando el virtual cogobierno Concertación-Derecha ("la democracia de los acuerdos") tanto las gigantescas formas de corrupción desarrolladas bajo la dictadura, como las crecientes del nuevo régimen fueron perdiendo relevancia en el debate público.
Sin embargo, el malestar por aquellas fue creciendo en los personeros más críticos de la Concertación e, incluso, se manifestó en algunas iniciativas globales -que tuvieron más efectismo que eficacia- como la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública en abril de 1994. Particularmente dicha preocupación se fue expresando respecto de los cuadros de los partidos de la Concertación. Así, en un seminario efectuado por el PDC sobre el tema en 1996 se concluyó que entre los factores éticos que restringían la "revitalización" del partido estaban "la existencia de fracciones internas apoyadas en intereses personales, utilización del poder y beneficios electorales" que tenían como consecuencia "el involucramiento de militantes en algunos casos de corrupción". (Rehren; p. 478)
A su vez, la Comisión de Ética del PPD concluyó en 1998 que el faccionalismo en su interior tenía "como consecuencia ‘prácticas electorales altamente irregulares cuando no directamente corruptas' ", lo que generaba que "los principales dirigentes y grupos internos han tendido a rodearse de ayudantes, que con frecuencia son ‘operadores', financiados o no, que conforman pequeñas burocracias, que manejan de hecho buena parte de la vida partidaria... negociando las plantillas, e involucrándose en fraudes y demás anomalías", y que "salvo excepciones, las transgresiones a la probidad y la ética quedan en la más plena impunidad, lo que hace pensar a más de alguno que todo está permitido". La Comisión terminaba señalando que "es inocultable que el PPD presenta graves problemas relativos a la observancia de los principios de ética democrática". (Rehren; p. 478)
A fines de la década de los 90 y luego del 2000, las denuncias de corrupción fueron cada vez mayores, afectando a múltiples empresas y reparticiones públicas como Esval, Empremar, Emporchi, Enacar, Junaeb, Injuv, Indap, Chile-Deportes, Dipreca, el Hospital Militar, Ferrocarriles, etc. Pero sin duda que la más grave fue la concerniente al Ministerio de Obras Públicas (MOP-GATE), la que redundó en un suicidio y en que casi "descalabró" al gobierno de Lagos, el que finalmente fue "salvado" por un acuerdo político con la UDI. Particular gravedad tuvieron también en la década pasada los diversos casos judicialmente comprobados de utilización de los Programas de Generación de Empleos (PGE) para financiar candidaturas a parlamentarios de la Concertación en la Quinta Región.
Pero quizá lo que más llama la atención es la completa indolencia del liderazgo concertacionista frente a denuncias de corrupción o -al menos- de graves irregularidades que involucraron millones de dólares o que significaron el aprovechamiento indebido de víctimas de la tortura. Fueron los casos de la indolencia ante la denuncia de la Premio Nacional de Periodismo, Patricia Verdugo (Rocinante; N° 47, Septiembre de 2002), de que el gobierno de Lagos, por sí y ante sí, determinó conferirle los bienes del diario Clarín -en términos de nueve millones de dólares- a determinadas personas, en circunstancia que la definición sobre quién era el legítimo poseedor de dichos bienes estaba pendiente de una resolución de un tribunal internacional, el que posteriormente ¡falló en la práctica en contra de dicha decisión! De la indolencia frente a la denuncia de la también Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monckeberg (El negocio de las universidades en Chile; Edit. Random House Mondadori, Santiago, 2007; p. 117), de que el "imperio" educacional de Gerardo Rocha fue favorecido por un crédito de la Corfo -proveniente del BID- dirigido a las PYME ¡de siete millones y medio de dólares! Y de la indolencia ante la denuncia efectuada por la misma María Olivia Monckeberg (op. cit.; pp. 250-65) de que la Universidad UNIACC se aprovechó de las personas torturadas beneficiarias de las "becas Valech" al impartirles cursos -financiados por el Estado- que no cumplían con la finalidad expresa de la ley de permitirles completar su educación superior.
Todo tiende a confirmar la apreciación del expresidente del PPD y de la Cámara de Diputados, Jorge Schaulsohn, de que el liderazgo de la Concertación se fue poco a poco sumiendo en una "ideología de la corrupción"...
